Asturias inicia «la década del campo»

Junto a los representantes del Principado, también estuvieron presentes la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez; el presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, Belarmino Fernández; además de la Delegación del Gobierno en Asturias, de la Universidad de Oviedo, las cooperativas agroalimentarias, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), de la Federación de Cofradías de Pescadores y de las organizaciones agrarias URA, UCA, Usaga y Coag.

Los únicos que hablaron del encuentro fueron, precisamente, los portavoces de las organizaciones agrarias. Desde URA, la flamante ganadora de las elecciones al Consejo Agrario, que preside con un 47,91% de los votos, fue el abogado Juan Galán quién expresó tanto su apoyo «a todo lo que suponga trabajar a favor del sector», como sus dudas: «Si la Mesa no llega con presupuestos y calendario, será un brindes al sol. Estamos muy acostumbrados a hojas de ruta que, finalmente, no se llevan a cabo».

Galán lanzó, además, un aviso a navegantes. «Nos han dicho que esta Mesa solo hablará de presupuestos, que no contempla la transversalidad del medio rural. Es decir, no se tratarán los problemas de vivienda, de atención sanitaria, educativa y social que tienen los habitantes de las zonas rurales asturianas, ya que se entiende que eso se trata en la Mesa de Concertación». Una mesa en la que, recordó Galán, «nosotros o estamos, ya que solo están los sindicatos UGT y CC OO, así como la Fade».

Por su parte, los portavoces de Coag y Asaja, Mercedes Cruzado y Ramón Artime, recuerdan que el organismo recién creado «llega porque en octubre de 2023 lo pedimos nosotros». Entienden que el retraso en su puesta en marcha se debe «a que los intereses políticos se anteponen a los intereses generales», con lo que «perdemos los de siempre».

Han recordado que Asturias es, sobre todo, una región rural «que ocupamos el 84% del territorio» y esperan que la Mesa del Pacto recién estrenada sirva para incluir propuestas como «una nueva PAC, en la que las ayudas lleguen, preferentemente, a los agricultores», así como «la puesta en valor de nuestros productos» y garantizar «el relevo generacional y nuevas incorporaciones».

Todo sin olvidar «apoyar a los que siguen en activo», con «un reconocimiento de la actividad agraria», una mejor información «al consumidor desde la infancia» y, claro, «un plan del lobo» y acabar «con la excesiva y lenta burocracia».

Con la vista puesta en septiembre, cuando la Mesa del Pacto por el Medio Rural tendrá su primera reunión, tras la constituyente, y con 2030 como plazo límite para desarrollar las propuestas que de ella emanen, el consejero aseguró que el organismo «quiere ser una herramienta de concertación social y política», para definir «una estrategia común y estable para afrontar los principales retos del campo y del sector agroganadero».

Con un borrador en ciernes que será mejorado y consensuado con el sector, «porque el acuerdo es necesario, aunque suponga orillar alguna cuestión», Marcelino Marcos tiene claros los desafíos a los que se enfrenta el sector: «El relevo generacional, la mejora de los servicios públicos, la creación de empleo, el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial».

Sin querer desvelar plazos y presupuesto, sí dejó claro que «todas las propuestas deben estar aplicadas antes de 2030», unas propuestas que, confirmó, marcarán, también, «los presupuestos de la consejería para los próximos años».