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La deuda pública ni se crea ni se destruye, solo cambia de manos. Para cumplir su pacto con ERC y Junts, el Gobierno central pedirá ... permiso al Congreso para que la Administración General del Estado asuma 83.254 millones de préstamos concedidos a las administraciones autonómicas. Lo que el contribuyente iba a acabar pagando con impuestos autonómicas, lo abonará en tributos estatales, en función de su renta y la progresividad fiscal del momento. La fórmula aplicada por la ministra María Jesús Montero para repartir esa quita asegura alivios para todos los gobiernos autonómicos, pero con unas asimetrías que a los socialistas asturianos costará justificar. En la Junta General IU-Convocatoria apoyó este miércoles la posición fijada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, de aceptar la mutualización de la deuda, mientras que la diputada independiente, Covadonga Tomé, le ve ventajas pero también muestra recelos.
«Humillación», «traición», «seguidismo de Pedro Sánchez», fueron algunos de los calificativos que desde PP, Vox y Foro dedicaron al presidente. Quien llegó más lejos ayer fue el presidente de los populares, Álvaro Queipo, al acusar a Barbón de «traicionar a Asturias».
La quita a favor de la que ayer votó el Principado «incumple de forma directa lo que firmamos la mayoría de grupos en 2020, un acuerdo que yo creía que seguía vigente», indicó Queipo. Se refería así al pacto suscrito en la Junta General por todos los partidos salvo Vox y que fijaba las condiciones mínimas para una reforma del sistema de financiación autonómica y una condonación de la deuda.
Aquel acuerdo considera que «debe analizarse una posible reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas con la administración central para impedir que el pago futuro de dicha deuda afecte negativamente a la prestación de los servicios públicos». La frase apunta así a la deuda que se tiene con la administración central a través del Fondo de Financiación a las Comunidades (FLA), cuando la operación actual incluye subrogarse créditos que los Ejecutivos regionales tienen también con los bancos.
Al margen de ese matiz, el pacto de la Junta de 2020 añade la quita «ha de ser ajena a la propia reforma del sistema y ha de hacerse de forma igualitaria para todos los territorios y sin penalizar a las comunidades con una gestión presupuestaria más responsable». A juicio de Queipo eso fue lo que ayer Barbón «ha traicionado, ha hecho saltar por los aires el acuerdo que teníamos y lo ha hecho de manera unilateral, sin una negociación con el resto de comunidades y el Estado, solo para aceptar el planteamiento que hizo la ministra de forma unilateral».
Sostuvo Queipo que la operación que impulsa el Ejecutivo central «no es igualitaria; si nos fijamos la quita a un catalán es de 2.284 euros, mientras a un asturiano es de 1.369, es decir, la quita a un catalán es un 60% superior y esto es un ataque directo a Asturias», afirmó. «Cualquier predecesor de Barbón no habría aceptado esto, aún siendo socialistas, habrían dicho que es injusto», aseguró.
El líder de los populares concedió que «los sucesivos gobiernos asturianos han hecho una gestión responsable de la deuda, entre otros motivos porque eran incapaces de ejecutar lo presupuestado y no sabían qué hacer con el dinero».
Mutualizar la deuda supondría «pagar la deuda de las comunidades que no supieron gestionar». Entre ellas mencionó a Cataluña: «El independentismo gastó entorno a mil millones en lo que llamó proceso de construcción nacional, y eso es lo que ahora vamos a pagar los asturianos». Queipo concluyó que «Asturias necesita un presidente y hace mucho que no lo tenemos».
Su acusación fue respondida por el secretario de organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, para quien es «el PP de Asturias abandona el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica por la incomodidad que le supone ante la beligerancia de sus jefes de Madrid. Para nosotros está plenamente vigente».
Por su parte la portavoz del grupo socialista, Dolores Carcedo, defendió la quita como una «apuesta real por el Estado autonómico», en la idea de que la gestión de la crisis que hizo el PP de Mariano Rajoy fue lo que habría obligado a las comunidades a endeudarse para mantener los servicios públicos.
Aquí «cada asturiano tendrá que asumir casi 200 euros más de deuda para beneficiar a Pedro Sánchez», opuso Carolina López, desde Vox. «Asturias sale perjudicada por haber tenido un comportamiento ortodoxo y no haber dejado desbocarse su deuda», abundó Adrián Pumares, de Foro.
Xabel Vegas, de IU-Convocatoria, centró el dardo en el PP, al manifestar que en las comunidades que gobierna su oposición «no responde a la los intereses de la ciudadanía o los territorios, es por partidismo».
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