Fade advierte al Principado de que el gasto social y la plantilla no pueden crecer «de forma indefinida»

El borrador de cuentas «está orientado al gasto corriente, con un crecimiento del 6,1% en el gasto de personal, que acumula así un incremento de casi el 20% desde 2019», previno María Calvo, presidenta de la Federación asturiana de empresarios (Fade). «Este es un tipo de gasto que por razones políticas y jurídicas es muy rígido y no solo compromete al ejercicio de 2025», razonó. Según recordó en 2019 a Salud se le dedicaban 1.744 millones y el próximo llegará hasta los 2.446, un incremento del 40%. En ese periodo los esfuerzos en Educación se han expandido un 36%. Frente a la envergadura de esos incrementos «el gasto productivo apenas crece un 0,6% en 2025. Estamos ante una estructura presupuestaria que no puede persistir de forma indefinida», consideró.

Calvo recordó cómo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) viene previniendo a las comunidades autónomas de que los ingresos extraordinarios que ahora tienen por el Plan de Recuperación y la recaudación extra que llega por la inflación están llamados a desaparecer. A ello se suma el regreso de las reglas fiscales que obligan a controlar el déficit. «Es esencial que cuando llegue la reducción de ingresos, que llegará, no nos quedemos sin margen para la inversión», reclamó la presidenta de la Fade, quien mostró su «decepción» al respecto: «No hace ni tres meses que firmamos el acuerdo de concertación en el que se nos comprometió una inversión mínima en carreteras y puertos, y ese compromiso se ha diluido».

La presidenta de la Fade reconoció que las cuentas en principio «sacan del hoyo» a las inversiones, pero puso en duda que el Ejecutivo autonómico cumpla lo que promete en esta parte de los presupuestos. «Celebro que se incluyan 1.066 millones para gastos de capital, pero debo valorarlos sobre la realidad conocida», dijo, antes de recordar que el último año cerrado, 2023, solo se ejecutaron la mitad de los gastos de capital presupuestados. «No sirve de nada pintar números que luego no van a realizarse», criticó. «Tenemos el problema añadido de que muchos fondos europeos se distribuyen favoreciendo a las comunidades autónomas que mejor los están ejecutando, con lo que, si solo ejecutamos la mitad, estamos perdiendo muchas oportunidades de generación de riqueza y empleo».

La tercera pata de su crítica tiene que ver con la fiscalidad. Según recordó desde 2022 las cuentas autonómicas se sostienen en un incremento del 35% de los ingresos tributarios, «y dentro de ellos del 47% sobre los impuestos directos. El tramo autonómico del IRPF crece un 51%, pasando de los 1.093 millones a los 1.600 y no es necesario decir que ni nuestra renta ni nuestros contribuyentes han crecido de esa manera».

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, incidió en esa idea al destacar que el presupuesto autonómico propuesto «supera el 25% del PIB asturiano, lo que da una idea de su alto impacto, más si se tiene en cuenta el origen de esos fondos que se detraen de las familias y empresas». «Estamos entre las primeras comunidades en reparto de riqueza pero entre las últimas en generación de la misma», aseveró. «Tenemos problemas estructurales y si no se aprovecha ahora que hay buenos ingresos fiscales para abordarlos, ¿qué pasará cuando no los haya?», manifestó. A su juicio la distribución de los recursos que se viene realizando supone «pan para hoy y hambre para mañana. ¿Quién ha inspirado estos presupuestos, la cigarra o la hormiga?». Ferreira recordó que parte de la economía asturiana se basa en disponer de una de las pensiones medias más altas del país y, teniendo en cuenta que esos ingresos están llamados a minorar consideró «inestable que nuestro sistema de protección sea el que más recursos consuma».

Por parte de los ayuntamientos habló la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (Facc), Cecilia Pérez, con un diagnóstico que trajo novedades en materia de residuos. Tal y como desveló EL COMERCIO, el Principado está sacando un beneficio económico de los ayuntamientos a cuenta del vertedero. Desde el año 2023 los consistorios pagan un impuesto de 40 euros por cada tonelada que acaba en el basurero central de Cogersa, dinero que luego la Agencia Tributaria entrega al Principado, dándole manos libres para su uso. En el primer ejercicio del tributo los ayuntamientos se vieron en la obligación de hacer frente a 13,66 millones por este impuesto, mientras que el Gobierno asturiano les entregó ayudas en materia de residuos por importe de 9,9 millones. La previsión del presupuesto de 2025 apunta a que el Ejecutivo autonómico sacaría un beneficio todavía mayor.

«Proponemos que la totalidad de los ingresos del impuesto reviertan directamente a los ayuntamientos mediante ayudas y subvenciones que permitan mejorar la eficiencia en la gestión de los residuos», reclamó la presidenta de la Facc. Se trataría en esencia de cumplir la promesa que hizo el propio Principado en 2022, cuando dijo que «reintegraría» a los ayuntamientos el dinero que le llegara gracias al nuevo impuesto. «Esas ayudas o subvenciones deben ser complementarias a las existentes», reclamó. Se trata de un asunto sobre el cual el PP viene haciendo bandera en las últimas semanas.