Incendios en Asturias

El Principado se abre a recuperar el veto al pastoreo en los terrenos quemados

El presidente del Principado, Adrián Barbón, anticipó ayer «una revisión de la Ley Forestal de Asturias, urgente. Va a ser de lo primero que tenga conocimiento la Junta General cuando reinicie su actividad». Las llamas «han puesto en riesgo centenares de vidas y pueblos concretos, por lo que la defensa de la vida y de los pueblos pasa a ser la prioridad absoluta y así se tiene que definir lógicamente en la legislación».

Barbón dijo abrirse «a que se haga un análisis riguroso sobre los acotamientos que se eliminaron en 2017, recuerdo perfectamente que fue una propuesta del PP». Aquello tuvo un contexto político más amplio.

El asunto se remonta a 2015, cuando la Ley de Montes estatal cambió. Hasta ese momento establecía que tras un incendio se impedía «aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración, y, en particular, el pastoreo»; la reforma eliminó esta última referencia. Aprovechando la modificación los populares asturianos, con el entonces diputado Luis Venta al frente, propusieron en la Junta General actualizar la normativa asturiana. Argumentaba que acotar durante años toda finca quemada criminalizaba a los ganaderos y les exponía a multas.

Se produjo una situación extraña. El Grupo Socialista en la Junta avalaba la iniciativa, mientras que la consejera socialista de Medio Rural, María Jesús Álvarez, presentaba informes en contra. Su resistencia contó con el apoyo de la Federación asturiana de concejos (Facc), CC OO, el Colegio Profesional de Técnicos Forestales y la Universidad.

Finalmente la Junta General aprobó dejar de acotar las parcelas calcinadas salvo en zonas boscosas; el cambio tuvo el apoyo de todos los partidos salvo Podemos.

«Hay que examinarlo. Nos lo piden muchos colectivos, es una de las cosas en las que más insisten los agentes del Medio Natural y los bomberos», asumió Barbón. «Hay una parte de alcaldes y vecinos que creen que los acotamientos eran útiles», abundó.

Estimó que el 50% de los montes son privados «y habrá que plantearse cómo podemos obligar a aquellos propietarios de montes que están completamente abandonados a que los limpien». El nuevo plan forestal ha quedado en suspenso para adaptarse a los cambios que se quiere introducir a la ley.

Barbón concretó que las ayudas tendrán tres líneas preferentes: para reparar los daños, reforestar y «proteger los pueblos» extendiendo el proyecto aplicado en el Alto Narcea-Muniellos. La consejera de Presidencia, Rita Camblor, se reunió ayer con los alcaldes y la Delegación del Gobierno para desglosar las opciones. Según dijo, su departamento creará un fondo «extraordinario de solvencia municipal» para ayudas a los consistorios a reparar depósitos, fibra óptica, saneamiento y otras infraestructuras. Medio Rural tramitará los daños ganaderos, agrícolas y forestales.

El Ministerio del Interior dará dinero por viviendas y equipamientos dañados que cumplan una serie de condiciones y el de Política Territorial también hará una aportación cuando se declare a Asturias zona catastrófica.