El Principado se expone a una multa de la UE de 25 millones por incumplir los objetivos de reciclaje

¿Cuál es la realidad? Ningún país de la UE alcanzó los parámetros fijados para el 2020, lo que ha obligado a la Comisión Europa a remitir cartas de emplazamiento a todos los gobiernos nacionales, el pasado abril. Es un primer paso que da cierto margen de explicación, negociación y promesas de enmendarse. El procedimiento será lento, pero con la normativa comunitaria en la mano, quienes más lejos estén de llegar a los estándares europeos se exponen a tener que lidiar con importantes sanciones coercitivas.

La semana pasada Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se reunió con alcaldes asturianos, la gerente de Cogersa, Paz Orviz y la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí. A todos les previno sobre el tema: «Estamos en una situación mala o muy mala en la gestión de los residuos».

Con los datos de 2022, los últimos validados por el ministerio, el promedio nacional anda en el 43%, con cinco comunidades que ya someten la mitad de los desperdicios de los ciudadanos a los procesos que están considerados como preparación para la reutilización y el reciclado: La Rioja (68,4%), Cataluña (62%), Comunidad Valenciana (60%), Extremadura (56%) y Navarra (54%). Asturias era la penúltima de la lista, con un 25%, solo por encima de Galicia (24%).

«Hemos hecho un ejercicio de cuánto nos tocaría pagar si nos impusieran una sanción», indicó la subdirectora general. La referencia para el cálculo fueron las multas a tanto alzado y coercitivas que ya impuso en su momento el Tribunal de Justicia de la UE contra el Reino de España en 2018 por incumplir la directiva de aguas. Entonces la sanción a tanto alzado fue de 12 millones, con otra más de 10,9 cada seis meses en tanto no corrigiera la situación. La mayor parte de esa condena se debía a no tener activada la depuradora del Pisón, diseñada para tratar las aguas residuales de 161.800 ciudadanos de la zona este de Gijón.

«Hemos valorado cuál es la situación de cada comunidad respecto a los objetivos marcados de preparación y reciclado, qué distancia le queda a cada uno para cumplir», expuso. «Las cifras que tenemos para Asturias son que le tocaría una multa a tanto alzado de 1,5 millones y otra coercitiva cada seis meses de 1,4 millones», reveló. «Si tenemos en cuenta que entre 2020 y 2023 mejoró tres puntos porcentuales, hasta que se llegue a cumplir serían 25 millones de sanción», estimó.

«Esa es la cuenta; estamos en una situación en la que no nos podemos permitir no adoptar decisiones, esas multas serán repercutidas a la ciudadanía de una u otra manera», subrayó la representante del ministerio. La consejera Nieves Roqueñí la presentó como «la persona que más sabe» en la materia, con «una trayectoria larga» y le atribuyó ser en buena parte la responsable de la última Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada en 2022.

Según indicó Margarita Ruiz Saiz-Aja, «buena parte» de ese texto lo que hace es recoger las recomendaciones que hizo Bruselas, en un informe de 2018: «Tiene un sistema de alerta temprana y ya nos dijo que estábamos en riesgo de incumplir los objetivos». La ley amplió los residuos que deben contar con su sistema de recogida separada, fijó calendarios e introdujo una novedad competencial, en vistas de las sanciones que pueden llegar.

La Comisión multa a los gobiernos nacionales y la responsabilidad sobre los residuos es municipal. Es decir, hasta ahora las comunidades eran un eslabón que coordinaba, pero sin una obligación muy específica. La norma establece como novedad que son las comunidades autónomas las que deben encargarse en su territorio de que se cumpla con los objetivos de la UE. ¿Por qué se hizo? «Para facilitar que si hay un procedimiento sancionador se puedan repercutir dichas sanciones a las comunidades autónomas», reconoció la subdirectora general.