El Principado tramita el cobro de nueve rescates de montaña

El Principado de Asturias contempla desde el año 2010 la posibilidad de cobrar una tasa por rescates y asistencias a quienes, por imprudencia o irresponsabilidad manifiesta, pongan en peligro innecesariamente a las personas que intervienen en un rescate. También a los que no atiendan los boletines o partes de avisos de alerta o de predicción de meteorología adversa, los que se introduzcan en zonas señaladas como peligrosas o en aquellas de acceso restringido, o los que no lleven equipamiento adecuado para realizar la actividad.

En estos momentos, el Gobierno regional está tramitando hasta nueve expedientes de cobro por rescates de montaña llevados a cabo por el Servicio de Emergencias (SEPA) a lo largo de 2018 por un monto cercano a 42.000 euros. Según informaron desde el SEPA a Europa Press, el año pasado se llevaron a cabo un total de 91 rescates de montaña. De los nueve sobre los que se está tramitando expediente para el posible cobro de tasas a los rescatados implicados, en todos ellos intervino el helicóptero medicalizado.

El número de rescates de montaña realizados el pasado ejercicio fue muy superior al llevado a cabo en 2017, cuando se practicaron un total de 50 rescates. En ese año solo se tramitaron dos expedientes por un valor de cerca de 10.000 euros. En 2016 habían sido ocho los expedientes a practicantes de actividades clasificadas como de riesgo.

El cobro de los rescates no ha estado exento de polémica en la región. Incluso fue llevado a los tribunales por un escalador rescatado por el helicóptero del SEPA en octubre de 2016, cuando sufrió una fractura mientras hacía una de las vías del picu Urriellu, y al que el Principado le pedía 5.960 euros por la intervención. La sentencia rechazó todos sus argumentos y concluyó que el cobro de la tasa por el rescate es perfectamente legal.