La Junta propone crear reservas de bienes sanitarios y una tasa verde ante nuevas pandemias
La Cámara pide un cambio en el modelo residencial, más inversión en Atención Primaria y reagrupar los colegios según la demanda
La Junta General considera que debe favorecerse la producción propia en Asturias de productos y bienes sanitarios estratégicos, además de contar con un fondo ... de reserva de este tipo de material para estar suficientemente preparados en caso de nuevos brotes de coronavirus y futuras pandemias. Pero también entiende que es necesario cambiar el modelo residencial que existe en la actualidad en los equipamientos geriátricos, apostando por uno de carácter humanista «que coloque a las personas en el centro de la actividad asistencial». Advierte de la necesidad de incrementar la inversión en Atención Primaria e, incluso, plantea mejorar el reparto y asignación de los centros y plazas docentes, impulsando la creación donde aumente la demanda de escolarización y agrupando centros y plazas «en busca de una mejor eficiencia en la asignación de los recursos educativos». También propone, de cara a nuevas pandemias, estudiar la implantación de una tasa verde en aquellos lugares de especial protección paisajística.
Se trata solo de una pequeña pincelada de las 187 recomendaciones del dictamen definitivo de la comisión de estudio sobre la gestión de la crisis sanitaria de la covid-19, constituía en la Cámara asturiana tras la primera ola de contagios con el objetivo de establecer una estrategia a seguir en caso de nuevas olas. El retraso acumulado en su tramitación hizo, sin embargo, que el dictamen fuera ratificado por el Pleno la semana pasada, a las puertas de una previsible cuarta ola. No obstante, los grupos que participaron en su redacción entienden que sus recomendaciones siguen siendo útiles de cara a nuevos rebrotes y futuras pandemias.
El dictamen no estuvo exento de polémica, tanto por su retraso como por su contenido, que PP y Vox consideran un «mero lavado de cara» de la gestión socialista de la pandemia. Además, el documento inicial, que llevaba la firma de Ciudadanos, por ser esta formación la que presidía la comisión, recibió numerosas alegaciones por parte del resto de los grupos. Un trámite que utilizaron PSOE, Podemos e IU para matizar toda referencia en relación a la colaboración de la sanidad público-privada. Si bien la formación naranja proponía crear un convenio de colaboración en el que quedaran cuantificados cada uno de los gastos, finalmente las fuerza de la izquierda minimizaron al máximo este tipo de colaboración a una «mejor coordinación» para garantizar, solo «si fuera preciso», la respuesta ante futuros escenarios de crisis sanitarias.
Algunas de las 187 recomendaciones
En materia de gestión:
Fondo de reserva: material sanitario estratégico dotado de equipos de EPI, mascarillas, desinfectantes, camas de ucis, respiradores automáticos...
Emergencia autonómica: desarrollar una normativa que permita dar cobertura a nuevas crisis sanitarias.
Atención primaria: aumentar de forma progresiva su dotación presupuestaria e incrementar su personal.
Sistema de salud público-privado: mejorar la coordinación con el objetivo de garantizar, si fuera preciso, la respuesta ante futuros escenarios de crisis sanitarias. También la eventual colaboración con laboratorios privados, si la capacidad de los públicos así lo requiere.
Mejorar la coordinación: entre los centros de salud y los centros sociosanitarios.
En materia de atención hospitalaria y áreas sanitarias:
Teleconsulta: fomentar su utilización, pero respetando el criterio médico y la libertad de elección del paciente.
Nuevos patrones arquitectónicos: creando edificios polivalentes y aptos para el doble circuito para no paralizar la atención primaria ante una crisis.
Personal sanitario: mejorar las condiciones, impidiendo la escasez de efectivos en algunos puntos esenciales, reduciendo la temporalidad y la precariedad, asegurando la reposición y la ampliación de plazas donde haya carencias.
En materia de residencias y centros sociosanitarios:
Entorno doméstico: impulsar la máxima permanencia de los mayores en su entorno, apostando por la ayuda domiciliaria, teleasistencia, apoyo a familias o voluntariado...
Derecho a sanidad pública: garantizar a todas las personas mayores el derecho a la sanidad pública, a la atención primaria y, en su caso, a la hospitalización.
Reforma del modelo residencial: apostando por uno de carácter humanista que coloque a las personas en el centro de la actividad asistencial.
Habitaciones individuales: asegurar normativamente un porcentaje de habitaciones individuales en residencias que garanticen la intimidad.
Nuevos modelos de convivencia: apostar por viviendas compartidas, tuteladas, colaborativas...
En materia de educación:
Enseñanza presencial: apostar por la enseñanza presencial en todos los niveles educativos.
Enseñanza a distancia: profundizar en los programas de enseñanza a distancia como alternativa para situaciones de confinamiento.
Brecha digital: disminución de la brecha digital para que toda la comunidad educativa cuente con los medios necesarios.
Agrupación de centros: mejorar el reparto y asignación de los centros docentes, impulsando la creación donde aumente la demanda de escolarización y agrupando centros en busca de una mejor eficiencia de los recursos educativos.
En materia de impacto económico:
Producción propia: favorecer la producción propia y el almacenamiento de productos y bienes sanitarios estratégicos.
Apoyo económico: reforzar las medidas de apoyo hacia los sectores más afectados.
Banda ancha: desplegar el acceso de internet en todo el territorio rural.
Tasa verde: estudiar su implantación en aquellos lugares de especial protección.
Desestacionalización turística: regulando los flujos para evitar la masificación.
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