Sanidad suprimirá el copago farmacéutico a «los pensionistas más vulnerables»

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, junto a Patxi López tras comparecer en comisión en el Congreso. / EFE
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, junto a Patxi López tras comparecer en comisión en el Congreso. / EFE

Las personas al cuidado de dependientes podrán volver a cotizar en la Seguridad Social desde finales de este año

DANIEL ROLDÁN MADRID.

El nuevo Gobierno pretende terminar con algunas de las medidas más polémicas aplicadas por el anterior Ejecutivo de Rajoy tras su victoria electoral del 2011. Una de ellas fue la ampliación del copago farmacéutico, esto es, la asunción de parte del coste de las medicinas recetadas por los médicos del sistema público. En julio de 2012, más de un millón de asturianos pasaron de la noche a la mañana a pagar más por sus fármacos.

Por un lado, los trabajadores en activo vieron cómo el porcentaje de la factura farmacéutica al que debían hacer frente se elevaba del 40% a entre el 50% y el 60%, según su nivel de renta. Pero además desde ese año el copago también se extendió a los pensionistas, que hasta entonces disfrutaban de gratuidad. En Asturias, la medida afectó a cerca de 300.000 personas. Solo un mínimo porcentaje de la población, menos del 3%, se mantuvo exenta de pagar. En concreto, los perceptores de pensiones no contributivas y rentas de inserción social y los parados que hayan agotado su subsidio. Ayer, durante una comparecencia en el Congreso, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, reiteró el anuncio que ya había hecho al tomar posesión de su cargo. El copago se eliminará «durante esta legislatura» y los primeros beneficiarios serán «los pensionistas más vulnerables».

Hoy, quien percibe una pensión inferior a 18.000 euros al año paga al mes un máximo de 8,26 euros al mes por sus medicinas. Hasta 100.000 euros, el tope del copago está en 18 euros y por encima de esa renta, en 60 euros. «Expertos en economía de la salud han recordado que el copago cargó sobre las familias gastos sanitarios públicos sin disuadir del consumo y ha contribuido a elevar las desigualdades», argumentó la ministra. «Aumentar la adherencia a los tratamientos es invertir en salud, significa reducir descompensaciones en las enfermedades y, por tanto, mejorar la salud», añadió Montón. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ya alertó que la eliminación del copago supondría un gasto de 400 millones más para las comunidades autónomas.

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Montón también presentó la respuesta del nuevo Gobierno al endurecimiento que sufrió durante la etapa del PP el acceso a las ayudas a la dependencia. La ministra se comprometió a que los cuidadores no profesionales, en su mayoría mujeres familiares, vuelvan a cotizar con cargo al presupuesto público en la Seguridad Social. Un cambio que se producirá en el último trimestre del año. «El 90% de las cuidadoras familiares no profesionales son mujeres y han sido ellas las principales perjudicadas por esas medidas», recalcó la ministra, que cifró en unos 180.000 los cuidadores que se van a ver beneficiados por esta decisión. Además, indicó que en los Presupuestos de 2019 y 2020 se atenderá «de manera prioritaria» a la recuperación de la financiación del nivel mínimo de dependencia fijado con anterioridad al recorte del PP en 2012.

Estas y otras medidas, expuso Montón, responden a la «filosofía de recuperación de derechos, rescate de personas y transformación del sistema sanitario y social». Incluyó en ese lote la próxima revocación del real decreto 16/2012, que acababa con la universalidad de la sanidad en España. «Es necesario desligar la cobertura del concepto de asegurado y vincularla a la condición de ciudadanía o de residencia», señaló. El cambio afectará a 280.000 personas, aunque, como recordó el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, «16 comunidades autónomas ya estaban atendiendo a todas las personas».

La ministra también anunció un plan de choque con cinco millones de euros para atender a los menores con más necesidades y prometió remitir al Congreso en 2019 el proyecto de ley contra la violencia en la infancia. Anunció además que su departamento dará luz verde al reglamento de adopción internacional, en el que se habrá un listado único para todo el Estado. Ahora cada comunidad va por libre.

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