La tupida red que cuida a la infancia en Asturias

Sindicatos y grupos políticos de la oposición han señalado, en los últimos meses, los agujeros de esa red de la que dependen, en estos momentos, 416 menores asturianos. Uno de los jirones más importantes se abrió tras el anuncio de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de convertir a la titulación de educador social en la única permitida para trabajar en los centros en los que viven los menores a los que tutela la Administración. El enfado de los profesionales sirvió para conocer la falta de personal y la necesidad de llevar a cabo mejoras en el mantenimiento de los centros.

No fue menor el enfado de los proveedores. Los adjudicatarios de la provisión de alimentos y productos básicos para los centros de menores no lograban cobrar en tiempo y forma sus facturas. El retraso de los pagos llegó a acumular una deuda desde 2023 que puso en jaque al sistema de protección a la infancia en los primeros meses de 2025.

Ante todas las críticas, la consejera, Marta del Arco, anteriormente directora general de Infancia y, durante toda su vida profesional, miembro de la red asturiana de protección a la infancia, ha mantenido la misma posición: la red funciona, aunque todo en la vida, siempre es susceptible de mejora.

Así ha vuelto a hacerlo en un rosario de respuestas por escrito a preguntas de Vox. Le preguntaba la diputada Sara Álvarez Rouco por las medidas de seguridad en los centros, sobre las plazas y sobre el personal. Marta del Arco ha garantizado que hay «una adecuada dotación de medios», que existe «un protocolo de control de agresiones», además de que la plantilla cobra «un plus de peligrosidad» y de que hay «seguridad en el centro Los Pilares y en Miraflores». Unas respuestas que sirven para más.

Por ejemplo, para hacer una completa radiografía de la red que conforma el sistema de protección a la infancia en Asturias. En números gruesos, 422 plazas distribuidas en ocho centros públicos y diecinueve privados. Ocupadas por 416 menores que son atendidos por casi 700 profesionales. Aquí la red privada supera a la pública: 361 profesionales frente a 325. Una diferencia que también se nota en las categorías laborales. En la red pública prima la de 'educador', con 188 personas en plantilla. En la privada, la de auxiliar de educador, con 144.

Un desbaste de las cifras permite una visión más nítida del sistema de protección. Seis de cada diez menores tutelados en Asturias vive en un centro privado. La Administración regional tiene concierto con seis entidades sin ánimo de lucro: Fundación Cruz de los Ángeles, Hogar de San José, Madre Isabel Larrañaga, Trama, Accem y Diagrama. De ellas, es la primera la que más plazas aglutina, 120, y la que cuenta con el centro privado de mayor capacidad: Cayés, en Llanera, donde pueden vivir hasta 30 menores. El mismo tamaño que tiene el mayor centro público: Los Pilares, en Oviedo, en pleno proceso de reforma cuenta, también, con 30 plazas.

El nuevo perfil del menor que necesita tutela, un adolescente con problemas de conducta, ha variado la oferta de plazas. Solo existe una unidad de emergencia para menores de tres años, la unidad de Bienestar en el Fundoma y que cuenta con doce plazas. Hay once ocupadas.

Son las ONGs las que ofrecen más plazas especializadas. Mientras la red pública cuenta la citada unidad para bebés y un centro para menores con problemas de conducta, Miraflores, con diez plazas, en la privada se cuida, también, a menores con diversidad funcional y a migrantes. Y se prepara para la vida independiente al cumplir 18 años.

Así, para socialización dispone Cruz de los Ángeles 45 plazas (Fresneda y Cayés), que suma otras 24 para diversidad funcional. De los migrantes se ocupan Trama, Accem y Diagrama, con 89 plazas, mientras que del apoyo a la vida independiente se hacen cargo el Hogar de San José y Madre Isabel Larrañaga, con veinte plazas entre ambas. Ahora mismo, solo hay seis plazas libres. Pero no hay «sobreocupación» dice Del Arco. Cada mes hay entradas y salidas de menores de la red adulta creada para cuidarles.