Siete de cada diez jueces y fiscales en Asturias se sumó a la huelga

La primera cuenta del rosario de problemas judiciales, la huelga, ha tenido un alto seguimiento. A falta de datos por comunidades autónomas, lo cierto es que en Asturias comunicaron su decisión de hacer huelga un tercio de los 158 jueces y 52 fiscales de la región. «Pero hay otros muchos que no lo han comunicado», explicó Enrique Valdés-Solís, de la Asociación de Fiscales. La cifra más barajada ayer era de un seguimiento del 75%, aunque, por ejemplo, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el magistrado Fernando Ruiz Llorente apunta que «tres de cada cuatro jueces y fiscales que hoy tenían que haber acudido a trabajar han ejercido su derecho de huelga atendiendo los servicios mínimos con plena normalidad». Unos servicios mínimos de cuyo cumplimiento da fe Valdés-Solís: «Yo estaba de servicios mínimos y tuve dos juicios, que se desarrollaron con normalidad», explicó.

Ambos explicaron que, precisamente, al tratarse de un mes vacacional, «porque se tiende a creer que las vacaciones judiciales son en agosto, pero no es cierto, en agosto también hay juicios que atender», aclaró Valdés-Solís, «hay muchos compañeros de vacaciones que, si estuvieran trabajando, también harían huelga. Por ejemplo, yo estoy hoy al frente de los cuatro juzgados de lo Social de Gijón», enumeró Ruiz Llorente.

La falta de datos oficiales se debe a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no considera convocada la huelga, por entender que carece de base legal, y no hará recuento. Decisión a la que se sumó la Fiscalía General del Estado, que tampoco ofrecerá cifras.

Mucho más claro que los números exactos de una huelga que se mantendrá hasta el 3 de julio (están convocadas tres jornadas, del 1 al 3 de julio) tienen ambos las razones de la protesta. «Esta no es una huelga política», ni, tampoco, «es una huelga para pedir más salario o más dotación, sino en contra de una norma que perjudica a la independencia judicial». Una independencia que ven cuestionada tanto los jueces como los fiscales, aunque en las quejas de los primeros haya una cuestión que los segundos no comparten. »Quieren dejar la instrucción en manos de los fiscales y no nos parece coherente, puesto que el Ministerio Fiscal no es un órgano independiente«, sostiene Fernando Ruiz Llorente. Sin embargo, para Enrique Valdés-Solís, los fiscales »estamos perfectamente capacitados para asumir la instrucción o la investigación«, algo que ya se hace »en menores y en corrupción«. Lo que reclaman los fiscales de esa nueva atribución es que »el Fiscal General del Estado no pueda condicionar a quién se investiga o a quién no«.

Los jueces suman a este problema, la cesión de la instrucción a la Fiscalía, el nuevo acceso a la carrera judicial. En respuesta a la advertencia de la Unión Europea a España, para que frene la alta interinidad en el empleo público, la ley que prepara el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuyo apellido ha sido utilizado para bautizar la nueva norma como Ley Bolaños, ofrece un 'atajo' para convertirse en juez. Ya no será necesaria una oposición ni el paso por la Escuela Judicial, sino que servirán cinco años de antigüedad en la carrera y una entrevista. «Es una vía privilegiada que se salta la Escuela Judicial y la oposición que hemos hecho todos», argumenta Fernando Ruiz Llorente. El símil que encuentra para explicar el cambio que propone el Gobierno es «como si, ahora, tras acabar la carrera de Medicina no hiciera falta el MIR».

Por ese motivo, insistió en desterrar «el mantra de que es una huelga política o que queremos tumbar al Gobierno, nada de eso». No discute «la falta de jueces, pero que lo hagan convocado oposiciones». Como él opina Paloma Martínez Cimadevilla, de la Asociación Profesional de la Magistratura. «El motivo de la huelga es la reforma que pretende llevar a cabo el Gobierno de la carrera judicial, además de otros puntos, como la composición de la composición de la ética judicial».

Explica la magistrada que «respecto al acceso, el problema radica en que rebajan muchísimo las exigencias para llegar a ser juez o magistrado, posibilitando que lleguen a ese puesto personas que no han cumplido con las exigencias que el resto han tenido que cumplir. Y que son las garantías de todos los ciudadanos de que un juez profesional e independiente pueda ejercer la función jurisdiccional». Entiende ella que «el proceso que se pretende instaurar es subjetivo no de carácter objetivo que es de lo que se trata siempre en esta clase de procesos de superación de pruebas para acceder a la carrera judicial».

La huelga está convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Este paro es el sexto convocado por los jueces, tras las de 2009, en la que se pidió más personal y sueldo; la de 2013, contra las reformas del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; las dos de 2018 (en mayo y en octubre), además de la convocada, pero no materializada, de 2023.

Y mientras los juzgados asturianos, como todos los del país, funcionaban a medio gas lastrados por la huelga de jueces y fiscales, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dio cuenta de que trece partidos judiciales asturianos, los nueve de Juzgado único hasta ahora, más Lena, Grado, Laviana y Siero se han transformado en Tribunales de Instancia.

«En lo que compete al TSJA, se ha informado previamente a todos sus titulares de las recomendaciones dictadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a este respecto y la Sala de Gobierno ha aprobado en sucesivas reuniones la adecuación de las normas de reparto, así como el régimen de sustituciones».

Las mismas fuentes explicaron que, «desde la Sala de Gobierno, con el presidente a la cabeza, se ha venido trabajando intensamente en la habilitación de mecanismos de relación entre el tribunal y la oficina judicial tendentes a la unificación de criterios que funcionarían organizativamente de manera colegiada, pero funcionalmente unipersonal, evitando así el aislamiento de la figura del juez o magistrado ante el despliegue de la nueva oficina judicial, en el que deber seguir siendo una figura primordial».

Además, «los jueces decanos tendrán un papel muy relevante en este despliegue, pues se convierten por elección en presidentes del tribunal de instancia en los partidos judiciales que hasta ahora tenían más de un juzgado. Desde el TSJA se ha estado, se está y se estará en constante comunicación con cada uno de los jueces y magistrados de los nuevos Tribunales de Instancia para poner en común el desarrollo de las competencias que la ley atribuye a los mismos».