«La Universidad debe formar más sanitarios, es un problema de Estado»

-¿En qué ha cambiado la Junta General respecto a la que usted vivió en los años 80 y 90?

-Quizás el ambiente está más radicalizado. Los grupos entonces no tenían una actitud tan beligerante y radical como las opciones de extrema derecha e izquierda que han emergido.

-¿Diría que ha bajado el nivel?

-Si pienso en responsabilidad, política de Estado y visión de futuro, seguramente sí.

-¿Por qué han tenido que pasar dos años para que el presidente del Principado se entreviste con la líder de la oposición?

-Espero que suponga un punto y a parte. Estos encuentros deberían normalizarse. Tenemos una relación personal fluida, pero en estos meses la líder de la oposición reclamaba una cierta exclusividad en el tratamiento del presidente del Principado que no era posible ni razonable. Tenemos 20 diputados, un acuerdo estable con IU que sube a 22 y nos deja a uno de la mayoría absoluta. En fin, hay otros grupos como Cs y Podemos.

-A la vuelta del verano el Parlamento debatirá la oficialidad del asturiano. ¿Es de los que en la FSA votaron a favor, en contra, o no votaron?

-No participé en ese congreso y mi visión no es distinta a la del presidente. Parafraseando a Víctor Manuel, pediría que no hagamos del bable un problema porque no lo hay. El bable esta aquí y, por tanto, normalicémoslo.

-¿Usted lo habla?

-Como muchos asturianos, hablo castellano con los giros correspondientes al ámbito en el que nací. No el bable académico.

-Hay quien dice que la Administración que pilota ahora mismo restringe el derecho de los hablantes en asturiano.

-No lo comparto, pero si alguien tiene esa sensación, debemos darle respuesta y eso pasa por el concepto que acuñó el presidente de la 'oficialidad amable', que significa que nadie se sienta excluido por ser castellanohablante o por hablar el bable.

-En los próximos diez años se jubilarán 13.286 empleados del Principado. En los procesos para buscarles relevo, ¿se debería primar a quien hable asturiano?

-No participo de esa idea. No creo que el bable deba ser un elemento que perturbe el acceso a la función pública, que puntúe. Otra cosa es que en ámbitos concretos que están por definir sea necesario y se pida manejarlo correctamente. Pero con carácter general, ni mucho menos.

-La mayor parte de las jubilaciones serán en el Servicio de Salud, 6.960 profesionales. ¿Preocupa al Principado?

-Pues sí. El reto es proveernos de ese relevo en plazos adecuados.

-Ya tienen dificultad para hacerlo. ¿Hay que pagarles más?

-Las comunidades ya competimos en materia fiscal y otras tantas y no podemos entrar en otra guerra. Eso no hace país y yo estoy radicalmente en contra de ello. El problema de la falta de profesionales de la salud revela una falta de planificación universitaria y de los poderes públicos, a nivel estatal.

-¿En qué sentido?

-Hay una asimetría que tenemos que corregir entre lo que la Universidad produce y lo que la sociedad demanda. Con esas barreras para entrar y plazas tan reducidas ha habido una inadecuación de la oferta formativa. Es algo que hay que corregir.

-La Universidad debe formar más profesionales sanitarios.

-Sin ninguna duda. Hay una pirámide de edad y una demanda sanitaria que se puede planificar y la Universidad debería estar con ello. Este es un problema de Estado, no solo asturiano.

-¿En qué otras carreras percibe ese desajuste?

-Los empresarios lo han puesto de manifiesto en el sector naval, el metal en general, algunas ingenierías, como la de Datos...

-¿También hay que ampliar las plazas en esas carreras?

-Sin ningún género de dudas.

-Dice que la jubilación masiva permite reclutar nuevos perfiles. Que el Principado no tiene un solo ingeniero de datos. ¿Qué otros profesionales precisa?

-La Inspección General de Servicios tiene como gran objetivo de este año hacer una auditoría de cuáles son las áreas más cargadas y precisar qué necesitamos. Puse el ejemplo del ingeniero de datos, pero hay más.

-¿Cuáles?

-La Administración está en una situación de mucha precariedad en lo que es todo el mundo digital. Necesitamos ingenieros de datos, de telecomunicaciones, analistas. Es nuestra gran asignatura pendiente y parte de los problemas de agilidad administrativa que tenemos tienen que ver con ello.

-Dijo que la salida de tanto personal «desestabilizaría» el funcionamiento de la Administración.

-Se solapan en el tiempo varios procesos, no solo las jubilaciones. Estamos con un concurso de traslados que era necesario, y con otro de méritos que se había retrasado y que afectará a casi 1.500 personas que son jefes de servicio, negociado y demás. Es decir, el 50% de los encargados de la gestión van a cambiar de puesto y eso puede causar una desestabilización puntual. Esperemos que todo esto no afecte de forma severa a la gestión. A eso se suma la problemática de los interinos.

-¿Con cuántos interinos empezó el año y cuántos seguirán?

-Empezamos con unos 18.000 y si somos capaces de ejecutar lo que tenemos en la cabeza la legislatura acabaría con la mitad.

-La Junta le pidió que paralizara los procesos de selección.

-Es un tema complejísimo. Tenemos jurisprudencia comunitaria lanzando mensajes de preocupación por la alta tasa de temporalidad. Tenemos jueces en España y Asturias con posición al respecto. Afecta a miles de personas y trabajamos con los ministerios porque hay que legislar para que los gestores y los jueces tengan seguridad jurídica.

-¿En qué sentido?

-La clave de bóveda es que el Ministerio de Hacienda flexibilice bastante la tasa de estabilidad para meter plazas suficientes en las ofertas públicas de empleo y rebajar así la interinidad.

-¿Qué alternativa darán a los interinos que saldrán?

-La legislación inminente que en esta materia se promulgara a nivel estatal y autonómico procurará procesos de estabilización intensos en el corto y medio plazo. Puede que a pesar de todo se produzca algún daño colateral inevitable. Intentaremos minimizarlos y probablemente indemnizar y procurar el establecimiento de bolsas. Me preocupan especialmente aquellos interinos que llevan muchos años de interinidad y tienen una edad próxima a la jubilación. Intentaremos que no se vean sometidos a procesos de selección.

-Para el resto se abrirá un proceso extraordinario de estabilización. ¿Hasta dónde se lo pondrán más fácil?

-Vamos a implementar procesos en formato de concurso oposición, con incorporación de pruebas sencillas al tiempo que simplificaremos las mismas, llevando hasta el 40% la ponderación de la fase de concurso primando el tiempo de dedicación que, en cada caso, el interino haya estado prestando servicios a la Administración. En muchos supuestos iremos a una prueba única y en procesos que requieran más pruebas procuramos unificarlas en el tiempo.

-¿Hay quien se ha aprovechado de este tema generando falsas expectativas?

-Entiendo al interino que lleva muchos años y no tiene una carrera profesional por delante, y asumo que ha sido culpa de la Administración. Pero hay grupos políticos y sindicatos que han hecho una bandera, a veces regalando fácilmente el oído a quien quería escuchar determinadas cosas. Ha sido un aprovechamiento en clave de táctica política y sindical. Es parte de la vida.

-Cierro el capítulo de función pública. El ministro Miquel Iceta quiere que las siguientes sean oposiciones 'light', más rápidas, menos memorísticas...

-Estamos sacando ofertas públicas de empleo y cuando provees la plaza han pasado tres o cuatro años. Eso no sucede en el mundo real y es ineficaz. Hay que hacer un gran debate. Pero el ministro dice que hay demasiadas pruebas memorísticas y yo matizo que hay profesiones donde lo memorístico es relevante.

-Acaba de sacar del horno su primera ley, una 'ley ómnibus'.

-Sí y escucho que con ella comienza la reforma de la Administración pero no es verdad. No hay un minuto cero, comenzó con todo lo que hemos hablado y debe ser un proceso continuo. Las empresas se auditan constantemente para ganar en eficacia y nosotros debemos hacerlo también.

-¿Cuantas leyes deroga o modifica esta norma?

-Al menos media docena. Afronta aspectos relevantes para el ciudadano común. En el área ambiental hace cambios en las autorizaciones de negocios. En lo urbanístico iremos a la declaración responsable y la eliminación de licencia en algunos casos. Muchos ciudadanos tienen demasiadas dificultades en sus tramitaciones con Patrimonio y ahí también aligeramos...

-¿Qué es lo que más va a notar el ciudadano?

-La tramitación de obras que son menores, pero muy frecuentes, se va a agilizar bastante.

-Ponga ejemplos. ¿Qué tarda mucho ahora y dejará de hacerlo?

-Las obras que colisionan con bienes de interés cultural, reformas de viviendas y negocios se aligeran bastante con la figura de la declaración responsable.

-La declaración parece la varita mágica que lo arregla todo, pero se teme que genere inseguridad jurídica, que uno haga una obra y después el funcionario mande echarla atrás.

-La piden los empresarios pero es verdad que hay que dosificarla. La Administración no hace revisión 'ex ante', pero se reserva la capacidad de una investigación posterior. No podemos aceptar situaciones por una declaración fallida o engañosa. Hay que buscar el punto de equilibrio.

-También fijan plazos máximos que si no se cumplen dan lugar a silencio positivo, pero para casos muy concretos.

-Sí, el silencio positivo consolida situaciones y debe ser muy restrictivo. No hay derecho comparado donde impere.

-La siguiente norma que hará es la Ley de Calidad Ambiental que vuelca en los ayuntamientos parte de los expedientes que ahora tramita su consejería.

-Somos la única comunidad con el Reglamento de Actividades Molestas, el Raminp de 1961, vigente. A la consejería llegan expedientes para evaluar una tienda de ropa, una sidrería, un despacho en una villa... Todo eso pasa por evaluación ambiental del Principado y no puede ser. No tiene utilidad, nos colapsa. El ciudadano espera meses por una respuesta que casi siempre es positiva. No es que devolvamos esto al ayuntamiento, es que se queda allí la potestad de dar licencia. Nos reservamos la evaluación de industrias, pero una tienda de ropa de señora de Luarca no tendría que seguir viniendo aquí.

-Idepa, SRP y Sodeco tienen funciones similares. ¿La reforma de la Administración no debe pasar por simplificar entes?

-Estamos en permanente revisión del sector público. Acabamos de integrar a la consejería la Junta de Saneamiento y lo haremos con más instrumentos, pero contra el mantra instalado, hay que decir que nuestro sector público es el más chico de España, es de mínimos. No hay exceso.

-¿Cuándo funcionará la regasificadora?

-Le hemos dedicado muchas horas y recursos a desbloquear tras doce años la autorización ambiental. En las próximas semanas habrá la autorización sustantiva para un negocio que está pactado que sea de logística de gas a corto plazo e hidrógeno en el futuro.

-¿Funcionará el año que viene?

-Sin duda.

-¿En qué punto está la búsqueda de socio para Duro Felguera?

-No se puede publicitar hasta que esté consolidado, pero habrá un inversor o inversores con toda seguridad.

-¿Cuántos millones de inversión anunciará Pedro Sánchez?

-Las inversiones las anuncian las empresas, pero si me habla de Arcelor, llevamos meses trabajando y habrá buenas noticias.