Israel, condenada por genocidio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo

Siete estudiantes de Derecho (la mayoría, de segundo curso), han simulado hoy el proceso judicial ante dicho tribunal. Era la culminación del proyecto de la Clínica Jurídica de la facultad, en colaboración con el Centro de Estudios de Derecho Internacional de la Cruz Roja, un proyecto que arrancó en octubre de 2023 para fomentar el aprendizaje en el ámbito del Derecho Internacional Público. Los estudiantes, como ha quedado demostrado hoy, tienen la oportunidad de profundizar en el análisis de casos reales.

Y eso es lo que han hecho en los últimos meses Leyre Sánchez, Silvia Nanclares, Jimena Iannicelli, Lucía Fernández, Manuel Fernández, Claudia Muñiz y José María Manent, bajo la supervisión de la profesora Concepción Escobar Hernández, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UNED y directora del CEDIH y de Beatriz Vázquez Rodríguez, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oviedo, han investigado a fondo el conflicto de Gaza, las consecuencias, la legislación internacional y la jurisprudencia de la corte.

Leyre y Silvia han simulado ser las defensoras de la demanda real que Sudáfrica ha presentado ante ese tribunal. Claudia y José María han defendido a Israel. Y Jimena, Manuel y Lucía han ejercido de tribunal de la Corte (esta última como presidenta).

Durante casi dos horas se ha tratado de dirimir si, desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, Israel ha infringido la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1951 y ratificada por los dos Estados que hoy se enfrentaban en este peculiar tribunal.

La Convención considera genocidio un listado de actos «perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso». Y esa es la cuestión: que hay que probar que haya intención de destruir al grupo, más allá de los actos violentos propios de un conflicto bélico o incluso de los crímenes de guerra, que son juzgados por otro tribunal.

Las dos representantes de Sudáfrica han tratado de demostrar todo lo que recoge el capítulo 2 de la Convención sobre qué es un genocidio: matar miembros del grupo; causar graves daños físicos o mentales a los miembros del grupo; someter intencionadamente al grupo a condiciones de vida destinadas a causar su destrucción física, total o parcial; imponer medidas destinadas a impedir el nacimiento de niños dentro del grupo y trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo.

Con más de 50.000 muertos en Gaza desde octubre de 2023; más de 25.000 toneladas de explosivos utilizadas; una reducción drástica de la ayuda humanitaria permitida; graves daños psicológicos en la población, especialmente entre los niños; un edificio afectado cada 17 metros... las demandantes han logrado que la corte, por unanimidad, haya concluido por unanimidad que Israel es «culpable de cometer genocidio», tras dar por buenas las pruebas sobre las muertes del grupo, los graves daños físicos y mentales y el sometimiento a condiciones de vida destinadas a causar su destrucción. No ha habido acuerdo sobre la acusación de medidas destinadas a impedir el nacimiento de daños ni sobre si los líderes políticos de Israel están animando a la población a cometer genocidio. Además, la corte ha instado al Estado a legislar sobre el genocidio, algo que Israel no ha hecho hasta ahora, y a hacer lo posible para llevar ante la justicia a los máximos responsables del genocidio.

Los defensores de Israel habían tratado de demostrar que todo lo explicado forma parte de la «política de seguridad nacional de un Estado en un conflicto armado», es más, que lo que está haciendo el país es una «defensa legítima en un conflicto contra un grupo terrorista«. Han hablado de medidas »proporcionales«, de »control estratégico« de los suministros, de »estándares estrictos« en los interrogatorios... »Defenderse de una amenaza terrorista no es un genocidio«, han insistido. Pero la Corte no lo ha visto así.

Al término del juicio, sonoros aplausos. Tanto las dos tutoras como la directora de la Clínica Jurídica, Isabel Rodríguez-Uría, han felicitado a los estudiantes y han asegurado que se han superado todas las expectativas. «Es la prueba del éxito de la Clínica», ha defendido su directora.