«Vamos a tener unos 30 parques de baterías, son necesarias, pero tienen sus riesgos»

–¿Cuál es su ideología?

–En mi trabajo básicamente la funcionarial, desarrollar desde el punto de vista técnico los proyectos de quien gobierna.

–No siempre vota al jefe, vaya.

–No, de hecho he tenido tantos que sería imposible.

–¿Cómo le expica a su hijo de 13 años qué es lo que hace?

–Dice que me dedico a hablar por teléfono... Básicamente estoy haciendo una Ley del Suelo e intento ordenar actividades que han generado polémica como los eólicos, las baterías y las directrices comerciales.

–Las baterías, ¿son peligrosas o necesarias?

–Las dos cosas. Son necesarias, un elemento importantísimo en la descarbonización y el desarrollo de las renovables, y dan estabilidad a la red. Pero como actividad industrial tienen peligros inherentes como los de una fábrica de coches o de pinturas.

–No vemos manifestaciones contra fábricas de pinturas...

–Es que hemos tenido en muy poco tiempo una avalancha descontrolada, entraron empresas que quisieron ponerlas incluso en núcleos rurales. Eso generó alarma social. En cuanto empiecen a instalarse las primeras y se vea que tienen unas medidas de seguridad, que se les deben exigir, y funcionan, se calmará. La reacción social y lo que hemos anunciado ha ayudado también a que las empresas reaccionen. Los dos parques ya autorizados se planteaban en zona rural pero ahora van a suelo industrial.

–Anunciaron una moratoria que impida seguir tramitándolas en suelo rural. ¿Cuándo estará?

–Estamos haciendo el informe de las 26 alegaciones recibidas y luego mandaremos el decreto al Consejo Consultivo. Calculo que esté aprobado a finales de marzo.

–Se hicieron 170 propuestas de parques de baterías, de las que 50 quedaron desistidas. De las 120 'vivas', dijo que 50 querían asentarse en suelo rural y son esas las que paralizará. No habría pues cortapisa para otras 70. ¿Vamos a tener 70 parques?

–Creo que no. La consejera de Industria dijo que una cosa son las peticiones y otra lo que al final habrá. En esencia hay 30 puntos de conexión y vamos a tener unos 30 parques, con posibilidad de que haya un grupo de parques entorno a una conexión. En La Corredoria, en Oviedo, hay mucha capacidad y tres solicitudes de tres empresas porque creo que la inversión es demasiado ambiciosa para una. Nosotros nos centraremos en ordenar dónde se pueden colocar y dónde no y a esos efectos vamos a tener un máximo de 30 localizaciones.

–Son 30 localizaciones en suelo industrial, es decir, que pueden seguir su tramitación y obra. Usted la suspensión la aprovechará para hacer unas directrices que ordenen, dentro de uno o dos años, dónde y cómo se pueden instalar. ¿No llegarán tarde, con ya 30 instaladas?

–Un objetivo intencionado de las directrices es priorizar ahora de forma indirecta a las que se colocan en un suelo como el industrial o el degradado donde en principio no nos genera dificultad ni reparo. Las directrices ordenan a medio y largo plazo; es posible que volvamos a tener otras oleadas en el futuro.

–Stop Baterías dice que ustedes prometieron aprobar una distancia de seguridad de 1.000 metros entre las baterías y las viviendas, y ahora vamos a tener almacenes de energías en polígonos colindantes a casas.

–En ningún momento impusimos esa distancia. Tenemos un acuerdo de la Comisión de Ordenación (CUOTA) que en su parte dispositiva aclara a los ayuntamientos cómo tramitar las peticiones, y luego hay una recomendación que dice que si se siguen tramitando en zona rural se haga a 1.000 metros de las viviendas y 500 de ganaderías y bosques. Nuestra prioridad era preservar el medio rural, pero las medidas en suelo urbano las toman los ayuntamientos. Tienes a Gijón, que hará una moratoria en todo tipo de suelo, y Siero, que dice que hay que promocionarlas.

–¿Tiene capacidad jurídica Gijón para aplicar esa moratoria?

–Es un Ayuntamiento grande y tiene sus técnicos, pero me gustará ver cómo lo visten.

–Cierro el tema. Al «recomendar» esa distancia de seguridad, parece que sí las está entendiendo peligrosas.

–Se está generando la falsa idea de que nosotros mantenemos que son instalaciones inseguras y, ya lo dije antes, son instalaciones industriales con un cierto riesgo. Piden distancia para tranquilizar a determinados vecinos y eso lo entiendo, por eso desde la consejería queremos establecer unas condiciones mínimas de seguridad para que los ayuntamientos puedan chequearlas, una lista de medidas correctoras en cuanto al ruido que generan, los sistemas contra el fuego y demás.

–Eso parece una tarea más de la Consejería de Transición...

–Efectivamente, pero alguien tiene que ir tomando la iniciativa. Yo estaré encatandísimo de colaborar con ellos.

–Mayo de 2021. El Principado inicia el proceso de participación para la Ley de Ordenación Integral del Territorio, la Loita. ¿Dónde estamos ahora?

–Recibimos un texto de la legislatura anterior, que era un trabajo académico, contratado a la Universidad, sobre medidas innovadoras en legislación; muy interesante y daba pistas, pero faltaba un texto articulado. La asistencia técnica que contratamos nos entregó ese borrador y ahora estamos junto a Urganismo puliéndolo. A partir de marzo iremos negociando con promotores, colegio de arquitectos, ingenieros, constructores, ayuntamientos y socios de gobierno. A ver si logramos consenso y lo mandamos a la Junta en el primer semestre.

–¿Cuáles son sus novedades?

–Tiene la misma estructura que el actual Texto Refundido, pero es mucho más corto. Buscamos facilitar proyectos más ágiles con dos categorías de municipios. Habrá unos grandes y con mucha tensión porque se quieren construir muchas cosas, estos tendrán un planteamiento un poco más exigente. Luego la segunda categoría será para la mayoría de los municipios rurales, que no tienen capacidad técnica para desarrollar el plan general que ahora se les exigía; en su lugar vamos a una versión simplificada para que puedan desarrollar vivienda más rápido.

–Planear a dos velocidades...

–Sí, además de esas categorías, también agilizamos la tramitación ambiental y las informaciones públicas duplicadas, agrupando los documentos para disminuir los periodos de información pública. Lo hacemos para generar más suelo residencial, pero también usos sobrevenidos, como, por ejemplo, una Ciudad Deportiva del Oviedo.

–¿Cuánto tardaría ahora esa ciudad, y cuánto tardará?

–Ahora lo normal sería que tarde 12 meses, y con un plan especial como planteamos, serían 8, un tercio menos.

–¿Cuánto tarda ahora un Ayuntamiento tipo Navia en tener su plan de ordenación?

–Entre ocho y diez años, una cosa desmedida. Lo que planteamos es que en su lugar, en vez de un plan, hagan una estrategia que pueden aprobar en dos años. Luego ya sobre ello puedes desarrollar gajos de suelo. La idea es no tener un planeamiento tan determinista, que detalla que aquí van 700 viviendas así, con este centro comercial, etcétera. Vamos a un sistema en el que defines las bolsas de suelo, pero su rellenado lo tramitas progresivamente.

–¿Estaría aprobado este año?

–Creo que es una ley muy demanda y ese es el objetivo.

–Hace 42 años que el estatuto prevé crear áreas metropolitanas. No le veo por la labor...

–El último arreón, con Fernando Lastra, fue antes de las elecciones de 2019 pero después de los comicios no pasó nada. No veo una demanda municipal, y no es algo que puedas crear a espaldas de los municipios. Estamos tratando de crear modelos de colaboración, aprovechando que desde 2023 la Ley de Bases Locales permite la prestación conjunta de servicios. Eso daría agilidad y sería construir de abajo a arriba, sin crear un ente intermedio.

–La Ley de Proyectos de Interés Regional, ¿resta poder a la consejería de IU?

–Es una ley a usar con mucha precaución porque en efecto las competencias de urbanismo y ordenación pueden ser las que más sufran al prever un mecanismo que permite sacar adelante el proyecto incluso si el ayuntamiento se opone. En ese caso desde la CUOTA emitimos un informe preceptivo, pero no vinculante.

–Entonces, contra la mina de Salave sí emitirá informe, al oponerse el Ayuntamiento, pero no podrá contra el polígono junto al aeropuerto...

–Paso a paso. Yo creo que Salave es un proyecto ya archivado y la Ley de Proyectos Estratégicos no dice que vaya a revivir cosas legalmente rechazados.

–En 2022 la CUOTA hizo un informe de la mina. ¿Dijo que la protección de la costa era compatible explotar ese subsuelo?

–Decía que el Plan de Ordenación del Litoral (POLA) regula el suelo y que los usos en el subsuelo en parte están regulados por la Ley de Minas. Pero la explotación también requería actuaciones en el suelo.

–Si eso dijo CUOTA en 2022, ¿ahora no podría ser más dura?

–No ha habido normativa nueva para ello, pero fue una consulta. No se estudió el proyecto.

–¿Costco tampoco le gusta?

–Estamos elaborando unas nuevas directrices del sector y en los preámbulos se dice que un objetivo es proteger al comercio de proximidad y no crear centros que generen excesiva movilidad.

–Si pide que se declare Proyecto de Interés Estratégico Regional, y el ayuntamiento le apoya, usted, ¿no puede oponerse?

–No pasaría por la CUOTA, no.

–La única intervención de la consejería de IU sería el día que el Consejo de Gobierno tenga que valorar si le da el 'ok', con el consejero de IU allí sentando.

–Correcto.

–A esta hora, la constructora semipública SEDES, ¿está más cerca de su quiebra o salvación?

–A mí también me gustaría saberlo. Está en una situación muy complicada. Hay voluntad política para salvarla.

–¿Cuál es la situación?

–Tiene una deuda importante. Los pagos que no puede afrontar ahora están cerca de los tres millones. Ha recibido un crédito de 2,3 millones de Unicaja, avalado al 60% por el Principado.

–Con eso no les alcanza...

–Estamos en preconcurso, negociando con los acreedores un sistema de pago. Como dijo el consejero, de lo que se trata es de cambiar de estrategia, que se convierta en una auxiliar de la administración y deje de competir en el sector privado, porque no es competitiva. Puede servir para mantener los inmuebles del Principado y hacer futuribles obras de edificación que queden desiertas. Para eso tendría utilidad.

–Al estudiar esta empresa, ¿algo le ha chirriado?

–Todo me ha chirriado.

–¿Cuándo perdió su utilidad?

–Tuvo una primera crisis, entre 2010 y 2012, por la operación de los Palacios de Oviedo y la compra de solares en 2006, un momento genial para ello. Desde entonces nunca ha estado bien. Se intentó seguir promocionando, pero cuando tienes problemas de liquidez, es difícil lograr créditos para promocionar. En los últimos años se decidió, para tener trabajo, actuar como constructora para terceros, algo erróneo. Cuanto más grande ha sido la obra asumida, peor el resultado. No es competitiva, tiene una plantilla mal distribuida, fruto del ERE que los jueces obligaron a mantener... Para contratar y pagar a la plantilla sigues normas públicas, pero luego compites en un sector que se rige por el convenio de la construcción. Estás con la mano atada a la espalda.

–De ahí las pérdidas...

–En el año 2022 se le inyectaron seis millones y en 2025 volvemos a tener este agujero.

–¿Por qué no incluyeron una partida en el presupuesto para taparlo?

–Porque queremos que se salve por sus propios medios. Hemos puesto a la venta las propiedades que no le van a servir en su nuevo rumbo, que esperemos que con su valor de mercado nos de. Son tres solares para edificar en Prado de la Vega, Colombres y Cudillero, participaciones en juntas de compensación que le puede interesar a determinados promotores, y maquinaria.

–No descarta la quiebra.

–No es la intención, pero en la vida no hay que descartar nada.

–Caso de ponerse al día con los proveedores, lo siguiente sería comprar las acciones de los privados, como en Sogepsa...

–Sí, pero cuando una empresa llega a este punto esos títulos ahora valen lo que valen.