«Anda con cuidado que nos tienes contentos a toda la Policía Local de Avilés»

«Voy a apuntar tu nombre en esta bala». «Ahora chúpamela a mí». «De la que te has librado hoy, anda con cuidado que nos tienes contentos a toda la Policía Local de Avilés». Son algunas de las frases denunciadas por el corverano C. M. S. contra agentes de la Policía Local y que han llevado al juez instructor a añadir el delito de tortura a los de detención ilegal, contra la integridad moral y amenazas, tal y como adelantó ayer en exclusiva EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILÉS.

En un nuevo auto dictado el pasado día 8 de mayo el magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5, Julio Juan Martínez Zahonero, plantea la apertura de juicio oral contra los imputados, a los que suma un cuarto agente de la Policía Local, el padre del menor discapacitado cuya denuncia por presuntas proposiciones sexuales del detenido de forma ilegal habría desatado el plan de los policías para darle un escarmiento.

La resolución judicial ve «indicios serios y fundados que no resultan disipados con las versiones de los imputados y los testigos» de la comisión de los citados delitos en la detención ilegal del corverano C. M. S. el 30 de mayo de 2014 por parte de los agentes cuyos nombres responden a las iniciales M. O. M., A. M. M. y J. M. F. El cuarto imputado es J. I. M. R., también policía local y padre del joven discapacitado.

A esos indicios se suma «el relato coherente y detallado que efectúa el afectado, que se ve corroborado en aspectos esenciales con las diligencias practicadas; la concordancia de su relato con las diligencias policiales y las circunstancias en las que fue presentado ante la Policía Nacional», entre otros.

Los agentes que detuvieron al corverano en la parada de autobús de Llano Ponte son A. M. M. y M. O. M., quienes dijeron a C. M. S. que estaba detenido «por haber quemado la cazadora de un chico y por el ofrecimiento de 10 euros a cambio de una felación». Según el auto judicial, no le leyeron sus derechos y le conminaron a entrar en un vehículo policial. Una vez dentro, el agente M. O. M. «le increpó, insultó y amenazó».

Seguidamente lo llevaron en el coche desde la calle de Llano Ponte a una nave de Divina Pastora, a la que se acercó un tercer agente, J. M. F., en una moto policial. Una vez allí, según relata el juez, «le sacaron del vehículo y el agente M. O. M. comenzó a hacerle fotos frontales y de perfil con su teléfono móvil, marca Samsung Galaxy, amenazándole los agentes M. O. M y J. M. F. con agredirle, quedando el tercero (A. M. M.) en el coche, sin hacer nada».

Los policías locales imputados introdujeron de nuevo en el coche policial al corverano, «donde le amenazaron de muerte e insultaron», hasta que lo presentaron en Comisaría de la Policía Nacional» quince minutos después de su traslado a la nave abandonada. El auto judicial recuerda que los agentes explicaron al llegar a Comisaría que C. M. S. se había negado a identificarse en la vía pública «por un hecho punible». En cambio, no explicaron los supuestos hechos delictivos descubiertos ni la forma en que lograron identificar al detenido.

El corverano quedó custodiado en un cuarto de la Comisaría por los mismos policías locales que lo habían detenido de forma ilegal. J. M. F. llegó «a sacar una bala del cargador diciendo que iba a apuntar su nombre en la bala».

Unos minutos después, se personó en las instalaciones de la Policía Nacional M. P. R., madre del joven con minusvalía psíquica y esposa del agente J. I. M. R., para denunciar al detenido de forma ilegal por daños presuntamente le apagó un cigarro a su hijo en la ropa y una proposición deshonesta.

Mientras, el padre del discapacitado entraba en el cuarto donde estaba custodiado, a quien le dijo que «se la chupara a él y le amenazó», según recoge el auto judicial. En ese momento tuvo que ser sujetado por los otros agentes presentes para que no le agrediera. Al parecer, también entró un cuarto agente que no pudo ser identificado, pero que también amenazó a C. M. S.. Cuando era llevado a la oficina a prestar declaración, el agente de la Policía Local M. O. M. le dijo: «De la que te has librado hoy, anda con cuidado que nos tienes contentos a toda la Policía Local de Avilés».

Según consta en el auto, los tres policías partícipes en la presunta detención ilegal «no efectuaron ningún parte de intervención dando cuenta de lo actuado, ni hicieron figurar nada en el parte de servicio de ese día, ni comunicaron a un superior en la Policía Local nada sobre los hechos hasta la finalización de su servicio». A consecuencia de la conducta de los agentes, el corverano detenido «sufrió una crisis de ansiedad».

El magistrado señala como móviles de la actuación de los imputados que «compañeros del padre del joven discapacitado tuvieron conocimiento de que éste había narrado una supuesta proposición para mantener relaciones sexuales por parte de C. M. S., por lo que decidieron darle un escarmiento, procediendo a su identificación en la parada del autobús, para llevárselo seguidamente detenido a un lugar apartado donde le amedrentaron y amenazaron, y tomando fotografías sin justificación alguna, presentándolo después en la Comisaría de la Policía Nacional, donde continuaron vejándolo, justificándolo por una supuesta negativa a identificarse al hallarse implicado en algún hecho punible no especificado».

También se destaca la sospecha de la comunicación previa de la madre del discapacitado con los agentes, el resultado del informe de la Jefatura de la Policía Local de Avilés situando a los vehículos policiales por medio de GPS en el lugar donde el denunciante dijo que había sido conducido, fuera de la ruta directa de los policías para llevarlo a la Comisaría de la Poliía Nacional, así como la investigación del móvil del agente M. O. M., donde se encontraron fotografías del detenido.

Por otro lado, el auto cita advertencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el hecho de que «la tutela judicial del derecho a no sufrir torturas ni tratos inhumanos o degradantes puede exigir así que se inicie o avance una investigación allí donde quizás en otro tipo de supuestos podría advertirse una base suficiente» o de la recomendación en varias sentencias de que los estados deben llevar a cabo una investigación efectiva de las denuncias de torturas o tratos degradantes a detenidos.

El juez decide también trasladar las diligencias al órgano competente, en este caso la Audiencia Provincial «por exceder algunas de las penas en abstracto de 5 años de privación de libertad» y por el aforamiento que la Ley concede a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También traslada el Ministerio Fiscal las imputaciones por presuntos delitos de detención ilegal, torturas y contra la integridad moral, y amenazas, e insta a la propia fiscalía y a las acusaciones personadas a que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.

Tal y como desveló ayer LA VOZ DE AVILÉS, los agentes se enfrentan a una posible pena de prisión de cuatro a seis años, y a la inhabilitación especial para empleo o cargo público entre cuatro y ocho años por un delito de detención ilegal; a entre seis meses y cuatro años de cárcel e inhabilitación de dos a cuatro años por un delito de amenazas y atentado contra la integridad moral.