El Principado deberáexplicar en la Junta su gestión de laintoxicación en AZSA

La reciente sentencia sobre la intoxicación por mercurio de trabajadores de IMSA en Asturiana de Zinc no cierra el conflicto, ni para los afectados y sus familias, ni ahora para los grupos políticos en la Junta General del Principado. Hace unas semanas, era IU quien anunciaba su intención de llevar al Congreso de los Diputados su petición de información para que se aborde el tratamiento que necesitan los intoxicados y se abra una investigación sobre las secuelas y su protección social. Ahora son Podemos y el PP quienes acaban de registrar una petición de comparencia que insta a cuatro altos cargos del Gobierno del Principado a dar explicaciones de su gestión de la crisis. Su petición apunta a Francisco del Busto, consejero de Sanidad, «para informar sobre la dejación de funciones de Salud Pública y mala praxis del SESPA en la intoxicación por mercurio de trabajadores en AZSA», como argumenta Podemos.

También se ha solicitado las comparecencias de José Ramón Riera, gerente del SESPA, Antonio Molejón Iglesias, director general de Salud Pública, y Valentín Rodríguez Suárez, epidemiólogo del servicio de vigilancia de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública.

La Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados, que acusa a Asturiana de Zinc de incumplir el acuerdo a la postre rubricado por todos los trabajadores intoxicados mediante el cual renuncian a emprender la vía penal a cambio de una compensación económica y de atención médica especializada, y apunta también a la dejación de funciones de la mutua Fremap, valoró ayer positivamente estas peticiones de comparecencias en la Junta. Su presidenta, Dorinda Martínez, espera que «tanto IU como Foro» se sumen a estas solicitudes, y lamenta la actitud de Ciudadanos, «que no nos ha recibido».

Según afirmó ayer Martínez, «les dijimos que se pusiesen de acuerdo, que tratasen este asunto como si fuese un tema humanitario, porque para 49 familias esto es una catástrofe humana».

Los afectados tienen abierto otro frente, «contra la mutua Fremap, que no ha cumplido sus obligaciones durante cuatro años. Les enviamos un burofax para que se hagan cargo de la situación de la gente y nos contestan que han cumplido. No creo que eso sea así y nos reservamos el derecho a denunciarlos en el Juzgado».

La reciente sentencia que condena a dos mandos, uno de AZSA y otro de IMSA, la empresa a la que pertenecían los 49 intoxicados, a nueve meses de prisión sustituibles por multas de 1.640 euros no ha cerrado ni mucho menos el conflicto. Los trabajadores se sienten «engañados, despreciados y desatendidos», tanto por las empresas, como por los Gobiernos central (a través de la Seguridad Social) y regional (mediante la atención sanitaria del SESPA), y por último por la mutua, que se niega a hacerse cargo de sus necesidades.