¿Lealtad institucional?

Concluye en Madrid la movilización de los trabajadores de Alcoa, mientras se trata de digerir la sumisión del Principado frente a la multinacional

Imagen familiar de uno de los trabajadores de Alcoa participante en la marcha hacia Madrid/RODRIGO JIMÉNEZ
Imagen familiar de uno de los trabajadores de Alcoa participante en la marcha hacia Madrid / RODRIGO JIMÉNEZ
José María Urbano
JOSÉ MARÍA URBANOAvilés

Concluye en Madrid la 'Marcha del Aluminio' que protagonizan los trabajadores de Alcoa Avilés para trasladar a la sociedad en general cuál es su dilema y el de la ciudad en la que trabajan ante la decisión de la que ha sido su empresa desde hace veintiún años de cerrar la puerta y abandonar incluso el país en el que ha venido ganando cientos de millones de euros. Hay que felicitar a los trabajadores de Alcoa porque han conseguido los objetivos de su movilización, que no podían ir más allá, y lo sabíamos todos, de seguir ganándose el apoyo de la opinión pública e intentar que los responsables políticos de este país y de esta comunidad autónoma supieran estar a la altura de las circunstancias. Y estar a esa altura significaba no plegarse a los intereses puramente económicos de la multinacional norteamericana, que ha liderado el proceso de encontrar un posible comprador que le beneficiara sobre todo a ella –en un insoportable papel de juez y parte–, aunque como sabe Alcoa y sabe todo el mundo, la propuesta elegida tiene muy difícil seguir adelante dentro de dos años cuando se dé de bruces con la realidad: que la tarifa eléctrica en este país no va a bajar y ponerse a los niveles medios europeos; ni va a tener dinero público por la interrumpibilidad, cuya subasta va a desaparecer; y que tampoco cabe esperar mucho de este Gobierno, que pudiendo poner encima de la mesa 200 millones, con permiso y las bendiciones de la UE, para ayuda a las empresas en el coste de los derechos de emisiones de CO2, lo ha dejado en 90 por «disponibilidad presupuestaria».

Una multinacional, Quantum, había apostado por Avilés con un horizonte esperanzador desde el mismo momento en el que el coste de la energía eléctrica iba a dejar de ser el elemento clave (ahora supone el 40 por ciento de los costes de producción), asegurando todos los puestos de trabajo e incluso ampliarlos.

Ahora que la decisión parece que ya está tomada para dejar la empresa en manos de un fondo (¿buitre?) suizo que tiene un proyecto de futuro cuando menos dudoso, uno quisiera adivinar cuál es la sensación del ciudadano asturiano que vive aquí, que tiene aquí su trabajo, que es aquí donde paga sus impuestos, que es aquí donde elige a sus representantes políticos, cuando escucha al Gobierno regional y a su consejero de Industria declarar solemnemente que se opta claramente por la peor de las soluciones, la que solo beneficia a Alcoa, por una sola razón: por «lealtad institucional». Se supone que es una lealtad institucional al Gobierno de las ministras de Industria y Transición Ecológica que van camino de acabar ellas solas con la industria electrointensiva –la clave de la economía de Asturias–, aunque en sus contradicciones diarias descarten en este caso la opción que mejor encaja en la lucha contra el cambio climático, la que renunciaba a seguir con el aluminio primario de las cubas electrolíticas e introducir la economía circular.

El Gobierno de este país ha visto cómo una multinacional como Alcoa anuncia oficialmente que se va y prácticamente deja en sus manos la resolución de la venta. Lo nunca visto para una empresa generosamente compensada con el dinero de los Presupuestos Generales del Estado. La misma compañía que ha mostrado su deslealtad con su plantilla y con el territorio en el que lleva en activo más de veinte años tras la compra de una empresa pública cuyo proceso, condiciones y resultados deberían abochornar a sus gestores, como ellos mismos reconocieron en su día, vía SEPI.

Alcoa jamás se habría permitido el lujo de marcar las condiciones, los plazos, y hasta las amenazas, y encima ahora ser el único actor en la decisión sobre posibles compradores si esta operación tuviera lugar en Francia o en Italia. En Francia se hubiese encontrado con un Gobierno que, a la mínima de cambio, habría decidido tomar posiciones en su accionariado aduciendo que el aluminio es un sector estratégico. Italia lo hizo en Portovesme, empezando por su Gobierno regional de Cerdeña.

Y ahora llega lo peor. Hay dos opciones de compra de Alcoa. La primera, un fondo suizo, aboga por más de lo mismo y un aviso: cierre en dos años si el 'vale eléctrico' no llega y no le cuadran los números. En la transición de esos dos años, el fácil recurso a un ERTE del sesenta por ciento de la plantilla (que pagamos todos) o a barrer las naves. La segunda opción renuncia a las cubas electrolíticas y anuncia un 'nuevo' centro –referente en Europa– basado en la economía circular, es decir, el peso del coste de la energía deja de ser el elemento clave. Y se pone a trabajar desde el primer día con toda la plantilla (317 trabajadores), con otro modelo, nuevos nichos de mercado e incluso ampliación de negocio.

Deberían ponerse de acuerdo las dos ministras y este Gobierno, sobre todo ahora que sabemos que la subasta de interrumpibilidad eléctrica ha sido un nuevo fracaso para las industrias electrointensivas, pero sobre todo porque ésta puede que haya sido la última porque así lo tiene decidido ya la ministra Ribera. (La subasta de esta semana ha supuesto que la retribución para las empresas electrointensivas para este año se quede en 196 millones de euros, frente a los 316 de 2018, que ya fue calificada en su día por las empresas de rotundo fracaso).

¿Apoyamos más de lo mismo, cubas electrolíticas obsoletas, generadoras de consumos insoportables? ¿Desechamos el gran paradigma de la economía circular que plantea Quantum? ¿Alcoa se niega en redondo a valorar la otra opción porque la de Parter puede ser la más débil y si cierra dentro de dos años elimina así la competencia? ¿O tiene cerrado con Parter un acuerdo para que la alúmina que necesita para las cubas electrolíticas se las compre a ella, engordando así su negocio de la planta de alúmina de San Ciprián? ¿A este Gobierno le da lo mismo que una parte de los ERES de las empresas los paguemos entre todos mientras las multinacionales como Alcoa se van a explotar sus negocios fuera del país?

Resumen: pura contradicción en el Gobierno central y una sumisión extraña del regional cuando, por boca de su consejero de Industria, dice que aprueba la opción que Alcoa ha elegido, incluso aunque le haya negado la información por él requerida, por «lealtad institucional». Si el resumen de ocho intensos meses de pelea por tratar de evitar las graves consecuencias del portazo de Alcoa en Avilés son la «lealtad institucional», y que «Alcoa se negó a valorar la otra oferta y a dar la información sobre ella que nosotros le reclamamos» (en palabras textuales del consejero de Industria del Principado, Isaac Pola) no se me ocurre otra cosa mejor que encerrarse en casa y no salir más o coger el primer avión para las Antípodas y volverte eremita tras concluir que en ocasiones ya no entiendes absolutamente nada. Una decisión trascendental sobre el futuro de una multinacional y de sus 317 trabajadores se toma por «lealtad institucional». ¿Alguien está confundiendo un Gobierno regional constitucional con una Diputación de la era franquista o sólo me lo parece a mí?

Suerte a los trabajadores de Alcoa, suerte para esta ciudad.

P. D. La alcaldesa de Avilés se sumó ayer a la decisión de Alcoa con resignación.