La Audiencia Nacional ultima apartar a Riesgo de la gestión de Alu Ibérica ante su deterioro

Hasta el momento, la jueza María Tardón ha rechazado la administración judicial por su carácter excepcional, ya que implica restringir un derecho fundamental como es el de la propiedad, y debería justificarse para preservar otros derechos fundamentales, como es del trabajo de la plantilla, además de los intereses de los acreedores.

En esta situación, los informes de la intervención desvelaron la existencia de prácticas por parte del Grupo Industrial Riesgo que pueden provocar la despatrimonialización de la empresa, como los altos sueldos a sus directivos o la concentración de todas las contrataciones externas en una sola empresa, Logiplus, provocando un aumento de los costes. A ello se une la opacidad en la gestión, la ausencia de información sobre la situación financiara y el incumplimiento de los principios de la intervención judicial.

Además, los interventores judiciales consideran que algunas decisiones solo se pueden adoptar desde el marco de la administración judicial, como anular el citado contrato o, incluso, solicitar un concurso de acreedores ante la falta de solvencia de la empresa, siendo este un escenario muy posible a corto plazo.

La Fiscalía ya ha expresado su apoyo a la propuesta de administración judicial y, ayer, María Tardón comunicaba a las partes su intención.

El documento remitido cita tanto a los responsables de Alu Ibérica como a los representantes legales de los sindicatos a una comparencia ante la magistrada que se celebrará a partir de las 12.30 en el propio juzgado. En él, las partes deberán expresar su opinión con la administración judicial y, si están de acuerdo, plantear una propuesta sobre la persona o personas que puedan ser las más adecuadas para ejercerla, ya que implicará el control total de la compañía por un espacio determinado de tiempo y bajo supervisión de la magistrada.

Desde el pasado mes de marzo, los sindicatos han venido reclamando la administración judicial, por lo que no se opondrán a la propuesta. La semana pasada, en el encuentro con la ministra de Industria, Reyes Maroto habló de la administración judicial como una de las escasas vías para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre en Alu Ibérica. Para ello, la jueza debería fijarlo en el auto, estableciendo el marco y los límites temporales de la actuación.

Queda por conocerse la actitud del Grupo Industrial Riesgo que, hasta el momento, ha recurrido todas las decisiones de la jueza María Tardón. En este caso, deberá presentar una documentación fiable (en un momento en el que los interventores judiciales ponen su credibilidad en entredicho) y ofrecer garantías sobre la situación de la empresa y que esta no se deteriorará más.

Con toda esa información en la mano, la jueza fijará su decisión. No cuenta con un plazo fijo y podría ser el mismo miércoles 30 de junio, al día siguiente o pasadas un par de jornadas. Aunque la situación en la que se encuentra Alu Ibérica hace pensar que no se retrasará en resolver. Más aún cuando el denominado periodo de protección de Alcoa concluye el próximo 31 de julio. A partir de ese momento, la multinacional americana dejará de aportar fondos económicos al funcionamiento de Alu Ibérica que deberá subsistir en solitario.