Se cumplen 6 años del accidente mortal de autobús en Avilés sin una fecha para el juicio
La responsabilidad civil está prácticamente abonada y se espera que los autos del caso se envíen al Juzgado de lo Penal en septiembre
El 3 de septiembre de 2018 la vida se paró para veinte familias. El trágico accidente de un autobús de ALSA contra una pilastra del enlace de la autovía AI-81 al Parque Empresarial Principado de Asturias truncó mortalmente la vida de cinco pasajeros y condicionó las de otros catorce, además de la del conductor del vehículo, Omar López, para el que la Fiscalía solicita una pena de prisión de cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación.
Se cumplen seis años de aquel fatídico accidente con la fecha del juicio cada vez más próxima. El hecho de que haya tantas víctimas ha alargado los plazos hasta llegar al sexto aniversario, pero el proceso ya encara su parte final al estar la responsabilidad civil prácticamente abonada.
Además, la representación del conductor ha presentado ya el escrito de defensa y se espera que Alsa haga lo propio próximamente. Por lo que fuentes próximas al caso estiman que podría estar en el Juzgado de lo Penal este mes de septiembre.
El resto es conocido. Aquel 3 de septiembre, a las doce y media de la mañana, el autobús que cubría la línea entre Cudillero y Gijón y en el que viajaba una veintena de pasajeros se estrelló contra una pilastra. El impacto fue brutal y cuatro pasajeros, los que estaban sentados en los asientos delanteros, perdieron la vida en el acto y un quinto, en el Hospital Universitario San Agustín. Eran Arcadio Suárez, Senén Álvarez, José Emilio Menéndez, Begoña Miranda y Ana Pilar Tuya.
El conductor resultó gravemente herido, le amputaron una pierna y afronta toda la responsabilidad penal. La Fiscalía del Principado lo considera el único culpable del accidente y le acusa de cinco delitos de homicidio y otros doce de lesiones por imprudencia grave por los que pide cuatro años de prisión y seis de inhabilitación. Solicita también que indemnice a los perjudicados que no han manifestado expresamente su renuncia (los herederos de uno de los fallecidos y cinco de los heridos) con cantidades que suman 674.000 euros.
Según consta en el escrito del fiscal, el conductor padecía «epilepsia focal criptogénica», una enfermedad que, siempre según el Ministerio Público, le habría ocultado a la empresa Alsa y para la que seguía un tratamiento farmacológico.
El diagnóstico se había realizado en el año 2015 y, de hecho, ya había estado de baja durante cerca de un año, desde febrero desde ese año hasta el mismo mes del siguiente, siendo seguido por el departamento de Neurología del HUCA. «A pesar de ello, el acusado no aceptaba el diagnóstico de epilepsia por las consecuencias que ello podría acarrear para su actividad laboral», señala la Fiscalía.
Durante la instrucción se concluyó que estaba advertido de que los fármacos antiepilépticos que tomaba «podían afectar a su capacidad de conducción» y que además era sabedor de que estaba incumpliendo el Reglamento General de Circulación, que exige un periodo de cinco años sin crisis ni fármacos de este tipo.
El fiscal asegura también que no había comunicado ni el diagnóstico ni el motivo de la baja ni el tratamiento que seguía al servicio de prevención de Alsa, que ese mismo año le había declarado apto para ser conductor.
En esas circunstancias sufrió «una pérdida de conciencia y agarrotamiento muscular» y acabó con la cabina incrustada contra la pilastra de un viaducto, después de haber recorrido 520 metros, «sin desviarse», a una velocidad de 95 kilómetros por hora en un tramo que entonces estaba limitado a 70 por las obras. «Invadió el carril cortado para la circulación tras arrastrar las barras laterales indicativas de las obras», indica el escrito.
