El PP de Avilés reclama que se revise la gestión de los Puntos de Encuentro Familiar
Los populares elevarán al Pleno municipal una moción para requerir una actualización del servicio tras las quejas de varias familias
El Partido Popular de Avilés presentará en el próximo Pleno del próximo viernes una moción destinada a promover una revisión integral del modelo de ... funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en Asturias, con especial atención al servicio que se presta en Avilés tras repetidas denuncias por parte de familias usuarias.
El concejal Juan Nicieza será el encargado de defender la moción y en una nota de prensa remitida ayer ya justificaba la urgencia de revisar el modelo de estos recursos «esenciales para garantizar un espacio neutral, seguro y supervisado en el que puedan desarrollarse los regímenes de visitas establecidos judicialmente, especialmente en contextos de conflictividad familiar o violencia de género».
En este sentido, Nicieza recuerda que la regulación en vigor sobre estos servicios familiares fue diseñada en 2005, en un contexto social y judicial muy distinto al actual. «Tras dos décadas de cambios legislativos y nuevas realidades en materia de protección a la infancia, considera imprescindible actualizar el modelo para garantizar eficacia, seguridad y transparencia», defiende el edil popular.
Bienestar emocional y físico
El concejal destaca que mejorar los procedimientos internos, reforzar la calidad del servicio y asegurar entornos estables y seguros es esencial para que las familias recuperen la confianza en un recurso tan sensible. Según explica, «el bienestar emocional y físico del menor tiene que ser siempre la prioridad. Hablamos de un recurso que trabaja con niños y niñas en situaciones extremadamente delicadas. Después de veinte años, el modelo necesita adaptarse a la realidad actual».
En esa línea, la iniciativa propone llevar a cabo una revisión integral del funcionamiento, actualizar la normativa reguladora vigente y reforzar la formación de los profesionales, especialmente en violencia de género, trauma infantil y atención a la conflictividad familiar. También plantea mejorar los mecanismos de supervisión y evaluación externa, de modo que exista un control más riguroso y transparente; «garantizar instalaciones adecuadas y seguras, capaces de ofrecer un entorno protector para los menores; y fortalecer la comunicación con las familias usuarias, asegurando un trato claro, empático y estable durante todo el proceso».
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