El PP pide la dimisión del director del Niemeyer por «graves irregularidades»

El diputado del grupo parlamentario del Partido Popular, José Luis Costillas, lleva varios meses denunciando irregularidades en el Centro Niemeyer de Avilés y ayer pasó al siguiente nivel pidiendo directamente la dimisión del director del centro cultural avilesino, Carlos Cuadros, «dada la gravedad de las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en las contrataciones del equipamiento cultural», y ha recordado que «el Partido Popular ha venido advirtiendo y denunciando reiteradamente estas prácticas irregulares desde hace meses», señaló el diputado del grupo parlamentario popular.

Lo argumentó este sábado durante una rueda de prensa en el propio centro cultural, una convocatoria a la que acudió junto a la portavoz del grupo municipal de los populares en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares.

Costillas ha señalado que la consejera de Cultura «ha ocultado y consentido esas irregularidades, adoptando una actitud de tolerancia que resulta inaceptable en una administración pública», y ha añadido que «el presidente Adrián Barbón hace lo mismo que su consejera: ocultar la situación de la que tiene noticia».

El diputado popular ha subrayado en su visita a Avilés que «ante la gravedad de las irregularidades y la negligente gestión al frente del Niemeyer», como la ha calificado, y dado que la consejera no ha adoptado ninguna medida ni ha cesado al responsable del centro cultural, Costillas entiende que «Carlos Cuadros debe dejar su cargo».

Según defiende el popular, el Gobierno del Principado «no puede mirar hacia otro lado mientras se malgasta dinero público y se vulneran los principios básicos de transparencia y buen gobierno», afirmó Costillas, quien reiteró además que «la responsabilidad política no puede eludirse ni diluirse».

El popular ha recordado que ya en el seno de una comisión parlamentaria él mismo advirtió que la Sindicatura de Cuentas en su fiscalización sobre la contratación del sector público autonómico «constató irregularidades que afectan a los principios de transparencia, igualdad, concurrencia y legalidad que deben regir la contratación administrativa, así como la gestión de los recursos públicos».