Anticorrupción pide archivar el caso por blanqueo contra el Santander

La investigación se inició con la información proporcionada por el ex trabajador de HSBC Hervé Falciani, a la que se incorporaron los resultados de las indagaciones posteriores.

Los fiscales Carmen Launa y Juan José Rosa, en su escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 5, argumentan que no hay «motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores» de la comisión de delitos. «Las numerosas evidencias afloradas podrían resultar insuficientes para alcanzar la convicción del reproche penal a título de dolo, a la vista de la ausencia de una prueba directa, inequívoca y sin fisuras, que acredite el conocimiento cabal de que a través de los instrumentos puestos a disposición por ambas entidades, Banco Santander y BNP Paribas, a otra entidad de alto riesgo, HSBC Private Bank Suisse, se canalizasen fondos procedentes de actividades delictivas», continúan.

Con todo, la Fiscalía Anticorrupción señala que el trabajo llevado a cabo por los peritos ha puesto de manifiesto que había numerosos elementos que deberían haber alertado del riesgo asumido por los responsables de las entidades investigadas: la operativa, que favorecía la ocultación, el país procedente de los fondos (Suiza) y la entidad cliente (HSBC Private Bank Suisse). Tal es así que apuntan que las actuaciones investigadas «podrían quedar incardinadas en el delito continuado de blanqueo de capitales», pese a lo que se decantan por el sobreseimiento del caso.

Estaba sometida a investigación la excúpula de HSBC en Suiza y diez directivos del Santander y BNP en España. Los peritos del Banco de España ratificaron los informes que mostraban movimiento de fondos de clientes entre estas entidades en operaciones ocultadas a Hacienda. Según la Fiscalía, había contribuyentes que escondían sus patrimonios en la entidad bancaria suiza largos periodos. Una parte regularizó su situación en 2010 y 2012.

La Fiscalía Anticorrupción insta a remitir la documentación a la Comisión de Prevención de Blanqueo y a la CNMV «para depurar las responsabilidades que en su caso procedan o la activación de los mecanismos de control oportunos».