La Comisión Europea se da un año para gravar las importaciones de los países más contaminantes

Pese a no haber tomado todavía posesión de su cargo, la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene ya claro que la lucha contra el cambio climático será una de las prioridades de su mandato. Esta reducción progresiva de emisiones, sin embargo, no puede redundar en una pérdida de competitividad en la industria comunitaria que, a día de hoy, se encuentra a la vanguardia de la reducción de emisiones en base a una fuerte regulación, que también se traduce en un aumento de los costes frente a aquellos mercados con una regulación más laxa.

Durante su discurso como candidata a la Presidencia de la Comisión, Von der Leyen ya afirmó que «las emisiones deben tener un precio que cambie nuestro comportamiento. Para complementar esta labor y garantizar que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones, introduciré un impuesto sobre el carbono en frontera para evitar fugas de carbono». La declaración de intenciones, subrayada también en la carta remitida a los diputados a la hora de pedirles el voto, tratará de definirse en hechos concretos a lo largo de 2020, según explican fuentes conocedoras del proceso. Los retos para sacar adelante este impuesto, así como el tipo de gravamen que se impondrá, están todavía en el aire.

La nueva Comisión, que tomará posesión en diciembre, ya está trabajando en el encaje legal de la medida. La alternativa de la que más se ha hablado es la del arancel medioambiental. Esto es, un impuesto que grave los productos industriales provenientes de países con una normativa de emisiones más laxa que la europea. La dificultad para tramitarlo, sin embargo, complica la puesta en marcha de esta política. No en vano, una reforma del sistema impositivo comunitario necesitaría unanimidad entre los países miembro, algo que a día de hoy se antoja complicado, ya que varios países recelan de posibles represalias a sus exportaciones en caso de aplicar dicho tributo.

Otra opción que también se estudia en el seno de la nueva Comisión es la imposición del mercado comunitario de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés) a aquellos terceros países que quieran exportar sus productos a la UE. El problema, sin embargo, es el encaje legal de la propuesta. ¿Cómo se puede obligar a una empresa a comprar derechos de emisión de un sistema en el que no participa?

Esta cuestión, así como el cumplimiento de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), marcarán la viabilidad de esta alternativa. Esta última medida estaría ligada a la reforma que tiene en mente la Comisión Europea en relación al mercado común de emisiones. En este sentido, el organismo considera que es necesario incluir en el corto plazo a sectores hasta ahora excluidos, como el del transporte. La propuesta legislativa, sea cual sea, se tramitará «con total seguridad» a lo largo de los próximos meses.

Con el compromiso político de la presidenta electa encima de la mesa, y a falta de la articulación legal de la medida, la UE daría así los primeros pasos para cumplir con una de los principales reivindicaciones de empresas y sindicatos, que piden medidas de protección contra estos mercados menos regulados. Este arancel fue, precisamente, uno de los compromisos que Sánchez contrajo con Lakshmi Mittal, propietario del gran gigante de la siderurgia ArcelorMittal.