La defensa pide el sobreseimiento del caso

La defensa de UGT, que lleva el abogado Francisco Alonso, recurrirá el auto de la titular del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo para pedir el sobreseimiento del caso al entender que «no hay motivo para una causa penal». La argumentación de la defensa es que se trata de «cuestiones administrativas» ya que las subvenciones se dedicaron a la realización de los cursos. «Para que haya fraude tiene que haberse destinado el dinero de la subvención a un fin distinto del que fue concedido», señala el letrado, que defiende que los gastos de personal que figuran en la causa como ilícitos son «costes indirectos» que están amparados por la ley. «Lo que ocurre es que hay partidas que se discuten si eran subvencionables o no, y esa es una cuestión administrativa». El letrado recuerda que la administración del Principado «admitió las cuentas y la justificación de los gastos» de las subvenciones.