La economía sumergida llega al menos a los 3.500 millones en Asturias y aumentará por la crisis

«El 20%, mínimo», apunta Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, un porcentaje que en otros casos se rebaja. El profesor de Hacienda Pública de la Univesidad de Oviedo Santiago Álvarez lo sitúa más cercano a ese 15%. Esto supone que, incluso tras la debacle que sufrió el PIB el año pasado por el coronavirus, que lo redujo a 23.765 millones, la cifra se sitúe entre 3.500 y 4.700 millones de euros.

Se trata de cantidades ingentes. Como comparativa, estaría entre el 67% y el 93% de todo el presupuesto del Principado para este año, que es de 5.237 millones de euros. De aflorar, el Estado no ingresaría una cantidad similar, pero sí se aportarían cuantiosas sumas que ahora escapan de él. «La economía sumergida es uno de los principales problemas del fraude fiscal», apunta Santiago Álvarez, que explica, no obstante, que hay fuentes de fraude que no son economía sumergida. «El problema para cuantificarlo es que se trata de actividades que no están controladas y si se detectan ya no es fraude». De ahí que se utilicen métodos indirectos de estimación, como relacionar el consumo declarado con la renta.

Una proyección del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraba la economía sumergida en Asturias en 2009 en el 20,2% del PIB y en 2012, en plena crisis, en el 24,4%, frente a una media nacional del 23,1%. «Probablemente, ahora es el momento de actualizar ese estudio», señala Cruzado. El último informe del FMI sobre economía sumergida apuntaba que en España rondaba el 20%. Sin aportar datos regionales, un análisis presentado en 2017 por el Consejo General de Economistas calcula que en el conjunto del país supone unos 168.000 millones de euros, lo que arroja una pérdida de recaudación para la Administración de 26.000 millones.

Lo que resulta prácticamente seguro es que «la economía sumergida aumente ahora», apunta Cruzado. La explicación está en que las crisis promueven más actividades en negro. La precariedad laboral, la falta de oportunidades para trabajar de forma legal, la necesidad de completar los ingresos familiares que aportan ciertos subsidios o el desarrollo de sectores más estacionales disparan este tipo de fraude. La crisis y el verano, fechas en las que normalmente ya suele aumentar el fraude en materia laboral, son un cóctel peligroso en este sentido. «Evidentemente, cuantas más actividades estacionales e irregulares haya, más economía sumergida», apunta Álvarez, que subraya que cuando «la economía va mal, el dinero negro aumenta». «En algunas ocasiones, empresas o negocios que pasan por malos momentos logran así aligerar cargas fiscales y sociales, lo que es un alivio para su situación», explica. Lo que tiene claro es que «la crisis impulsa a la economía sumergida actividades que antes estaban en el marco legal». «No es una justificación, pero es la realidad», aclara.

La evolución el año pasado, sin embargo, fue distinta a la vivida en otros periodos de recesión, ya que durante el confinamiento la economía sumergida se redujo enormemente. «Por ello, sufrieron mucho las empleadas del hogar u otro tipo de profesionales con actividades en las que se concentra la economía sumergida, como las reparaciones», explica Cruzado. Con la población encerrada en sus domicilios, sin posibilidad de demostrar un empleo, ni recurrir a ningún tipo de ayuda por cese de actividad, estos trabajadores se vieron abocados, en muchos casos, a solicitar ayuda a instituciones de caridad. Después, al iniciarse la recuperación, aquellos que ya estaban en la economía sumergida volvieron a ella, pero otros se aferraron también a empleos en negro para poder subsistir.

Los sindicatos también ligan buena parte de la economía sumergida a la precariedad. El hecho del que el 92% de los contratos sean temporales o que Asturias lidere las tasas de parados de larga duración no ayuda. «Hay una relación directa», señala el secretario general de UGT en Asturias. Su sindicato la estima en el 20%, «pero creo que crecerá por este empobrecimiento de la población». Además, subraya que «tiene rostro de mujer», puesto que gran parte de lo que se denomina economía informal depende del colectivo femenino ligado a actividades de limpieza, cuidados y hotelería u hostelería.

Destaca, además, Lanero que esta economía sumergida trae consecuencias negativas en todos los ámbitos. Más allá de la merma de recursos para las arcas públicas, los trabajadores pierden derechos, pero también se genera competencia desleal para las empresas que sí cumplen. «Tiene que haber una reforma fiscal integral, más inspecciones, campañas de sensibilización que generen una tolerancia cero frente al fraude y un aumento de las sanciones para que no salga barato defraudar», apunta como recetas.

Desde CC OO, su secretario general en Asturias coincide en la necesidad de realizar una reforma fiscal. «Es fundamental atajar el fraude y la elusión fiscal», señala José Manuel Zapico, quien recuerda que «los hospitales, las escuelas y las ayudas a los hosteleros se pagan con impuestos. No es de recibo que un trabajador pague más en impuestos que un empresario».