Alu Ibérica traslada al Gobierno su «profunda decepción y seria preocupación» por el estatuto electrointensivo

Alu Ibérica ha trasladado al Gobierno central su «profunda decepción y seria preocupación» por el estatuto para la industria electrointensiva al considerar que no establece «medidas que realmente acaben con el diferencial de costes eléctricos y permitan competir en igualdad con los productores de Alemania, Francia o Suecia».

La propietaria de las antiguas fábricas de Alcoa en Avilés y A Coruña se ha expresado en estos términos en sendas cartas enviadas a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y a los presidentes de los gobiernos de Asturias, Adrián Barbón, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha informado la empresa este viernes en un comunicado.

La compañía ya alertó el mes pasado, tras conocer el borrador del estatuto, que las medidas previstas hacían «imposible» producir aluminio primario en España, algo en lo que incide ahora en las misivas remitidas a ambos gobiernos autonómicos y al central.

Alu Ibérica subraya la necesidad de que «se cumplan los compromisos» que recibió el pasado mes de junio, cuando ultimaba la compra de ambas plantas, en torno a la garantía de «unos costes eléctricos adecuados» para reanudar la producción de aluminio en ambas plantas, que suman más de 600 empleos, 328 en A Coruña y 286 en Avilés.

Tras recordar que realizó «una apuesta decidida por el futuro de dos proyectos empresariales claves para la economía de Galicia y Asturias», con un plan de inversión de 20 millones de euros, la empresa dice sentirse «defraudada ante la incertidumbre de un compromiso que no termina de afianzarse».

Alu Ibérica expone que el estatuto presentado tiene un efecto en el precio eléctrico actual de entre 0,5 y 3,2 euros por megavatio/hora (MWh), de manera que «mantiene el alto diferencial», de entre 13 y 20 euros por MW/h, respecto a lo que pagan los competidores homólogos de Francia, Alemania y Suecia por su electricidad para fabricar aluminio primario, que está por debajo de los 35€/MWh.

La empresa ha insistido en que está preparada para reiniciar en un plazo de nueve meses las series de electrolisis en sus plantas de A Coruña y Avilés, a las que están vinculados 168 empleos en A Coruña y 155 en Avilés, pero ha subrayado que no podrá hacerlo «sin precios eléctricos estables, predecibles y competitivos».

Para la modificación de las condiciones actuales, Alu Ibérica propone incluir en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética una garantía de compensación de CO2 indirecto con el 25 por ciento de los ingresos de las subastas de derechos de emisión.

Además, pide que se eximan a los consumidores hiperelectrointensivos del 80 por ciento de los peajes de la red de transporte, «de acuerdo con las autorizaciones de la Comisión Europea a otros países miembros».

Por último, apuesta por limitar los cargos de financiación de renovables al 0,5 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) de la empresa, en línea con la directriz europea de ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.