La recuperación del horno alto permitirá aumentar la actividad en Arcelor

Arcelor arrancará a principios de febrero el horno alto 'A' de Gijón, parado desde hace casi cuatro meses, lo que implicará un aumento de actividad en las plantas asturianas y, a su vez, una reducción del personal afectado por el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en vigor. No obstante, no se prevé que la instalación se ponga en marcha a plena capacidad, según trasladó ayer la compañía.

Como había adelantado la semana pasada este periódico, la multinacional se planteaba encender uno de los dos hornos altos que tiene detenidos en el sur de Europa. Se debatía, por tanto, entre el de Fos-sur-Mer, en Francia, o el asturiano. Finalmente, la balanza se ha decantado por este último, que lleva apagado más tiempo -el galo se paró en diciembre-, y que la dirección de Arcelor considera que, en estos momentos, puede ser más competitivo. Así lo ratificó ayer el grupo a los representantes de los trabajadores en una reunión que no estaba programada y en la que el director general del Clúster Asturias, Philippe Meyran, confirmó que se comenzarán las tareas preparatorias para la puesta en marcha, que se espera que se produzca entre los días 5 y 8 de febrero. No obstante, el mensaje oficial no es tan contundente y se traslada simplemente que se «está trabajando para el posible arranque del horno a producción reducida».

En la actualidad, el único horno alto activo en todo el país es el 'B', que está produciendo alrededor de 6.000 toneladas de arrabio diarias. Los cálculos que manejan los sindicatos es que con el encendido del 'A' se ronden las 8.000, lejos de la máxima capacidad. No obstante, supondrá una reactivación importante, que implicará un aumento de las cifras de arrabio de más del 30%.

Hasta ahora la producción del horno alto 'B', priorizaba el suministro final al tren de chapa y a carril, las líneas acabadoras con más pedidos, pero ahora se prevé también que se encienda un segundo horno de recalentado en el Tren de Bandas en Caliente (TBC) -de los tres que tiene solo funciona uno-, que suministra tanto a galvanizado como a hojalata y provee de bobina laminada en caliente a plantas satélites, aunque el grueso del incremento de producción se espera que se quede en Asturias.

La decisión se debe, sobre todo, a cierta reorganización de pedidos y a la mejora de costes operativos, pero también contribuye que estén prácticamente listas las obras para adaptar la línea de galvanizado 1 para producir Magnelis y la mejora en las relaciones laborales, tras firmarse distintos planes de productividad, entre ellos el de la acería de Gijón, muy conflictivo en el pasado.

«¡Muy buena noticia para Asturias!», expresó en sus redes sociales el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras la publicación de la noticia por parte de este periódico. Una calificación que fue secundada por el consejero de Industria. Enrique Fernández ahondó en lo que supone para la comunidad esta reactivación al señalar que «obviamente, los indicadores de producción industrial asturianos están totalmente vinculados a la actividad que tenga o deje de tener Arcelor». No obstante, subrayó que una de las líneas de trabajo de su departamento es diversificar la producción industrial para mantener la cifra del 20% de PIB industrial.

La noticia del arranque llegó justo en la víspera de la reunión que mantendrán esta tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Arcelor, Lakshmi Mittal. También está prevista, según trasladó la semana pasada la Moncloa, que asista el consejero delegado de la multinacional, Aditya Mittal. El encuentro se celebrará en el marco del Foro Económico Mundial, que tiene lugar desde ayer en la localidad suiza de Davos, y en el que se suelen ver cada año, algo que destacó el pasado fin de semana Barbón, que calificó la reunión de «importantísima».

La reunión de esta tarde estará marcada por el bloqueo del proyecto de descarbonización que Sánchez y los Mittal presentaron para la cabecera asturiana hace año y medio en Gijón y cuyas ayudas, que rondan los 500 millones de euros, examina la Unión Europea desde hace meses, sin que se haya logrado aún su visto bueno para que el Gobierno central las libere. Los costes energéticos y el despliegue de renovables y del hidrógeno también están en la agenda del encuentro.