España tiene el plan de energía más ambicioso, pero la industria recela de él

España pasó en una moción de censura de ser de los pocos países que no se adhirieron a la alianza contra el carbón, impulsada por Reino Unido y Canadá en la cumbre del clima de Bonn (COP23), a liderar la cruzada por la descarbonización. Mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy apostaba por un proceso más pausado, el plan español de transición energética elaborado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez es calificado como el mejor de Europa por la European Climate Foundation. No saca una nota extraordinaria, apenas aprueba, con 52 puntos sobre 100, pero supera al resto de países, en los que ninguno más llega a 50, el cinco raspado. De hecho, ni con la estrategia española se lograría llegar a cero emisiones de CO2 en 2050, el gran objetivo de la UE. A cambio, el informe destaca que España cuenta con objetivos más ambiciosos que los mínimos fijados por la UE y políticas creíbles.

Al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, elaborado de forma exprés por el gabinete de la ministra Teresa Ribera, le siguen los de Francia (46,9), Grecia (44,2) y Suecia (42,8). A la cola se quedan Bulgaria (14,6), Eslovaquia y Alemania (12,5) y Eslovenia (3,2). La media del bloque europeo, según el informe, titulado 'Planning for Net Zero: Evaluación del proyecto de planes nacionales de energía y clima', apenas se queda en 29 sobre 100.

Estos borradores serán calificados el próximo mes de junio por la Comisión Europea, que emitirá también un conjunto de recomendaciones a los países, aunque este análisis previo ya advierte de que «ninguno» de los planes está «a la altura de las ambiciones» establecidas por la UE y por el Acuerdo del Clima de París.

Entre las dudas que suscita el plan nacional se encuentra la ausencia de un comité científico independiente, la falta de presupuestos de carbono, si se pueden cumplir los objetivos de eficiencia energética o si será posible movilizar los recursos que prevé, más de 200.000 millones de euros durante la próxima década, fundamentales para garantizar la transición justa de la que habla y que tanto necesita Asturias para no sufrir un proceso que ataca la línea de flotación de su economía.

Sin embargo, este plan no contenta ni a los ecologistas ni a la gran industria. Los primeros lo tachan de escaso y han pedido al Gobierno que, nada más que se constituya, declare la emergencia climática y apruebe «de inmediato» medidas concretas para lograr una drástica reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y contribuir a frenar el calentamiento de la Tierra. Las compañías, sin embargo, alertan de la posibilidad real de una fuga de carbono, deslocalizaciones por el alto coste de los derechos de emisión y de los requisitos medioambientales de los Veintiocho, y la posibilidad de producir en otros países sin que el CO2 se reduzca en el planeta o, incluso, con aumentos, ya que Europa es de los territorios con mayores exigencias medioambientales y las factorías asentadas en otras zonas no son tan garantistas como las del viejo continente.