La operación Indra-Escribano encara la recta final con el refuerzo de asesores para garantizar el encaje legal

En los últimos días, la empresa familiar de los Escribano ha contratado los servicios de Santander Investment, según adelantó Expansión y ha podido confirmar este periódico por fuentes del mercado, como asesor financiero en la operación que ha provocado más de un enfrentamiento en el consejo de administración de Indra, donde también tiene representación el CEO de EM&E, Javier Escribano, al ser el segundo máximo accionista del gigante español de defensa, solo superado por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Con este movimiento, la compañía con sede en Alcalá de Henares (Madrid) refuerza la supervisión de la operación con la división de inversiones de la entidad de Ana Botín. Esta se suma a JP Morgan, que desde hace meses trabaja en la asesoría financiera. En el ámbito fiscal y legal, la compañía cuenta con los servicios del despacho Linklaters. Por su parte, Indra ha contratado a PwC, así como a AZ Capital, Morgan Stanley y Renaissance, según fuentes conocedoras de la operación.

Sin embargo, todos estos movimientos están supeditados a las conclusiones de la comisión específica formada por tres consejeros independientes de Indra: Belén Amatriain, Eva María Fernández y Oriol Piña. Estos tres directivos son los encargados de velar por el cumplimiento de las normas aplicables a la correcta gestión del posible conflicto de intereses por la adquisición de la empresa familiar del presidente ejecutivo de Indra. «Es evidente, soy el primero que dije el primer día que había un conflicto de interés», admitió José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, en la presentación de resultados de la compañía el pasado mes de julio. «Esto no impide que pueda salir adelante una operación, solo hay que tratarla de forma profesional», añadió. Ese es el cometido de la comisión —aprobada por unanimidad por el consejo de la cotizada— que trabaja de forma independiente «y de la que no hay noticias ni plazos».

El dictamen aún no tiene fecha, pero en el horizonte aparece el 28 de octubre. Ese día vence el mandato de Belén Amatriain, presidenta de la comisión, y junto con el suyo también concluyen los de Coloma Armero, Olga San Jacinto y Virginia Arce. Asimismo, expira el de Bernardo Villazán, quien solo un mes después de crearse dicho órgano decidió dimitir alegando «razones personales».

Con la salida de estos independientes, Indra cerrará la renovación de la práctica totalidad del consejo, prevista para este año. Cada voto es fundamental para dar luz verde a la operación, y la dupla Escribano–De los Mozos ya cuenta con una amplia mayoría en la cúpula directiva de la cotizada. La posible salida de Amatriain dejaría como única oposición a la operación la de Sapa, de Jokin Aperribay. Para ejecutar el plan de compras —«tenemos hasta 20 empresas en el radar», ha repetido en más de una ocasión De los Mozos—, Escribano necesita apoyos clave en el consejo que respalden las operaciones y eviten bloqueos internos.

Es probable que en la próxima reunión, si finalmente se convoca, se produzca un relevo en el consejo, posterior al realizado antes del verano, cuando se incorporaron Piña y Fernández tras la marcha de Francisco Javier García Sanz y Luis Abril.

La eventual integración de la empresa familiar de los Escribano en el conglomerado de Indra —que acumula en el Ibex 35 una revalorización de un 126 %— tiene como objetivo «crear un campeón nacional» y sumar así los activos y alianzas que posee la empresa madrileña en varios puntos del país.

EM&E fue adjudicataria de 22 contratos por valor de 726 millones de euros entre 2022 y 2024 y se convirtió en uno de los principales clientes de la cartera de Defensa. Así, el interés, según fuentes del sector, por esta firma viene de lejos. En 2021, con Fernando Abril-Martorell al frente de Indra, ya se planteó esta operación. Sin embargo, los Escribano —tras la salida del fondo soberano de Omán— recompraron ese paquete accionarial, dejando fuera a Indra.

Ahora la operación —de la que aún queda por determinar cómo se llevará a cabo y si supondrá o no un desembolso de dinero— está pendiente de su encaje legal y de cómo quedará el reparto accionarial de Indra. Según El Economista, los Escribano reducirán su posición en Indra con el objetivo de no rebasar en ningún momento la participación que mantiene actualmente la Sepi, situada en el 28%, aunque su porcentaje disminuiría tras la operación.

La sociedad de los hermanos Javier y Ángel —consejero y presidente de la tecnológica, respectivamente— posee hoy un 14,3% de los títulos y planea alcanzar aproximadamente un 25% del capital. No obstante, todo depende de la valoración de la compañía, que se estima en torno a los 1.500 millones de euros, según fuentes del mercado, y que supondría un multiplicador de entre 8 y 12 veces respecto a los 127 millones de EBITDA de 2024.