El escudo asturiano contra la siniestralidad

La oleada de accidentes graves y mortales ocurrida desde finales de agosto en Asturias ha suscitado una enorme preocupación entre las administraciones, las empresas, los sindicatos y el conjunto de la sociedad. Hasta el punto de que las partes implicadas en la junta rectora del instituto aceleraron la elaboración de un plan de respuesta contundente que ya se está desarrollando. Un paquete de medidas que incluye el refuerzo de la plantilla del organismo, que ronda el medio centenar de personas, con la cobertura de las siete vacantes que había.

Profesionales con distintos perfiles que trabajan en cuatro áreas preventivas básicas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo. Explica Miryam Hernández, directora del IAPRL desde hace doce años, que «los accidentes nunca son inevitables y los graves y mortales nunca responden a una sola causa, sino a un mínimo de tres». Además, en el 39,4% de los siniestros de esta naturaleza ocurridos en 2023, las causas estaban relacionadas con la organización del trabajo y en otro 26,8% con la gestión de la prevención. «Con ese 66,2% hay que hacer algo», subraya Hernández, quien pone el acento en que «hay una cuestión muy clara y objetiva que no está sujeta a debate y es que las empresas son responsables de la seguridad y salud laboral de sus trabajadores». Para la directora del instituto, no tiene sentido hablar de culpa porque «es de todos, todos podemos hacer las cosas mejor», pero la responsabilidad es de quien «debe asegurarse de tener los medios adecuados para que los accidentes no ocurran y, si suceden, las consecuencias sean las mínimas», es decir, de las compañías, porque así lo recoge la ley.

¿Qué ocurre si un empleado no sigue el procedimiento de trabajo, por ejemplo, al no llevar de manera adecuada el equipo de protección individual (EPI)? «Las empresas tienen potestad para sancionar o despedir», pero en ningún caso pueden permitir que se produzcan situaciones de riesgo, explica. De ahí la importancia de que la cultura preventiva se integre en las organizaciones y cale en todos sus niveles, para lo que el instituto hace una intensa labor formativa con empresas –el pasado año se hicieron 995 visitas a 628 compañías– y centros educativos.

Apunta Hernández que hay sectores con más conciencia del peligro que otros, precisamente aquellos en los que se producen los accidentes más graves y mortales, pero «en todos hay riesgo, es algo intrínseco». Por lo que es imprescindible adecuarse al perfil de la actividad que se desempeña y de los trabajadores, porque nada tienen que ver las necesidades de un joven de 20 años con las de una mujer de 60 que realizan la misma ocupación, pone como muestra la directora del IAPRL. Los riesgos no son solo físicos, sino también de carácter psicosocial. La pandemia ha servido para «visibilizar esta problemática en los entornos laborales, debido al teletrabajo, el aislamiento, el miedo, la percepción excesiva de riesgo...», de tal modo que esta rama de la prevención ha entrado en el debate social «con la mayúscula que lleva teniendo para los prevencionistas desde siempre».

Reconoce Hernández que, al ser una especialidad más centrada en el factor humano, «es mucho más complicada de evaluar y de solucionar», por lo que era habitual dejarla relegada a un mejor momento, que parece que llegó con la crisis del coronavirus. «Nos hemos puesto todos las pilas, pero la especialidad tiene el mismo tiempo y la misma ponderación que todas las demás desde la aprobación de la ley de prevención», recuerda.

Estas cuestiones son la materia de trabajo del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales pero, ¿cómo opera este organismo? El primer paso es la elaboración de un plan estratégico que debe aprobar el Parlamento autonómico. En la actualidad, está vigente el diseñado para el periodo 2022-2027, «que tiene la suficiente permeabilidad como para poder introducir modificaciones», como el plan de choque que se acaba de comenzar a implantar para intentar atajar el repunte de siniestralidad.

El otro eje de la hoja de ruta del instituto es la concertación social que suscriben el Principado y los agentes sociales. La última, que se firmó en septiembre, incluye el mayor presupuesto de los nueve acuerdos rubricados hasta ahora, un total de 4.689 millones de euros. Dentro de las medidas destacan las relacionadas con el ámbito laboral y, como es lógico, con la prevención de riesgos. En estos dos pilares sustenta el organismo su trabajo, que se reparte entre todas las especialidades preventivas, «añadiendo toda la transversalidad imaginable», desde la formación hasta la difusión y concienciación, pasando por la investigación y el asesoramiento (responden a alrededor de 500 consultas de empresas cada año).

Recalca Hernández que su trabajo se centra «en todo lo que pasa hasta el accidente» y comprende todo lo que pueden aportar y las herramientas que puedan diseñar para que estos no ocurran. Porque los siniestros laborales son «un fracaso de todo el colectivo de prevención, al final respondes ante lo que llevas trabajando todo el año por evitar». Pero, ¿qué sucede cuando ocurren? Hay que intentar extraer las consecuencias y minimizarlas y analizar las causas. Cuando tiene lugar un accidente grave o mortal, lo primero que hace la empresa es llamar al 112, que avisa a la Guardia Civil o la Policía Nacional –en función de la zona del siniestro–, a la Inspección de Trabajo y al instituto.

El IAPRL activa entonces el «protocolo de guardia» y envía a un técnico para realizar una primera información, que «normalmente está coordinada con la Inspección de Trabajo». Para ello, el profesional asignado se persona en el lugar del accidente, donde recaba, entre otros, los datos de contacto de las personas que pueden aportar luz sobre los hechos para elaborar un informe. A partir de ahí, empieza la labor de investigación de las causas y la determinación de medidas correctoras, «apoyándonos en nuestras propias indagaciones y entrevistas, la información recabada de la empresa e incluso el atestado policial».

Un trabajo que se prolonga, al menos, durante un mes y medio o dos meses «porque no solamente tienes que hablar con los testigos, sino también recopilar la documentación y analizarla». Luego, Inspección revisa el informe del instituto para determinar responsabilidades. También se ponen accidentes en conocimiento del IAPRL por otras vías, como mediante denuncias. En total, la entidad realiza unos 150 informes de investigación de accidentes cada año.