España se convertirá en el segundo país de Europa con una jornada laboral más corta

Será la primera vez desde hace más de cuarenta años que se reduzca la jornada. La última vez que se acortó por ley en España fue en 1983, cuando se bajó de 43 a las 40 horas actuales. Pero a partir del próximo 1 de enero, España tomará la delantera y se convertirá en el segundo país de Europa que tenga una jornada de trabajo más corta, si la norma se aprueba tal y como está actualmente redactada.

No significa esto que los más de 21 millones de afiliados españoles trabajen todos 40 horas a la semana. Ni mucho menos. En realidad, la gran mayoría tiene ya jornadas inferiores, puesto que gran parte de los convenios colectivos han ido pactando a lo largo de las últimas décadas recortes horarios. De hecho, Asturias es, tras el País Vasco, la segunda comunidad con menos horas pactadas debido, en buena medida, al peso de la negociación colectiva en la región: en los contratos de jornada completa 166,4 horas al mes –unas 37 semanales– frente a las 168,5 de la media nacional, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística, que hace la comparativa mensual.

En el caso de las efectivas, también están por debajo del conjunto del país e, incluso, con una diferencia más abultada, 140,3 –unas 31,2 a la semana– frente a 145,3. Hay disparidades por sectores, aunque en el caso del Principado todos se quedan por debajo del promedio. En servicios están acordadas 165,2 y son efectivas 139,2; en industria es donde hay más distancia entre unas y otras (169,5 por 142,7) y construcción es la actividad en la que se contabiliza más tiempo de trabajo, 170,2 pactadas y 144,7 reales.

En la inmensa mayoría de Europa el límite legal de horas semanales ordinarias está fijado en 40 horas, sobre la base de una semana laboral de cinco días y jornadas de ocho horas. Solo hay dos países en la actualidad que tienen una jornada reglamentaria más corta: Francia, donde está limitada a 35 horas, y Bélgica, donde el máximo permitido son 38. Sin embargo, estos dos Estados establecieron reducciones en las cotizaciones sociales para ponerlo en marcha y compensar en cierta manera a las empresas, algo que en España no se contempla.

Por ejemplo, el Gobierno galo aprobó en sendas leyes de 1998 y 2000 reducir de 39 a 35 horas la jornada laboral estándar sin recorte salarial pero con alguna medida compensatoria y se dio un periodo transitorio de dos años. A cambio, las empresas recibieron incentivos económicos, como reducciones en las cotizaciones sociales. También se les permitió reorganizar su producción en cada caso particular y la medida se fue implantando mediante convenios colectivos. Las horas, además, pasaron a ser computadas de forma anual, otro guiño a los empresarios. Es decir, se permitía mantener las jornadas de 39 horas y se acumulaban los excedentes, de forma que se compensaba a los trabajadores con mañanas libres o días completos.

En el lado contrario se ha situado recientemente Grecia, que ha dado un paso atrás. Desde mañana entra en vigor una nueva ley que permite a muchas empresas pedir a sus empleados que trabajen un día más, seis a la semana (y con una remuneración mayor), lo que supone elevar de 40 a 48 horas la jornada máxima permitida a sectores concretos. Además, los trabajadores podrán ampliar su jornada diaria desde las 8 horas actuales hasta 13. Ambas medidas de forma voluntaria para el empleado y con el objetivo de paliar la falta de mano de obra.

También hay otro grupo de países que no tienen un máximo de horas de trabajo establecido, como Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza (tampoco Reino Unido), por lo que pueden trabajar hasta 48 horas semanales, que es el límite que opera en la legislación europea. Cabe destacar, no obstante, que es precisamente en estos territorios en los que se trabajan menos horas y la productividad es mayor.

El Estado con la jornada efectiva más corta (por su empleo principal) es Países Bajos, de 30,9 horas semanales. Le siguen Noruega (33,1 horas), Dinamarca (33,3), Austria (33,5 horas) y Alemania (33,9). En España, sin embargo, se trabaja más que en estos países: 36,3 horas de media en el empleo principal, por encima también de la media europea (35,9 horas).

Mientras España será tras Francia el país con una jornada legal más corta, se mantendrá como el más restrictivo de Europa en cuanto al uso de horas extras. El Gobierno –al menos por el momento– se mantiene firme y no accede a la petición de la CEOE de elevar el límite máximo anual de 80 horas por trabajador, como sí hizo Francia, que lo situó en 220. Otros, como Hungría o Eslovaquia, tienen un máximo de 400, e incluso hay países en los que no hay ningún tipo de coto, como es el caso de Dinamarca, Reino Unido y Estonia. En contrapartida, España tiene otra anomalía: es de los pocos territorios en los que no es obligatorio pagar esas horas extra con un recargo salarial ni con un tiempo de descanso mayor.

Para Fernando Luján, vicesecretario de UGT, la reducción de jornada no impactará en la actividad económica ni en el empleo: «La vida seguirá igual. Las empresas que están preparadas para competir, competirán, y las que no están preparadas, el mercado las engullirá, pero tengan 40 horas, tengan 37,5 horas o tengan 48», defiende.

Por el contrario, Marcel Jansen, investigador de Fedea, advierte de que «imponerlo por ley puede llevar a efectos negativos en la creación de empleo» y, de igual manera, puede provocar una congelación de los salarios, ya que los empresarios serán más reacios a subirlos. También Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, aboga por no imponer, sino llevar esa reducción de jornada de forma gradual, consensuada con sindicatos y patronal y con flexibilidad horaria, ya sea a través de horas extra o de modulación de la jornada. De lo contrario, podría agravarse la falta de mano de obra, avisa.