Ayuso recuperará el Impuesto de Patrimonio para que Madrid se quede con la recaudación

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció el martes que harían lo necesario para que la recaudado se quedase «en manos del contribuyente madrileño». La recaudación de Patrimonio está cedida a las comunidades autónomas mientras que la del tributo a las grandes fortunas se queda en el Estado, aunque se puede deducir la cuota de Patrimonio. Madrid tiene bonificado al 100% el Impuesto de Patrimonio, por lo que los grandes patrimonios residentes en Madrid no pueden deducirse nada y son los principales aportantes en el tributo a los ricos.

Antes del inicio del Pleno, el portavoz del PP en la Cámara regional, Carlos Díaz-Pache, explicó que están «en contra» del impuesto de Patrimonio, ya que consideran que «penaliza el ahorro» pero que no permitirán que los ingresos se queden «en manos de Sánchez para financiar la fiesta del independentismo y del secesionismo catalán».

Mientras esté vigente el impuesto estatal, el Gobierno regional modificará la bonificación actual de Patrimonio estableciendo en su lugar una bonificación variable para que los contribuyentes madrileños afectados por el impuesto a las grandes fortunas lo paguen en el de Patrimonio. «Los contribuyentes no afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas seguirán sin pagar el Impuesto sobre el Patrimonio», puntualizan en el documento.

Precisamente, en el pasado Pleno de la Asamblea, PSOE y Más Madrid pidieron, a través de una Proposición no de Ley (PNL), recuperar el Impuesto de Patrimonio para rentas superiores a tres millones en la Comunidad, suprimiendo la actual bonificación a partir de dicho tramo pero el Partido Popular votó en contra.

El Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas grava los patrimonios a partir de tres millones de euros con una tarifa progresiva: del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios de entre 5,3 y 10,6 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros. Se trata de un impuesto de carácter estatal complementario al Impuesto de Patrimonio que busca cobrar lo que no se paga en las comunidades autónomas donde está bonificado el tributo sobre patrimonio (Madrid y Andalucía lo tienen bonificado al 100%, Galicia al 50% y Murcia aplica un mínimo exento de 3.700.000 euros).

Aunque Hacienda calculaba que recaudaría 1.500 millones con este impuesto y que afectaría a más de 23.000 contribuyentes, la realidad es que se han ingresado 623 millones en 2023 que han abonado un total de 12.010 contribuyentes, solo el 0,1% del total de contribuyentes españoles. La cuota media a pagar por cada uno de ellos asciende a 52.000 euros. El 85% de los contribuyentes del nuevo impuesto está en Madrid (10.302 contribuyentes) que han aportado el 95% de la recaudación del Impuesto de Solidaridad (555 millones); en Andalucía han tributado 865 personas un total de 29,7 millones; la recaudación en Galicia ascendió a 9,8 millones de euros; y en Cataluña 322 personas pagaron en conjunto dos millones de euros porque los tipos del Impuesto sobre Patrimonio en esa comunidad son inferiores a la tarifa estatal.