Hacienda podrá embargar criptomonedas a los contribuyentes con deudas
El Consejo de Ministros aprueba la transposición de la directiva que introducirá nuevas obligaciones de información para los proveedores
C. A.
Martes, 17 de septiembre 2024, 16:12
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley para la transposición de una directiva europea que, entre otras ... cosas, permitirá a Hacienda embargar criptomonedas a los contribuyentes endeudados.
En concreto, la norma reconoce de manera expresa a las criptomonedas como bienes susceptibles de ello, así como a los bienes y derechos situadosen entidades de pago y de dinero electrónico. Según indican desde el ministerio, esta es «una respuesta a la rápida evolución de los servicios bancarios y de pago y de los medios de pago, entre las que están las tecnologías de registro de criptoactivos».
De hecho, en España ya operan entidades y fintech con licencia de entidad de dinero electrónico que permiten las transacciones con criptoactivos. Y desde este mismo año, tanto las personas físicas como jurídicas tienen la obligación de declarar ante la Agencia Tributaria si tienen este tipo de bienes en el exterior. Es decir, deben comunicar el importe de estos activos digitales en plataformas extranjeras, a partir de un saldo equivalente a los 50.000 euros.
«Esto supondrá un importante avance en el ámbito del intercambio internacional de información fiscal», indican desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero en un comunicado.
Además, la transposición de esta disposición comunitaria, más conocidacomo DAC8 y que ahora inicia su trámite de información pública, permitirá la adaptación de las obligaciones informativas sobre criptomonedas situadas en el extranjero y sobre saldos en las mismas, en las que se sustituye el concepto de moneda virtual por el de criptoactivo.
La norma establece además que todos los proveedores de servicios de criptomonedas, tanto nacionales como extranjeros, tendrán que cumplir las obligaciones establecidas y que afectarán a los usuarios residentes y no residentes.
«Su puesta en marcha permitirá constituir el marco regulatorio necesario para, una vez se comiencen las obligaciones de información, dar cumplimiento a las obligaciones de asistencia mutua con el resto de estados miembros de la Unión Europea», indican desde el Ministerio de Hacienda. «Algo que se extenderá a otras jurisdicciones con las que se intercambie la información, de conformidad con los acuerdos internacionales que puedan suscribirse al respecto», añaden.
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