El Gobierno espera para octubre el acuerdo con los sindicatos para liquidar la minería privada

La realidad se puede ver desde distintos prismas y, prueba de ello, son las impresiones que extrajeron ayer los protagonistas de la reunión que mantuvieron los sindicatos de la minería del carbón con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica, un encuentro destinado a buscar opciones para el sector y sus comarcas antes de que finalice el año. Mientras que desde el Gobierno se expresa la voluntad y esperanza de llegar a un acuerdo el próximo mes de octubre, los representantes de los trabajadores consideran que las propuestas hasta ahora presentadas por el Ejecutivo distan mucho de ser satisfactorias, ya que no plantean alternativas para la actividad y solamente ponen sobre la mesa el cierre de pozos con compensaciones para los mineros mediante bajas y prejubilaciones. Fuera de esta negociación queda Hunosa, ya que su plan, como empresa pública, depende de la SEPI.

El tiempo corre en contra de las empresas mineras y sus plantillas. El 31 de diciembre termina el plazo que dio la Unión Europea para que aquellas explotaciones que recibieron ayudas o bien las devuelvan o cierren. Esto significa en la práctica la liquidación del sector, ya que aunque alguna mina pudiera ser rentable por sí misma, tendría prácticamente imposible retornar las millonarias ayudas recibidas.

Las escasas opciones que tenía el sector para sobrevivir, una vez fijadas las condiciones para el cierre de explotaciones en 2010, pasaban por un Gobierno que negociara con Europa el mantenimiento de los pozos, la flexibilización de las ayudas y que apostara por mantener el carbón como reserva estratégica nacional, al ser el único combustible fósil del país. El Ministerio para la Transición Ecológica, sin embargo, con su titular, Teresa Ribera, a la cabeza, siempre se ha manifestado en contra de este mineral, ya sea autóctono o importado, como fuente de generación y no oculta su apuesta por acelerar el proceso de descarbonización.

Los sindicatos presentes -SOMA-Fitag-UGT y CC OO- coinciden en rechazar la propuesta del Gobierno, a la que acusan de estar llena de indefiniciones y dejar sin alternativas a las cuencas, pero su visión del encuentro también está llena de matices. Así, la presencia del secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, durante diez minutos de la reunión que se prolongó más de tres horas se traduce para el SOMA en «un intento por parte del Gobierno de mostrar su voluntad política para tratar de consensuar las propuestas y alcanzar un posible acuerdo». Mientras que para CC OO «su limitada presencia solo sirvió para constatar su profundo desconocimiento y su nulo interés por el futuro de la minería del carbón».

En este sentido, el secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, considera «decepcionante» el encuentro y cree que el Gobierno «no tiene ninguna intención de buscar viabilidad al carbón autóctono». Por su parte, el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, aunque reconoce que hay poco tiempo para llegar a un acuerdo, señala que aún es pronto para sacar conclusiones, ya que solo se han celebrado dos reuniones. «Las negociaciones son largas, la anterior empezó en 2012 y acabó en 2013». De hecho, ambas partes se han emplazado para el próximo 27 de septiembre.

Sobre la posibilidad de emprender movilizaciones también hay matices entre las dos fuerzas sindicales, aunque ninguna lo descarta. Manzano opina que queda «poco recorrido» y que la situación es «insostenible», por lo que ve «las movilizaciones cerca». Mientras que Alperi recuerda que su sindicato está aún en la primera fase de cualquier proceso de este tipo: la negociación. Quedaría después el paso de «la presión», centrada en el grupo político que sustenta al Gobierno, en este caso el PSOE, y ya por último las movilizaciones. No obstante, también advierte de que si se agotan estas vías no les «temblarán las piernas a la hora de movilizarse». Así, recuerda que en 2012 varios mineros se encerraron durante más de dos meses en los pozos Candín (Langreo) y Santiago (Aller). Sin embargo, considera que aún no es el momento para ello y acusa a CC OO de utilizar la amenaza de movilizaciones «de manera partidista» , por lo que apela a actuar con responsabilidad.

En lo que sí hay coincidencia total entre los dos sindicatos es en exigir al Gobierno central «sensibilidad» con las cuencas y no «demonizar» al sector, a la vez que reclaman su continuidad.