La gran industria solo ahorrará 64 millones al año con el estatuto para las electrointensivas

La gran industria solo ahorrará 64 millones al año con el estatuto para las electrointensivas
Vista del complejo productivo de Arcelor en Veriña. / DANIEL MORA

Arcelor, Asturiana de Zinc y Alcoa tendrán una rebaja de apenas 2 euros por megavatio hora al eliminar los pagos por capacidad e interrumpibilidad

LAURA CASTRO GIJÓN.

El Gobierno hizo ayer público el borrador del estatuto para las electrointensivas y las nuevas medidas que contempla apenas supondrán un ahorro de 64 millones a repartir entre las 253 empresas que pueden considerarse electrointensivas -aquellas que tengan un consumo superior a 40 gigavatios hora al año-. Se esperaba que incluyera una diferenciación entre electrointensivo e hiperelectrointensivos, pero finalmente no ha sido así.

Sí distingue, no obstante, a aquellas grandes consumidoras que participan en la subasta de interrumpibilidad -sistema por el que se retribuye a las empresas por desconectarse de la red en caso de que el operador lo solicite-, como Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc, y que contarán con mayores beneficios que el resto de electrointensivas.

Principales medidas y ayudas

Exención de pagos por capacidad.
Las empresas electrointensivas que participan en la subasta de interrumpibilidad estarán totalmente exentas de este coste, lo que les permitirá ahorrar 1 euro por MWh. El resto de compañías catalogadas como grandes consumidoras tendrán una bonificación del 70%, lo que supone una rebaja de 0,9 MWh. La medida en su conjunto supone un impacto económico de 41 millones de euros.
Supresión de la tasa por interrupción.
Las empresas electrointensivas que participan en la subasta de interrumpibilidad estarán exentas del pago por interrumpibilidad, pues «prestan un servicio que ellos no reciben». La medida supone un ahorro anual de 23 millones, por lo que se reduce en 0,81 euros por MWh el precio de su tarifa eléctrica. El resto de consumidores asumirán esta rebaja con una subida de 0,10 euros por MWh.
Fomento de los contratos bilaterales.
El Gobierno estima que el 80% de las grandes consumidoras (son en total 253 con un consumo anual de 43.276 GWh) firmarán contratos con las eléctricas por diez años para abaratar el coste energético. Estos acuerdos se harían por la base del consumo, un 50% aproximadamente. Por tanto, las electrointensivas podrían pactar un precio a diez años para un total de 17.310 GWh.
Ayudas por emisiones de CO2.
Las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 ya existían antes del estatuto aunque ahora pasarán a estar incluidas en este nuevo reglamento. El Gobierno prevé dotarlas de 76 millones de euros para 2019, aunque no descartaría ampliarlas hasta los 100 millones con una partida extra en función de la «disponibilidad presupuestaria» que haya durante el ejercicio.

El primero de ellos es que estarán exentas de los pagos por capacidad, que son aquellos costes fijos regulados en la tarifa eléctrica destinados a compensar económicamente a las centrales de energía por la inversión que hacen en sus ciclos combinados (hasta el año pasado se las compensaba también por el servicio de disponibilidad, es decir, por estar operativas de forma inmediata cuando la demanda sea superior a la oferta). Supondrá un ahorro de un euro por megavatio hora para cada empresa en el precio de la electricidad, mientras que para las electrointensivas que no participen en la subasta de interrumpibilidad el ahorro será de 0,9 euros por megavatio hora por un descuento del 70%. En total, esta medida supondrá una rebaja de 41 millones de euros para toda la gran industria.

Por otra parte, las grandes consumidoras con servicio de interrumpibilidad estarán también exentas del pago por desconectarse de la red. «Estas empresas contribuyen con la gestión de su demanda energética a la garantía del suministro al prestar un servicio que ellas no perciben», indica el borrador del estatuto. Con el nuevo reglamento, este coste desaparecerá y verán reducido su precio energético en 0,81 euros por megavatio hora. En total, esta medida implica una rebaja de 23 millones de euros para todas las electrointensivas con interrumpibilidad que son, en total, 123. Para ello, serán el resto de consumidores quienes lo asuman incrementando en diez céntimos su precio de la electricidad por megavatio y hora.

Obligaciones para las empresas

Mantener la actividad por tres años.
Los consumidores acogidos a las ayudas deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de, al menos, tres años. De lo contrario, deberán devolverlas a excepción de aquellas compañías que reduzcan en más de un 85% su producción y su plantilla por motivos de crisis empresarial y de forma temporal, siempre que la mitad del empleo y de la actividad se recuperen con un nuevo inversor.
Contratar a plazo un 10% del consumo.
Las empresas del estatuto deberán contratar a plazo, al menos, un 10% su consumo eléctrico anual de forma directa o indirecta por un periodo mínimo de 3 años. Esta medida fomentará la liquidez de los mercados a largo plazo, el desarrollo de los contratos bilaterales y facilitará la contratación a precios más vinculados con la generación de energía a través de plantas renovables.
Inversiones en eficiencia energética.
Las grandes consumidoras tendrán que presentar en el plazo de dos años un sistema de gestión de energía auditado y certificado según la normativa nacional e internacional. Además, deberán acometer cada cuatro años las inversiones económicamente rentables -cuya recuperación directa no supere los tres años- para mejorar su eficiencia energética e informar de las mismas a Transición Ecológica.
Control y evaluación ministerial.
Los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y para la Transición Ecológica seguirán y evaluarán el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a los consumidores electrointensivos que se sometan a los beneficios del estatuto y elaborarán un informe que será público. Servirá, asimismo, para adaptar las obligaciones de este nuevo reglamento a la evolución tecnológica.

Estas son las dos únicas medidas de ahorro directo que incorpora de cero el borrador del estatuto para las electrointensivas y que se sumarán a otras que ya existían como las ayudas por emisiones indirectas de CO2, que también estarán incluidas a partir de ahora en este nuevo reglamento. De hecho, el Gobierno indica que la partida presupuestaria para estas compensaciones será de 76 millones de euros en 2019. No descarta, no obstante, ampliarlas hasta los 100 millones siempre que «haya disponibilidad presupuestaria».

Asimismo, el estatuto para las electrointensivas recoge también la posibilidad de llevar a cabo contratos bilaterales entre las grandes consumidoras y las empresas eléctricas para fijar un precio más competitivo de la energía. Según estima el Gobierno, el 80% de los grandes consumidores firmarían contratos de este tipo por un plazo de diez años. Los acuerdos se harían por un 50% aproximadamente del consumo total de la empresa. Es decir, se garantizaría un precio fijo para un consumo total de 17.310 gigavatios hora para un plazo de diez años.

No obstante, el estatuto se encuentra ahora en fase de consulta pública, por lo que sindicatos y empresas pueden remitir sus propias aportaciones para solicitar una modificación de las medidas que alberga. El Gobierno espera aprobarlo de forma definitiva y a contrarreloj el 26 de abril, dos días antes de las elecciones generales.

A cambio, obligaciones

A cambio de beneficiarse de estas rebajas, el Gobierno exigirá a las electrointensivas que cumplan una serie de compromisos. El primero de ellos, ya se había adelantado en el Real Decreto de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria, y consiste en obligar a las compañías a mantener la actividad y el empleo durante, al menos, tres años a partir de haberles sido concedidas las ayudas. De no cumplirlo, deberán devolver todas las compensaciones recibidas a excepción de aquellas empresas que reduzcan más de un 85% su producción y su plantilla por motivos de crisis y con la llegada de un inversor restablezcan, como mínimo, la mitad de su actividad y empleo.

Asimismo, las electrointensivas deberán presentar en el plazo de dos años un sistema de gestión energética y acometer, al menos, cada cuatro años inversiones económicamente rentables -cuya recuperación no sea superior a tres años- para mejorar la eficiencia energética.

Los ministerios de Transición Ecológica e Industria controlarán que las empresas cumplan todas las obligaciones del estatuto y emitirán un informe al respecto que será público.

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