La industria asturiana afronta el frenazo económico en desventaja con su competencia

Asturias será una de las comunidades más afectadas por la descarbonización. En esto coincide tanto la Unión Europea como el Gobierno, que preparan planes para apoyar esa transición energética y atraer inversiones. Sin embargo, mientras diseñan partidas millonarias para facilitar el asentamiento de nuevos negocios, la industria de la región se lamenta de que se enfrenta a unas condiciones peores que sus competidores, tanto extracomunitarios como europeos e, incluso, nacionales, y sigue esperando el prometido estatuto que reconozca su especifidad y le dé facilidades.

Así, mientras Bruselas pone peros al sistema de interumpibilidad nacional, permite otros similares en gran parte de los países o aplica a España un coeficiente inferior para calcular la ayuda máxima de compensaciones indirectas por el CO2. A la vez que esto sucede, el Gobierno central no está utilizando mecanismos que emplean Francia o Alemania para rebajar sus tarifas, aunque la discriminación más clara tiene que ver con el 'euskopeaje', que beneficia a las empresas vascas. Cuestionado al igual que la interrumpibilidad por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ni el Ejecutivo de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez han actuado sobre él, ya que contaría con la oposición total del PNV. Asimismo, la gran industria denuncia el rumbo regulatorio del gas, que mantiene peajes y sobrerretribuciones que no se dan en otros países, y reclama un arancel ambiental que la proteja de productos extracomunitarios que no hacen frente al mercado de derechos de emisión de CO2.

La convocatoria de la subasta eléctrica hecha pública el pasado martes supone un nuevo golpe para un sector que en la región ha perdido en los últimos dos años 7.600 trabajadores, según la última Encuesta de Población Activa, y que supone un pilar básico para la economía regional. Las nuevas condiciones para la puja pasan por rebajar a menos de la mitad la potencia interrumpible, hasta dejarla en 1.000 MW, todos repartidos en bloques de 5 MW, menos rentables que los de 40 MW que hubo en la última subasta y que los de 90 de las anteriores. Esto significará una reducción drástica de la retribución que reciben las grandes plantas por ofrecer este servicio, que les obliga a desconectarse de la red en caso de que el operador lo requiera. Las compañías calculan que el pago en el primer semestre bajará de los 50 millones de euros, mientras que este año rozó en todo el ejercicio los 200 y en 2014 y 2015 superaba los 500 millones. En 2013, antes de establecer las subastas, la retribución superaba los 700 millones. Ante este último ajuste, advierten desde la asociación que agrupa a los grandes consumidores, Aege, que podría haber compañías a las que ya no les saldría rentable ofrecer el servicio, es decir, que el coste de parar la producción sea mayor que el pago fijo que reciben.

La Unión Europea permitió en su momento el sistema de subasta español, pero lleva años reclamando cambios, al considerar que podría suponer una ayuda de Estado. Tanto el anterior ministro responsable de Energía, el popular Álvaro Nadal, como la actual, la socialista Teresa Ribera, han prometido un nuevo mecanismo que aún no ha llegado, aunque sí han ido introduciendo en las convocatorias modificaciones que implican un aumento de la competencia y un descenso de la remuneración.

El problema es que este es de los pocos sistemas con los que cuentan las compañías electrointensivas para abaratar su factura de la luz, que es hasta un 30% superior a la de sus competidores alemanes y también superior a la de los galos, ya que España no aprovecha otros mecanismos para facilitar la actividad de estas empresas, intensivas en inversiones y mano de obra cualificada.

Además, se da la circunstancia de que la mayoría de países sí emplean un sistema de interrumpibilidad similar al español. En el vecino Portugal cuentan con el llamado 'serviço de interrumpibilidade', en Francia con las 'capacités interrumpibles' y en Alemania con el 'verordnung zu abschaltbaren lasten' o 'AbLav'.

Pero esta no es la única discriminación que llega de Bruselas. El Gobierno elevó este año hasta 172 millones el máximo de compensaciones por el coste indirecto del CO2, es decir unas ayudas que reciben las compañías por los derechos de emisión que pagan las eléctricas y que repercuten en su factura. Sin embargo, otros países tienen el permiso de la Unión Europea para ir más lejos en sus ayudas.

El Gobierno del Principado aprobó este jueves solicitar «formalmente» al Ejecutivo central la aprobación del estatuto para las electrointensivas y más compensaciones por el CO2, además de reclamar en Bruselas el mismo trato que a Alemania, Francia o Bélgica, que cuentan con un coeficiente superior para calcular las ayudas -0,76 frente al 0,57 de España-. También pide llegar al límite máximo permitido, que no quedaría cubierto con el tope actual, debido al incremento del precio de la tonelada de CO2 en este año y el previsto para 2020.

La industria clama en España por recibir las ayudas en la tarifa eléctrica de las que disponen sus competidores de Francia y Alemania, que cuentan con precios hasta un 30% inferiores. «No hay que inventar nada, solo copiar lo que hacen otros», insisten desde la asociación de grandes consumidores, Aege, que pide desde hace años un precio de la electricidad estable, predecible y competitivo, de tal forma que las compañías puedan planificar sus costes e inversiones. Esta organización calcula que en estos dos países las compensaciones por los costes indirectos del CO2 se elevan a 3,4 euros por MWh. En Alemania, además, tienen un ingreso medio de gestión de la demanda (interrumpibilidad) de también 3,4 euros MWh y cuentan con una reducción de los cargos para financiar las renovables y exenciones totales sobre el impuesto de la electricidad y parcial para los costes del sistema -del 80% al 90% para consumos de más de 10 GWh-.

En el caso galo, las rebajas no son tan elevadas, pero sí importantes. Además, de las compensaciones por el CO2, la compañía EDF ofrece precios para los grandes consumidores que ya reducen el precio del pool de 47 euros MWh a 42 MWh. El ingreso medio de gestión de la demanda es de 2,5 euros MWh, la reducción por financiar renovables es de 23 euros MWh, cuentan con la exención total del impuesto sobre la electricidad, y una exención parcial de costes del sistema.

La orden de peajes eléctricos elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque fue enmendada en parte, mantuvo el llamado 'euskopeaje', que el actual Ejecutivo sigue manteniendo, y que beneficia a las industrias navarra y vasca de forma encubierta. La mayoría de suministros industriales en el Principado se producen a entre 20 y 24 kilovoltios, a los que les corresponde una tarifa más cara, frente a la industria ubicada en estas comunidades que cuenta con redes de distribución de 33 kilovoltios y que tienen una tarifa hasta un 20% inferior. El Principado llegó a presentar alegaciones, la CNMC puso reparos a su legalidad e incluso Esquerra Republicana considera este 'euskopeaje' una ayuda de Estado. Sin embargo, en la coyuntura política actual, parece muy complicado que los socialistas vayan a abrir una espita que le llevaría a enfrentarse con el PNV.

Pero, además del precio de la electricidad, las industrias denuncian también un agravio comparativo en los peajes del gas, que suponen una sobrerretribución para las distribuidoras de más de 586 millones de euros. Once asociaciones que agrupan a sectores como el siderúrgico, el papelero, el textil o el químico han alertado esta semana de los efectos que tiene en su competitividad el mantenimiento de esos peajes -la cuantía que paga el consumidor por su transporte y distribución- , que son alrededor de un 45% superiores a la media europea. «En diez años han crecido más de un 60%», señalaron. Estas organizaciones representan a compañías asentadas en el Principado como Arcelor, Ence, Fertiberia, DuPont, Química del Nalón o Bayer, que advierten de la incertidumbre que genera la prórroga del Ministerio para la Transición Ecológica y con la que persistirá una sobrerretribución a las empresas distribuidoras de gas de alrededor de 586 millones de euros, según cuantificó la propia CNMC, ya que se trata de un pago por activos ya amortizados.

Los industriales españoles denuncian que pagan por los peajes del gas el doble que los franceses, el triple que los británicos y hasta seis veces más que los alemanes, lo que implica que soporten precios del gas entre un 20% y un 25% superiores a los de competidores europeos.

Pero más allá de los competidores españoles o europeos, en un mercado global como el actual, uno de los principales problemas se encuentra fuera del continente. Las factorías locales no paran de alertar de los efectos perniciosos que tiene para su mercado la entrada de productos de fuera de la UE que no tienen que hacer frente a la legislación medioambiental y al mercado de derechos de emisión de CO2, establecido para intentar frenar el cambio climático. Es por esto que advierten de una auténtica fuga de carbono y de deslocalizaciones para producir fuera lo que aquí ya no es rentable por estos sobrecostes (24,5 euros por tonelada de CO2), para después importarlo, lo que deriva en más emisiones y el efecto contrario de lo que se persigue. De ahí que se demande algún tipo de arancel ambiental que penalice esos productos foráneos que no cumplen con requisitos ambientales. El problema es que es muy complejo de establecer, tanto porque en la UE hay muchos intereses contrapuestos. Por ejemplo, muchos países con escasa industria básica e importantes plantas transformadoras están encantados con ese producto extranjero barato que llega y que permite a sus compañías ahorrar costes y ser más competitivas. Frente a esto, empresas como Arcelor ven como el acero turco y ruso amenaza sus factorías en Europa y como puede serle más rentable importarlo de lugares como Brasil.