El ingreso mínimo vital llegará a 55.000 familias asturianas

Quedan muchos flecos sueltos sobre el ingreso mínimo vital, pero las comunidades y el Gobierno central empiezan a afinar sus cálculos. En el caso del Principado, la previsión es que alrededor de 55.000 familias asturianas se beneficiarán de esta nueva prestación, entre los que se incluyen las 22.000 que perciben el salario social. La propia consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, señaló, en una entrevista concedida a este periódico, que las solicitudes pasarán de 200 a 500 al mes. Si se tiene en cuenta que de cada nómina del salario social viven 2,2 personas, ascienden a 110.000 los potenciales beneficiarios de estas ayudas. Aunque aún hay numerosas dudas sobre la nueva prestación, que el Gobierno prevé aprobar en la segunda quincena de este mes, la consejera dejó claro que se trata de un complemento al salario social asturiano. Aún no está decidido si será un dinero adicional hasta llegar a los límites fijados para cada unidad económica de convivencia o si supondrá un incremento mayor.

Así, en el caso de un adulto, el tope se situará en 462 euros mensuales, mientras que para una familia formada por dos adultos y dos niños el umbral se colocaría en 1.015 euros, según el borrador que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trasladado a las regiones. Mientras que Álvarez pide que nadie se llame a engaño por que el ingreso mínimo vital rondará los 500 euros y no cantidades más elevadas, buena parte del tercer sector sostiene que no fue eso lo que se pactó con el Ejecutivo central, sino que esta prestación debía acercarse al Salario Mínimo Interprofesional, que está en 950 euros al mes. Precisamente, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) lanzó ayer la campaña 'Renta Mínima Sí: Pon tus prejuicios en cuarentena', para sensibilizar y eliminar las suspicacias asociadas a la adopción de un ingreso mínimo estatal.

Impacto económico

La gran incógnita está en si el Gobierno de Pedro Sánchez asumirá los pagos a los perceptores del salario social –de manera que el Principado podría destinar esta partida a otros menesteres– o solo abonará las prestaciones a los nuevos beneficiarios (además de la diferencia de dinero entre la ayuda asturiana y el ingreso mínimo correspondiente a cada unidad de convivencia). Asimismo, el ingreso mínimo incluirá medidas para reforzar el estímulo al empleo.

En concreto, existirá un complemento o un incentivo a la renta garantizada para los hogares en los que uno o varios de sus miembros trabajen y obtengan ingresos salariales o rendimientos de sus actividades por cuenta propia. Los beneficiarios, además de reunir condiciones económicas, tendrán cumplir requisitos cualitativos: deberán ser mayores de 23 años, salvo que tengan, al menos, un hijo a cargo, y menores de 65 años.