10.000 asturianos tienen créditos con las hipotecas que cuestionan la justicia europea

Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. / EFE
Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. / EFE

Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea abre la puerta a que los jueces anulen las hipotecas con IRPH

S. ARROYO / P. LAMADRIDBRUSELAS / GIJÓN.

El controvertido IRPH quedará en manos de los jueces españoles. Que un índice sea oficial y, por tanto, se encuentre bajo el paraguas del Banco de España, no lleva aparejadas plenas garantías de transparencia y seguridad para el consumidor. Sobre esa tesis, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), aplicado a un millón de hipotecas en España, no está excluido del ámbito de aplicación de una directiva comunitaria que ya consideró abusiva la cláusula suelo, provocando un vuelco en el sistema bancario español.

Ahora, un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) gira en la misma dirección y parece allanar el camino para que los jueces nacionales puedan anular el IRPH de un contrato si determinan que existe un «potencial carácter abusivo» en sus condiciones. Es una opinión de peso que, de ser tomada en consideración por los magistrados de la Alta Corte de Luxemburgo -la sentencia definitiva se espera para finales de este año o principios del próximo-, abriría la puerta a reclamaciones millonarias.

En Asturias, la Unión de Consumidores (UCE) estima que más de 10.000 familias tienen hipotecascon este índice, que «vienen pagando un sobrecoste de 200 euros al mes con relación al euríbor y acumulando una media de 20.000 euros desde la firma del crédito», explicó ayer el presidente de esta organiación, Dacio Alonso. En su día, las entidades «impusieron el IRPH porque era más estable y fiable que el euríbor, pero ahora este índice cotiza al 1,84%, mientras que el euríbor lo hace a -0,38%», añadió.

Así, Alonso recomendó a las familias «blindarse frente a la presión que ejercerán sus bancos para ofrecerles un cambio de IRPH a euríbor o un fijo, pero a cambio de renunciar a las devoluciones si el TJUE considera la nulidad, tal y como pasó con las cláusulas suelo».

Al IRPH, una de las seis referencias legales que los bancos podían aplicar a las hipotecas (euríbor incluido), se encuentran expuestos los cinco 'colosos' del país con 16.300 millones en créditos: CaixaBank (6.500), Santander (4.300), BBVA (3.100), Bankia (1.600) y Sabadell (830). A ellos habría que añadir otros 727 millones de Kutxabank y 209 de Liberbank. De momento esa opinión preceptiva, que no vinculante, invalida lo defendido por España y la propia banca durante la vista oral celebrada en febrero.

El letrado autor del informe, el polaco Maciej Szpunar, se muestra en desacuerdo con lo que allí se argumentó: que el IRPH «era un índice oficial no elaborado por los operadores de mercado, lo que lo hacía objetivo y transparente» y que, en todo caso, la supuesta abusividad se referiría a un hecho posterior a los contratos, como el desplome del euríbor durante la crisis. El IRPH se expandió en plena etapa del 'boom' inmobiliario bajo la premisa de que era mucho menos volátil que el euríbor. Pero cuando este se retrajo, el IRPH se mantuvo muy por encima debido a que se calcula con la media de los tipos que aplican las entidades, con diferenciales y comisiones incluidos. De ahí que los titulares de préstamos ligados al indicador a nivel nacional habrían pagado de más unos 25.000 euros de media por hipoteca en todos estos años, entre 250 y 300 euros mensuales de sobrecoste.

Oficial y legal, pero complejo

Szpunar no cuestiona su legalidad y tampoco se aventura a declarar nulo el índice de un Estado miembro. Ni se arriesga a aseverar la forma en la que los perjudicados deberían ser compensados por los sobrecostes. Pero en su informe de 33 páginas remarca que es «indispensable que el correspondiente Derecho nacional garantice efectivamente la plena aplicación de la directiva; que la situación jurídica que resulte de dicho Derecho sea suficientemente precisa y clara; y que se permita a los beneficiarios conocer la totalidad de sus derechos y, en su caso, invocarlos ante los tribunales nacionales».

A partir de ahí, recomienda a la Curia comunitaria que atienda la tesis de que son los jueces nacionales los que tienen que «efectuar el control de la transparencia de la cláusula controvertida y verificarla, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato». Incluye incluso las recomendaciones de lo que debería ser una información y clara para los clientes.

Dice, en definitiva, que el consumir debería estar en condiciones de valorar «basándose en criterios precisos e inteligibles» las consecuencias que se derivan de la aplicación del índice. Y recomienda a los jueces nacionales que, aunque confirmen que ha sido clara y comprensible la redacción de las cláusulas contractuales, calibren «la posible existencia de un desequilibrio importante en detrimento del consumidor».

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