La gran industria clama contra el Gobierno por recortar a la mitad la subasta eléctrica

La gran industria recibió ayer como un golpe bajo la resolución de la Secretaría de Estado de Energía que reduce a menos de la mitad la potencia interrumpible en la subasta correspondiente al primer semestre de 2020 y que, además, elimina los bloques de 40 megavatios (MW), los más rentables y a los que solo pueden optar las plantas de mayor tamaño, como las de Arcelor o Asturiana de Zinc (AZSA), para dejar únicamente los de 5 MW y aumentar la competencia.

La asignación del servicio se realizará mediante una puja de solo 1.000 MW, frente a los 2.340 de la última, con mucho, la menor cifra desde que se puso en marcha este sistema. El precio de salida del MW será de 125.000 euros, pero se irá reduciendo en esta subasta a la baja. Esto supondrá que las empresas reciban una remuneración menor por suministrar a la red el llamado servicio de interrumpibilidad, por el que se desconectan en caso de que se les requiera para equilibrar la oferta y la demanda eléctrica, bien por un pico de consumo, por una avería o para contener los precios.

La preocupación es máxima en la gran industria. De hecho, ayer, Fernando Soto, director general de Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía (Aege), en la que se integran, entre otras, Arcelor, AZSA, Alcoa o AirLiquide, reconoció que la publicación de la convocatoria les dejó «en estado de shock». Soto advirtió también de que decisiones así «ponen en serio peligro las plantas» y censuró que haya nuevos ajustes cuando el Gobierno ha incumplido su promesa de aprobar el estatuto de las electrointensivas -se había comprometido a hacerlo en abril, justo antes de las elecciones-.

Más de medio año después, las medidas llamadas a rebajar la factura eléctrica de la gran industria siguen en el cajón -más allá del aumento de las compensaciones por los costes indirectos del CO2-. El Ejecutivo argumenta que no ha podido aprobar el estatuto porque se encuentra en funciones, pero sí ha dado luz verde al real decreto de retribución de las renovables. «Estamos sorprendidos, no entendemos por qué se aprueba uno y no el otro», recalcó Soto.

El malestar en Arcelor también es evidente. El presidente de la multinacional y máximo accionista, Lakshmi Mittal, se reunió en octubre con Pedro Sánchez, que reiteró su promesa de rebajar los costes energéticos. «Todo se queda en buenas palabras», dicen desde Aege.

Fuentes de la multinacional siderúrgica, recordaron que el contexto de ralentización de la economía y los sobrecostes energéticos en España han llevado a la compañía a realizar ajustes en sus centros productivos, entre ellos en las dos plantas asturianas, y que ahora ven «con gran inquietud las consecuencias que se puedan derivar del devenir de la próxima subasta», ya que este es de los pocos mecanismos que tiene la gran industria para reducir su factura eléctrica, que es hasta un 30% más elevada que la de países competidores como Alemania o Francia.

Arcelor ya augura que el recorte en la subasta, que tendrá lugar entre los días 16 y 20 de diciembre, supondrá una reducción de la retribución superior al 50%. Fuentes del sector calculan que la cuantía total se quedará por debajo de los 50 millones de euros -en todo 2019 rozará los 200, pero en 2015 fue de 550-.

«No se entrevé ninguna medida alternativa que mitigue esta pérdida», se quejan en Arcelor. Sus responsables insisten en que «la realidad del marco normativo y la sensibilidad a la industria electrointensiva española» reducen su competitividad en relación a las plantas de otros países y por ello ven «de imperiosa necesidad» que se dé luz verde a ese estatuto y que cuente con presupuesto y medidas suficientes para revertir la situación, «cuyo panorama será ahora más crítico aún, si cabe».

La falta de medidas para rebajar la factura eléctrica también pone el foco en la antigua factoría de Alcoa de Avilés, ya que aunque Alu Ibérica no va a la subasta porque no produce ya aluminio primario, el hecho de que se reduzcan los apoyos para rebajar la factura eléctrica aleja el horizonte de arranque de las cubas de electrólisis.

En su resolución, el Ministerio para la Transición Ecológica recalca que los cambios en la subasta se deben a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Unión Europea, que no ve con buenos ojos este sistema, aunque sí permite distintos mecanismos para rebajar el precio en los países del entorno y que, salvo el caso de los costes indirectos del CO2, no se aplican en España.

Las condiciones de la subasta hechas públicas ayer también suscitaron los reproches de los sindicatos. El secretario general de UGT-FICA, Jenaro Martínez, calificó de «despropósito y desastre» el ajuste decidido por el gabinete de Teresa Ribera y destacó, sobre todo, que el recorte no se equilibra de ninguna forma. En este sentido, reclamó que se apruebe de forma urgente el estatuto y que el Principado «use su influencia en Madrid para defender a capa y espada la industria y el empleo».

Para su homólogo en CC OO de Industria, Damián Manzano, la convocatoria es «una salvajada que puede suponer la puntilla a la industria electrointensiva en Asturias» y culpó de esta decisión a las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, que aseguró que anuncian medidas que solo consisten en mover el dinero de unas partidas que ya existían a otras.

Por su parte, el coordinador de la gestora de USO, Juanjo Estrada, también censuró que las palabras del Gobierno choquen contra la realidad y destacó las promesas incumplidas del Ejecutivo.