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RAMÓN MUÑIZ
gijón.
Viernes, 3 de abril 2020, 02:30
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La lista de sectores perjudicados por el estado de alarma es larga, pero en ella las empresas que viven de concesiones de la Administración juegan con una carta a su favor. Exploten autopistas o líneas de autobús, ha sido su contraparte la que decretó estas medidas de confinamiento que lesionan su negocio, por lo que se emplearán en plantearle compensaciones.
Será a su debido tiempo. De momento el daño está siendo más que evidente. Aucalsa, la concesionaria de la autopista del Huerna (AP-66), tiene constatado un desplome del 90% en el tráfico de vehículos ligeros y del 25% en el de pesados tras el estado de alarma. La autopista que funciona como termómetro de la evolución económica de Asturias y León venía experimentando este 2020 un avance moderado, del 0,38% entre todos sus clientes hasta el 15 de marzo.
Dos semanas de restricciones han bastado, sin embargo, para que la autopista marque su mínimo histórico de actividad y eche por tierra las previsiones que Aucalsa manejaba. Según su último balance anual presentado, el de 2018, en un mes promedio la concesionaria capta 3,3 millones, ingresos que le permiten compensar casi todos sus costes de personal. Son números que ya no valen. A 31 de marzo, dos semanas de confinamiento habían bastando para hundir todo el balance trimestral, hasta acumular una pérdida de usuarios del 17,22% entre los ligeros y del 3,06% entre los vehículos pesados.
El roto que sufre Aucalsa es similar al del resto de concesionarias. Se trata de un sector que se ha mostrado activo a la hora de pelear para que las cargas sobrevenidas recaigan sobre el erario público. La propia concesionaria de la AP-66 está dando ejemplo, en los últimos años, al requerir al ministerio que le compense si finalmente le fuerza a asumir los cerca de 50 millones que cuestan las obras para adaptar sus túneles a la legislación comunitaria. La jurisprudencia sobre a quién toca pagar las facturas por circunstancias de fuerza mayor es, en todo caso amplia, y no siempre favorable a los intereses de las empresas privadas.
De momento el sector se centra en hacer inventario de daños y gestionar lo inmediato. Quien ya se ha adelantado en esa pugna es Sacyr, accionista mayoritario en España de ocho concesionarias. La lista incluye a Viastur, la concesionaria que ejecutó la autovía AS-II Gijón-Oviedo, y a la que el Principado retribuye liquidándole un peaje en sombra en función de su tráfico. En Galicia controla otro peaje en sombra, a través de autovía do Barbanza, y es en su nombre en el que ha reclamado ya a la Xunta una ayuda.
«Como consecuencia de la citada limitación de la libertad de circulación, se ha producido una reducción muy sustancial del tráfico en la autovía», lamentan en un escrito publicado por La Voz de Galicia. Los reales decretos aprobados por el Ejecutivo nacional dan base a ello, al establecer que quienes tengan obras en curso o concesiones con la Administración podrán solicitar más plazo o condiciones para compensar las pérdidas: «Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados».
En el Principado no consta reclamación alguna de Viastur. El contrato de la concesionaria de Sacyr con la Administración regional estipula que las liquidaciones se realizan a año cerrado, de forma que el canon correspondiente al ejercicio pasado no fue saldado hasta el mes pasado. Se trataría, por tanto, de una circunstancia distinta al caso gallego.
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