Los primeros resultados de la subasta eléctrica auguran una debacle para la gran industria

La gran industria esperaba un importante recorte en la subasta de interrumpibilidad que se está celebrando desde el martes, pero no tan enorme como los resultados que empiezan a trascender y que apuntan a un descenso del 95% en la remuneración con respecto a la de este 2019, que a su vez no llega ni a la mitad de lo que se pagaba en 2017.

La convocatoria ya supuso un serio varapalo para las compañías electrointensivas que suelen suministrar este servicio y que auguraban una reducción importante de la retribución que reciben por él -dejan de consumir electricidad si el operador lo requiere para adecuar la oferta a la demanda o reducir los precios-. La subasta para el primer semestre de 2020 partía con solo 1.000 MW en liza, frente a los 2.340 de la anterior, una reducción de casi el 60% con la que calculaban que la retribución pudiera caer por debajo de los 50 millones de euros. Sin embargo, los primeros resultados son muy inferiores.

El precio promedio de los primeros 50 bloques de 5 MW que se han subastado no alcanza los 8.500 euros anuales -se trata de una subasta a la baja que tenía un precio de salida de 125.000 euros-, cuando en la anterior convocatoria el precio medio de asignación se situó en 96.925 euros/MW y año para los productos de 40 MW, los más rentables para hiperelectrointensivas como Arcelor y Asturiana de Zinc, y en 75.307 euros/MW y año para los de 5 MW. Esto dejó la media en 81.220 euros por MW, mientras que ahora las retribuciones se quedan en poco más de una décima parte, el recorte ronda el 89%.

No obstante, estas cifras son medias, por lo tanto, hay compañías con remuneraciones aún inferiores y también con otras superiores.

En el caso de Asturias, una vez que Alcoa ha vendido su planta de Avilés y esta se mantiene sin activar las cubas de electrólisis, son Arcelor y AZSA las que han acudido a la subasta, en la que participan un total de 120 compañías. Según ha podido saber este periódico, el recorte está siendo muy severo, aunque menor que las cifras que han trascendido de media.

Si el precio se mantiene como en los primeros 250 MW subastados, la retribución a la gran industria española se quedará en menos de cinco millones para el primer semestre, frente a los 190 millones anuales de este 2019, los más de 300 de 2018 y los más de 500 de 2017. El Gobierno, tanto en la etapa de Mariano Rajoy como en la de Pedro Sánchez, ha ido justificando estos recortes por las advertencias de la Unión Europea, que avisaba de que este mecanismo podía ser considerado una ayuda de Estado por parte de sus autoridades de la Competencia, que, sin embargo, sí permiten sistemas similares en otros países. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, aseguró tras hacerse pública la última convocatoria que España había forzado la situación para que se celebrara la subasta y que la reducción tenía el objetivo, precisamente, de que Bruselas no sancionara a España.

Esta rebaja y el hecho de que el servicio de interrumpibilidad se utilice cada vez más, y obligue a detener la actividad de las plantas, trae un problema añadido, ya que para muchas compañías puede dejar de ser rentable prestar este servicio o incluso incurrir en pérdidas. En el caso de Arcelor, ya lo advirtió en octubre de 2018, cuando llegó a recibir tres avisos de corte no consecutivos en una mañana y, entonces, las retribuciones eran muy superiores.

Todo esto sucede sin que se haya aprobado aún el estatuto de las electrointensivas, con medidas con las que en teoría se podría rebajar su abultada factura eléctrica, hasta un 30% superior a la de sus competidores de Alemania y Fracia. El mecanismo que sí ha desarrollado el Ejecutivo central es el del de las ayudas por los costes indirectos del CO2, partida que ha elevado hasta casi 200 millones de euros. Sin embargo, el incremento de estas ayudas no podrá paliar el recorte de la interrumpibilidad.