La SEPI apura el plazo para aprobar el rescate de Duro, que se espera la próxima semana

El retraso se atribuye a la negociación con la banca de la reestructuración de la deuda, que asciende a 85 millones, e incluso a una especie de pulso entre las entidades financieras, que no quieren perder ya más dinero tras la quita de 2018, y la SEPI, que cuenta ya con un plan financiero y de viabilidad que no permite hacer demasiadas concesiones a los bancos.

Tras rumorearse durante semanas que Duro Felguera iba a solicitar el rescate, la compañía asturiana hizo oficial su petición el 28 de agosto del año pasado, con la esperanza de una aprobación rápida. El planteamiento original era de 100 millones de euros, 30 a través de una ampliación y 70 de un préstamo participativo. Sin embargo, a finales de diciembre, el grupo asturiano elevó su petición 20 millones más, en este caso mediante un préstamo ordinario, debido al deterioro del negocio durante los meses anteriores. Se trata, por tanto, de 120 millones de euros, una cifra muy similar a los 125 de pérdidas que registró en los nueve primeros meses de 2020.

Al formalizar la solicitud, fuentes de la compañía ya advirtieron de que su situación era límite, incluso que no podía esperar esos seis meses de plazo estipulados en el decreto y que necesitaba una respuesta antes. Se esperaba en diciembre. El calendario que se fijaba Duro en verano pasaba por lograr el apoyo estatal, para después conseguir la renegociación de la deuda con la banca y, posteriormente, dar entrada a un inversor industrial, pero sus planes fueron alterados al requerir la SEPI el acuerdo de las entidades financieras.

Sin embargo, el tiempo fue pasando y, primero, dudas técnicas que fueron subsanadas y, posteriormente, las difíciles negociaciones con la banca fueron posponiendo la resolución del expediente. El problema es que este retraso ha deteriorado aún más la situación, ya crítica, de la compañía. Esta misma semana, representantes de los trabajadores alertaban de la incertidumbre que se cierne sobre ellos e, incluso, ponían en duda que se pudiera cobrar la nómina de febrero. Sin embargo, la empresa desmintió que fuera haber problemas para efectuar este pago. Facilita este hecho que haya un ERTE vigente que podría afectar a 425 empleados, aunque son menos los regulados en la actualidad.

A pesar de que el consejo gestor de la SEPI aprobara el rescate en los próximos días, el proceso aún es largo. Eso sí, la decisión despejaría mucho el futuro de una compañía que lleva, al menos, cinco años sumida en una seria crisis. El Principado también ha anunciado que tendrá una participación en el accionariado «temporal», hasta que se consiga un inversor, y «pequeña», concretamente inferior al 5%, pero «significativa».

Si finalmente la SEPI da luz verde, el expediente llegará después a la mesa del Consejo de Ministros que tendría que refrendarlo. Y, a partir de ahí, se abren distintas opciones. El Estado se hará con el 40% del capital, pero no de forma inmediata. Como cotizada, los plazos son largos y, en el mejor de los casos, podrían pasar dos meses hasta que se pudiera celebrar la junta de accionistas correspondiente. Sin embargo, la empresa confía en que el Estado desbloquee primero una parte de los préstamos solicitados y alivie su situación.

Además, los representantes de las administraciones podrían no tener que esperar para sentarse en el consejo, ya que tienen la opción de hacerlo por cooptación, antes incluso de tener derecho formal, puesto que este órgano de dirección cuenta con tres vacantes que no han sido suplidas en esta previsión. Y, posteriormente, tocará abrir la puerta a un inversor, sobre el que tendrá la última palabra el Estado. De momento, hay cuatro ofertas sobre la mesa, entre ellas, la del dueño de Capital Energy, Jesús Martín Buezas, que se ve con buenos ojos.