Asturias tiene la peor ratio entre ocupados y pensionistas de toda España
426.200 ocupados sostienen 301.540 pensiones en el Principado, la peor ratio del país con 1,4 empleados por paga | Uno de cada cinco trabajadores asturianos depende de las administraciones públicas
En Asturias, el empleo público constituye un pilar esencial del mercado laboral y prueba de ello es que el 19,85% de los ocupados ... depende de las administraciones, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto posiciona al Principado como la cuarta comunidad autónoma con mayor peso del sector público, por encima de la media nacional del 16,08%. Son, además, más de tres puntos por encima de los registrados en 2024 (16,5%). Este avance del empleo público contrasta, sin embargo, con el retroceso experimentado por el sector privado, cuyo peso en la región –según los datos del primer trimestre– se ha reducido en el último año del 83,5% al 80,2%.
Pese a la estabilidad que ofrece un puesto público para el trabajador, el crecimiento de esta tipología de empleo puede tener efectos negativos en la economía productiva. Porque las administraciones asumen cada vez más gastos, que complican su sostenibilidad financiera. Además, puede agravar los desafíos estructurales para sostener el sistema de pensiones español, basado en un modelo de reparto que depende de la solidaridad intergeneracional.
El sistema funciona redistribuyendo las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo para financiar directamente las prestaciones de los jubilados actuales. En Asturias, los datos del mercado laboral correspondientes al mes de mayo evidencian un desequilibrio crítico, puesto que 426.200 trabajadores en activo sostienen 301.540 pensiones; es decir, la ratio es de apenas 1,4 trabajadores por pensión, la más baja de España, frente a una media nacional de 2,11. Este desajuste se intensifica de forma especial en el Principado por el condicionante demográfico, con una de las tasas de envejecimiento más altas del país.
Contar con un empleo privado sólido para sostener las finanzas del sistema de pensiones es crucial, pero el estancamiento de este sector en Asturias, donde el crecimiento se concentra en las administraciones públicas, debilita significativamente la base de cotizantes. Este escenario se ve agravado, además, al contar con un paro registrado juvenil superior al 25%, el más elevado de Europa. La alta proporción de empleo público, aunque proporciona estabilidad, no compensa la falta de dinamismo en otros sectores productivos, lo que incrementa el riesgo de desequilibrios financieros a largo plazo.
Reformas
Estas tensiones estructurales, que aunque son generalizadas sí están más acentuadas en Asturias, porque además la región cuenta con la segunda pensión media de jubilación más elevada de todo el país, con 1.776 euros, tan solo por detrás de los 1.833 euros de País Vasco y muy por encima del promedio nacional, que se situó en mayo en 1.505 euros. Al contar con una de las pensiones por jubilación más abultadas, una fuerza laboral cada vez más envejecida y un paro juvenil elevado, se genera un contexto complejo que cada vez presiona más el sistema.
Precisamente por ello, cada vez más voces insisten en la necesidad de realizar reformas estructurales. A juicio de buena parte del empresariado, rediseñar el sistema –una tarea que debe hacerse a escala nacional– debe pasar por una dinamización del empleo privado, la diversificación de las fuentes de cotización y el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera, sin sacrificar la equidad. Todo ello con el objetivo de garantizar pensiones dignas para las próximas generaciones.
Este desafío requiere abordar de manera integral las transformaciones demográficas, laborales y económicas que enfrentan Asturias y España, con un enfoque que equilibre la estabilidad del empleo público con la dinamización de sectores productivos clave.
Asturias y Galicia son las regiones donde los jóvenes tienen menos peso sobre el total de ocupados
La falta de relevo generacional en el mercado laboral es uno de los principales desafíos demográficos y económicos de las regiones más envejecidas, como Asturias y Galicia. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al primer trimestre de 2025, ambas comunidades autónomas presentan las tasas más bajas de trabajadores jóvenes de todo el país. En la región vecina, solo el 4% de los ocupados tiene entre 16 y 24 años; en el Principado, la cifra asciende ligeramente hasta el 4,1%, muy por debajo del promedio del país, que se sitúa en el 5,7%.
El desfase generacional se extiende también al siguiente tramo de edad. En Asturias, únicamente el 15,4% de los trabajadores pertenece al grupo de entre 25 y 34 años, frente al 19,2% que representa ese colectivo a escala nacional. Este déficit contrasta con la sobrerrepresentación de los grupos de mayor edad: el 32,5% de los ocupados asturianos tiene entre 45 y 54 años (tres puntos por encima de la media nacional del 29,2%) y un significativo 24,1% supera los 55 años (frente al 21,6% del conjunto del país).
Estos desequilibrios demográficos dibujan un panorama complejo para el futuro del empleo en la región. El envejecimiento de la población activa amenaza con reducir la productividad potencial, aumentar los costes laborales y tensionar aún más los sistemas de protección social, especialmente el de pensiones. La baja incorporación de jóvenes al mercado de trabajo no solo refleja una falta de oportunidades laborales atractivas o adecuadas para este segmento, sino también la salida de talento hacia otras comunidades o países. Sin medidas que favorezcan el retorno de población joven y su integración efectiva en el tejido económico, Asturias se enfrenta a una merma progresiva de su base productiva.
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