La plantilla pide a Alcoa otra prórroga y volver a iniciar el proceso de venta

Visita a Oviedo. La ministra Reyes Maroto promete un estatuto para las electrointensivas./ MARIO ROJAS
Visita a Oviedo. La ministra Reyes Maroto promete un estatuto para las electrointensivas. / MARIO ROJAS

El Ministerio de Trabajo se incorpora hoy a la negociación y Quantum insiste en su oferta; el Principado reclama «apurar las posibilidades»

LAURA CASTROGIJÓN.

Ocho meses contra las cuerdas, con las calles como principal arma y con el respaldo de miles de ciudadanos que ven un futuro muy negro para la industria. La lucha de los trabajadores por salvar las plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña viene de tiempo a atrás, años que ahora se reducen a los próximos ocho días, la prórroga aceptada por Alcoa para determinar si Parter tiene o no las garantías financieras suficientes para hacerse con las factorías, aunque podrían ser más. Los trabajadores reclamarán hoy en una nueva reunión en Madrid que se vuelva al inicio del proceso de venta y que se analicen otra vez las ofertas de todos los candidatos. «¿Cómo vamos a fiarnos de nada?», se lamenta el presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, después de que la multinacional, que ya tenía cerrada la operación con Parter, dijera el viernes que no cumple las garantías financieras. Es el mismo argumento que dio para descartar la oferta de Quantum, la preferida de la plantilla, en la que el fondo alemán insiste.

La petición de una prórroga de cuatro meses, hasta el 31 de octubre, es uno de los motivos que llevará al Ministerio de Trabajo a incorporarse a la reunión de hoy. En el Gobierno central y en el autonómico hay un visible enfado con Alcoa, sobre todo, porque las administraciones llegaron a defender la oferta que la multinacional había elegido, incluso enfrentándose a los trabajadores, y porque la compañía ni si quiera se dignó a informarles de esa supuesta falta de garantías de Parter. Se enteraron por los propios trabajadores. Ayer mismo, el consejero de Industria asturiano, Isaac Pola, volvió a reclamar que se apuren «todas las posibilidades para conseguir el objetivo final», además de cargar contra la aluminera, de la que dijo que con su comportamiento se «autocalifica».

Pleno empleo por dos años
Parter mantendrá al 100% de la plantilla durante 24 meses para cumplir con el acuerdo firmado entre Alcoa y los trabajadores en enero.
Las series de electrolisis
Solo se asumirá después al 100% de la plantilla si las series de electrolisis vuelven a arrancar y para ello es fundamental que se abaraten los costes de la energía por debajo de los 40 euros por megavatio hora.
Refuerzo de fundición
Parter reforzará la fundición invirtiendo 40 millones entre las dos plantas a para alcanzar una producción de 160.000 toneladas anuales.
Nuevos mercados
El grupo suizo quiere producir lingotes de alta calidad para el sector de la construcción, la automoción y el aeronáutico.
Bajas voluntarias
Parter ofrece bajas voluntarias con una indemnización por 12 meses, durante los 6 primeros meses tras la venta.

Sin embargo, la plantilla carga casi al mismo nivel contra Alcoa y contra las administraciones, a las que acusan de desentenderse del caso y buscar la foto con un cierre en falso de la crisis. «Han hecho el ridículo», carga De la Uz, que asegura que después de tanto tiempo los trabajadores y sus familias están «rotos».

Si Alcoa no acepta una nueva prórroga solo quedarán ocho días más de lucha, de un suspense que viene de lejos. Ya en 2014 las plantas estuvieron en peligro. El segundo capítulo de esta angustiosa pelea a contrarreloj comenzó a escribirse el pasado 17 de octubre, cuando la multinacional, cansada de pedir una rebaja en la factura eléctrica y orientada hacia sus nuevas y gigantes instalaciones en Arabia Saudí, decidió poner punto final a su andadura en Avilés y La Coruña, con el despido de sus 686 empleados. La reacción de la plantilla fue inmediata y solo tres días después del anuncio de la empresa, más de 6.000 personas tomaron las calles coruñesas al grito de «Alcoa no se cierra». Fue solo el principio de una batalla con varios frentes -Alcoa, autonomías, Gobierno, sindicatos y trabajadores- que se desarrolló en diferentes reuniones a lo largo de 225 días.

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El primer escollo fue salvar la actitud impasible de Alcoa, que un mes antes de anunciar los cierres había asegurado que no tenía planes de ajustes en Avilés. El cambio de Gobierno pareció ayudarle a tomar la decisión definitiva. El 23 de octubre accedió a reunirse con el Ejecutivo y los sindicatos para explicar los motivos de los cierres y se mostró tan convencida de su decisión, que ya se empezó a hablar de tantear inversores. El comité europeo de Alcoa presentó una denuncia ante los tribunales holandeses para tratar de frenar la crisis. Nada hizo retroceder a la empresa que presentó el 31 de octubre el ERE ante la Dirección General de Trabajo.

La plantilla estalla. Se sentía engañada por la empresa y expresó su rabia e indignación en las calles de Avilés el 8 de noviembre, en una histórica movilización que contó con el apoyo de más de 50.000 personas. Ese día quedó grabado en la memoria de los trabajadores como fuente de energía cuando las fuerzas flaqueaban. Una de ellas, cuando el Gobierno dejó claro que no intervendría las plantas. Una propuesta que ahora se vuelve a poner sobre la mesa. Con esta puerta cerrada, la plantilla se concentró en ganar tiempo presionando por un lado, al Gobierno para que forzara a Alcoa a vender y por otro, a la empresa para que retirara el ERE. Sin embargo, la multinacional solo se mostró dispuesta a escuchar ofertas si, a cambio, se negociaban las condiciones de los despidos y aunque seguía negándose a sentarse en una mesa con el Gobierno, al que de hecho plantó en varias ocasiones, sí que amplió el plazo del ERE hasta dos veces dándole a los trabajadores un resquicio de aire para seguir luchando.

El 15 de enero era la nueva fecha límite. La ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció un viaje a Pittsburgh, EE UU, donde está la sede principal de Alcoa, para tratar de desbloquear la situación. Nunca llegó a ir y el inmobilismo de la multinacional continuaba ante la impotencia de la plantilla, que harta de los mensajes de «calma y tranquilidad» que lanzaba el Gobierno central decidió plantarse en Madrid ante el Ministerio de Industria. La marea amarilla tomó el Paseo de la Castellana al grito de «Maroto no nos vendas la moto» y «si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra». A los pocos días estos cánticos volvieron a resonar en Avilés en una nueva movilización justo antes de la reunión que cambiaría el curso del conflicto.

Seis meses y llegó Parter

Se sentaron a la mesa el 15 de enero por la tarde y el pulso duró hasta el amanecer del día 16. Cedieron todos, unos más que otros. La empresa amplió seis meses más el ERE para dar tiempo al Gobierno a encontrar un comprador y los trabajadores hipotecaron su trabajo. Si el 30 de junio no había un vendedor, Alcoa se quedaría con las plantas, pero solo operaría con la fundición y con apenas la mitad de la plantilla. El resto de trabajadores serían despedidos con una indemnización de 10.000 euros y 60 días por año sin límite de tiempo. Además, las series de electrólisis -las instalaciones donde se produce el aluminio primario- se apagarían y se mantendrían en condiciones óptimas de ser rearrancadas si aparecía un nuevo comprador. A cambio, el futuro inversor, debía asumir el 100% de la plantilla y mantener la actividad durante un mínimo de 24 meses.

La responsabilidad de encontrarlo corría a cargo del Gobierno y de las autonomías. Entre tanto, la ministra de Industria visitó Asturias y se reunió con los trabajadores de Alcoa. La plantilla solo logró arrancar el compromiso de que el Gobierno presentaría en cuestión de días un estatuto para abaratar los costes energéticos a las electrointensivas y facilitar la venta. El borrador se hizo esperar y cuando por fin llegó no cumplió las expectativas. Apenas tenía impacto real sobre la tarifa eléctrica, lo que desató el enfado de la gran industria y, además, la CNMC no le dio su visto bueno. Quedó en papel mojado y no se llegó a aprobar. El Gobierno en funciones prepara otro nuevo.

Mientras, las diferentes administraciones celebraban el baile de posibles compradores ante el desconcierto y la incredulidad de la plantilla. «Sin un precio de la energía competitivo, nadie nos va a comprar», reiteraban. Tras muchas reuniones entre las partes implicadas, de las ocho ofertas no vinculantes que se presentaron inicialmente solo quedaron dos: la de Quantum, que de primeras solo pujaba por la factoría de Avilés, y la de Parter Capital, que apostaba por las dos plantas e incluso planteaba la posibilidad de volver a arrancar las series de electrolisis si se rebajaba la factura eléctrica. Alcoa no tardó en elegir a su favorita. Parter era la ganadora, a pesar de que la plantilla avilesina y el Principado preferían al otro inversor, que trató sin éxito en el último momento entrar en la pugna presentando una oferta también por la de La Coruña. Los trabajadores, que se veían de nuevo abocados a un futuro incierto con el comprador elegido por Alcoa, emprendieron la 'Marcha del Aluminio' de Asturias a Madrid para exigir una solución al Gobierno, que daba por «cumplidos» sus compromisos. Medio millar de personas volvieron a tomar la Castellana. Al día siguiente, Industria, Alcoa, Parter y los trabajadores se reunían de nuevo en Madrid. Fue entonces cuando Alcoa anunció que no ejecutaría la venta sin que los trabajadores ratificaran el acuerdo de venta, cuyos términos aún hoy desconocen.

La plantilla se negó a pronunciarse «a ciegas» y sigue rechazando esa posibilidad. Además, algunos trabajadores, principalmente los de las series de electrolisis, sopesaban seriamente aceptar el plan social y oponerse a la venta, puesto que el fondo suizo solo les garantiza dos años de empleo y corren el riesgo de ser despedidos con unas condiciones peores a las pactadas con la aluminera. Sin embargo, en un nuevo giro de guion, Alcoa informó el viernes de que el fondo suizo tampoco cumple las garantías financieras. Quedaban solo 48 horas de plazo para iniciar los despidos. Se lograron ocho días de prórroga, ocho días más de lucha para una plantilla agotada, que no se fía de nada ni de nadie ,y que quiere apurar el plazo que permite el ERE, que se sitúa en el 31 de octubre. De nuevo se trata de ganar tiempo.