Podemos exige a Sánchez una partida para intervenir Alcoa si no llegan inversores

El acuerdo suscrito entre Alcoa y los representantes de los trabajadores, refrendado el lunes por las plantillas de las fábricas de Avilés y La Coruña, prorroga hasta el último día de junio la actividad laboral habitual en ambas plantas. Es el plazo que la multinacional estadounidense del aluminio da al Gobierno para que encuentre algún inversor que permita mantener la actividad en el futuro. Pasado ese plazo, si no se encuentran compradores, las fábricas cerrarán.

Desde el inicio del conflicto -Alcoa anunció los cierres el 17 de octubre-, no fueron pocos los que reclamaron la intervención de la compañía por parte del Estado. Los comités de empresa de ambas fábricas trasladaron esa posibilidad al Ministerio de Industria durante las reuniones que se mantuvieron, pero la respuesta desde el Ejecutivo siempre fue negativa. Es más, la ministra de Trabajo, Magdelena Valerio, llegó a decir en un acto en La Coruña en diciembre que se descartaba esa posible intervención «porque no estamos en un régimen comunista». Unas declaraciones que desataron un mar de críticas por parte de los sindicatos y partidos políticos.

Ahora es Unidos Podemos, que siempre defendió que el Estado asumiera el control de Alcoa, el que vuelve a la carga con la propuesta. Y lo hace con los presupuestos como principal baza. Según explicó ayer el diputado por Asturias de esta coalición, Segundo González, exigirán al Gobierno de Pedro Sánchez el compromiso de que en las partidas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) se incluya una provisión económica para proceder a la intervención de Alcoa si el 30 de junio no se encuentran inversores para las plantas avilesina coruñesa. «Ya veremos cómo debe contemplarse esa partida, bien de forma directa o bien vía enmienda parcial, pero exigiremos que se incluya para apoyar las cuentas», dijo el parlamentario allandés.

Según los cálculos de la formación morada, la reserva presupuestaria para hacer frente a una posible intervención del Estado debería ser de 150 millones de euros. No obstante, la cantidad de aprovisionamiento final dependerá de la conclusión de unos informes que está llevando a cabo la formación.

Con esta partida, afirma Segundo González, el Gobierno ya tendría una reserva de fondos que evitaría el cese de la actividad en el caso de que no lleguen los inversores.

El Ejecutivo central, según los acuerdos suscritos entre la empresa y sindicatos, se compromete a buscar inversores que se hagan cargo de las fábricas de Avilés y La Coruña. Para ello, agilizará la tramitación del estatuto de las grandes industrias electrointensivas que incluirá ventajas económicas y fiscales para las grandes consumidoras de energía.

El secretario general de Industria, Raúl Blanco, publicó ayer un mensaje en la cuenta de Twitter del ministerio en el que valoraba positivamente las votaciones de las plantillas de Alcoa en Avilés y en La Coruña, que el lunes respaldaron mayoritariamente el preacuerdo. «En el ministerio seguimos trabajando para garantizar las capacidades industriales y los puestos de trabajo en ambas plantas», añadió.