Trump confía en la Corte Suprema para poner a salvo sus gravámenes

Una especie de panacea, de bálsamo de Fierabrás, cuyo cuestionamiento ahora por el Tribunal de Apelaciones para el Circuito federal de Washington DC ha merecido la respuesta contundente del inquilino de la Casa Blanca. Poco después de hacerse pública la resolución, Trump atacaba a la corte tachándola de «altamente partidista» y advertía de que si la Justicia tumba definitivamente sus gravámenes, «sería un desastre total» para Estados Unidos. «Seríamos financieramente débiles y necesitamos ser fuertes», aseveró en su red Truth Social.

No obstante, al mandatario de queda un as en la manga. O al menos eso piensa él. Un Tribunal Supremo con mayoría republicana de seis a tres que tendrá la última palabra sobre los gravámenes, pues la Administración estadounidense ya ha decidido recurrir, como no podía ser de otra manera. Lo dijo ayer la fiscal general, Pam Bondi, quien prometió apelar un fallo que, desde su punto de vista, «socava a Estados Unidos en el escenario internacional e interfiere con el papel vital y constitucionalmente central del presidente en política exterior».

Ya antes que Bondi, el propio Trump había avanzado que lucharía por mantener las tasas aduaneras. «Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de Estados Unidos, los utilizaremos al servicio de nuestro país», añadió. En su opinión, el Tribunal de Apelaciones -que no hizo sino confirmar un fallo de un tribunal inferior- se pronunció «incorrectamente», «pero saben que Estados Unidos de América ganará al final», zanjó.

Resolución dividida

El fallo judicial, adoptado por un tribunal dividido con siete votos a favor y siete en contra, se refiere a los aranceles globales que no afectan a sectores específicos. Esto excluiría aquellos aplicados a sectores como la automoción, el acero, el aluminio o el cobre. Los ilegalizados serían los llamados por Trump gravámenes «recíprocos», esas tasas de entre el 10% y el 50% impuestas por la Casa Blanca a sus socios comerciales como una herramienta política de amplio alcance. También quedarían proscritos los aranceles a las importaciones de Canadá, México y China con la justificación de que no hacen lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo.

El Gobierno estadounidense se amparó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para implantar dichas tasas. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determina ahora que «la ley otorga al presidente una autoridad significativa para emprender una serie de aciones en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de gravar». Y aún más, el Tribunal de Comercio Internacional de EE UU ya había dictaminado previamente que no existía una situación «inusual y extraordinaria» que exigiese declara una «emergencia nacional», como había hecho Trump.

Una sentencia que, en caso de ser ratificada por el Supremo, no solo sembraría dudas sobre los acuerdos que la Administración estadounidense ha alcanzado con la Unión Europea y con otros socios comerciales, sino que abre la posibilidad de que las empresas damnificadas por estos aranceles reclamen su reembolso si finalmente se declara ilegales.