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Patronal y sindicatos urgen a los grupos municipales a acordar un presupuesto para 2018

Iván Villar

Gijón

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Miércoles, 13 de diciembre 2017, 15:16

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Patronal y sindicatos defendieron esta mañana la necesidad de que Ayuntamiento de Gijón y Principado eviten la prórroga presupuestaria en 2018, especialmente para poder cumplir con la financiación de los diferentes programas de desarrollo económico y empleo que vienen recogidos en el acuerdo de concertación social Gijón Crece 2016-2019. «Un acuerdo como el de Gijón da, sobre todo estabilidad, que es lo que necesitan las empresas para poder contratar, crecer, exportar... Pero nada de lo pactado se puede llevar adelante sin dinero. Por eso necesitamos que haya presupuestos en la ciudad y en la comunidad autónoma. Hagan lo que sea, pero aprúebenlos por favor», pidió a las formaciones políticas la vocal de la junta directiva de la Federación Asturiana de Empresarios y gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno.

En una línea similar se manifestó el secretario general de la unión comarcal de CC OO de Gijón, Víctor Manuel Roza, quien señaló que «la concertación no va a solucionar los problemas de desempleo que tiene la ciudad, pero sí ayuda a paliarlos», por lo que instó a los grupos municipales a «dejar de jugar con los intereses de los ciudadanos por sus intereses políticos y permitir que los presupuestos salgan adelante. Lo necesitamos por todos los medios». Su homólogo en UGT, Fernando Díaz Arnaiz, también defendió la importancia de contar con presupuestos municipales y autonómicos, si bien matizó que aprobarlos «es responsabilidad de los respectivos gobiernos». En el caso concreto de Gijón indicó que si Foro es consciente de que necesita lograr un determinado número de apoyos de los grupos de la oposición para poder sacarlos adelante, «tendrá que ser sensible a las peticiones que le plantean».

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La concejala de Hacienda, Ana Braña, compartió esta preocupación y aseguró que «en eso estamos». Definió las cuentas municipales como «la principal herramienta para que la ciudad funcione», aunque quiso quitar hierro a los efectos que tendría una posible prórroga confiando en que «sea cual sea el escenario» tanto el gobierno municipal como los grupos de la oposición pondrán por delante la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos con los agentes sociales en el pacto Gijón Crece.

Estas declaraciones se realizaron durante un desayuno de trabajo organizado por EL COMERCIO para debatir sobre el valor que tienen los acuerdos de concertación social en el desarrollo local. Ana Braña señaló cómo, pese a no tener competencias propias en materias como el empleo, es importante que ayuntamientos con recursos, como el de Gijón, “estén ahí para dar una solución, porque es la administración más cercana a la que acuden los ciudadanos y quien mejor conoce la situación de su territorio. E indicó que pese a los problemas que se han derivado de algunos programas, como las sentencias relacionadas con los planes de empleo, «intentamos complementar las políticas de las otras administraciones coordinándonos con ellas y hacerlo de la mejor manera posible». Destacó además el carácter «dinámico» del acuerdo a cuatro años con patronal y sindicatos, y el continuo seguimiento sobre su ejecución, «que permite que cuando hay iniciativas que no responden a las expectativas se puedan redibujar, porque estamos en un espacio deliberativo y flexible, en el que no hay decisiones inamovibles».

Carmen Moreno resaltó que «la concertación no es un pacto para repartir dinero» e indicó cómo incluye cuestiones relacionadas con la igualdad o la responsabilidad social corporativa. «La sociedad le está exigiendo cada vez más a las empresas que sean respetuosas con su entorno y en Asturias lo son. Y se nota especialmente en las pequeñas empresas, que están más pegadas al territorio. Debemos seguir avanzando por ahí, pero sin más imposiciones que el cumplimiento de la ley», indicó. Fernando Díaz recordó que el acuerdo también contempla cuestiones relacionadas con una mayor sensibilización en la prevención de riesgos laborales y medidas de conciliación laboral y familiar como el programa 11x12, que facilita la apertura de colegios fuera del horario escolar y al que, no obstante, pidió dar «alguna vuelta porque la situación social es diferente a cuando se puso en marcha».

Todos coincidieron en destacar como principal novedad del acuerdo firmado hace año y medio el plan de colaboración público-privada por el cual el Ayuntamiento contribuirá a la selección y formación de personas en puestos de difícil ocupación, para que después parte de sus beneficiarios disfruten de contratos de al menos un año en empresas privadas. Carmen Moreno agradeció a los sindicatos «su valentía de apoyar este proyecto a sabiendas de que no era fácil de explicar en sus entornos».

Para conocer el grado de cumplimiento de los diferentes programas del pacto será necesario esperar aún hasta abril, si bien Carmen Moreno lamentó «lo difícil que es ejecutar cualquier actuación en el sector público. Acostumbrados a la empresa privada, donde uno toma decisiones y las lleva a cabo con celeridad, también con control, transparencia y criterio, en la administración es más complicado». Se refirió entre otros problemas a «los controles del Gobierno central que al final llevan a la no ejecución solo para ahorrar. Vamos de frustración en frustración». Víctor Manuel Roza, por su parte, reclamó «más implicación de la parte política» con el acuerdo de concertación. «No me refiero al equipo de gobierno, que no tiene más remedio que participar en las reuniones prácticamente cada mes, sino a la parte política en general. Deben reunirse un poco más con los agentes de la concertación, para poder explicarles claramente lo que se está haciendo». Más allá de reuniones por separado de sindicatos o patronal con cada grupo político, reclamó «una reunión de la concertación como tal», en el que todas las partes -agentes sociales, gobierno y oposición- estén presentes.

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