La alcaldesa se reunirá el próximo viernes con la Sareb para evitar los desalojos de Contrueces

«Me alegra la rápida respuesta por parte del presidente de la Sareb y que hayan aceptado la reunión que les solicité, reflejo de que el Gobierno central está al corriente de esta situación y dispuesto a buscar soluciones». Así se manifestó ayer la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, con vistas a la reunión que mantendrá el próximo viernes, 28 de febrero, con el presidente de la Sareb, Javier Torres, y el director de Saneamiento Jurídico y Seguridad del denominado 'banco malo', José María Sanjuan.

Ahora mismo hay una vía de comunicación abierta y disposición de colaborar con estas familias y con Vipasa, como mediador con las familias, con el objetivo de que faciliten a la Sareb la información necesaria para poder valorar su situación socioeconómica y, si resultasen evaluados como vulnerables, pudieran acceder a un alquiler social con acompañamiento social.

No obstante, el consejero delegado de la Sareb, Leopoldo Puig, insiste en la misiva de contestación a Moriyón que «si las familias no colaboran o no son vulnerables, se continuará con el proceso de recuperación judicial del edificio y su posterior venta para la liquidación de deuda pública según establece su mandato de liquidación».

Al respecto, añadió Puig: «Quince familias han decidido no colaborar con la Sareb, por lo que ha sido imposible contactar con ellos y posibilitar que acrediten la realidad de su situación. No es hasta que avanza el proceso judicial para recuperar el activo cuando las familias manifiestan a través de los medios de comunicación o al Ayuntamiento su disconformidad con nuestra actuación. En cambio, cuatro han firmado un contrato de alquiler social o están ultimando el proceso».

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana; el director general de Vivienda del Principado, Daniel Sánchez, el diputado de Sumar en el Congreso, Rafael Cofiño, y el portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, mantuvieron ayer un encuentro con los afectados para sumarse a la exigencia de evitar los desahucios y «estas prácticas usadas por la Sareb que son más propias de un fondo buitre».