La Sindicatura insta al Ayuntamiento de Gijón a poner fin a las primas a los funcionarios que se jubilan por ser ilegales

El trabajo analiza lo sucedido en 2022, cuando el consistorio desembolsó 354.736 euros a 38 funcionarios, mientras que la Fundación Municipal de Servicios Sociales pagó 5.500 a un trabajador laboral. Según aclara ahora la Sindicatura, «de conformidad con la jurisprudencia contencioso-administrativa del Tribunal Supremo existente en el ejercicio fiscalizado, las gratificaciones por jubilación, cualquiera que sea su denominación, previstas para los funcionarios en los acuerdos de condiciones de trabajo de los empleados públicos, carecen de fundamento legal» y vulneran determinados artículos de la Ley de Bases del Régimen Local. El motivo es que «solo puede retribuirse a los funcionarios por los conceptos previstos en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público».

Por este motivo la Sindicatura insta al Ayuntamiento a «regularizar» la situación e «inaplicar y eliminar las previsiones que sobre la materia» figuran en sus acuerdos reguladores de la plantilla, «por resultar contrarias a derecho con la finalidad de suprimir el abono de estas compensaciones económicas a su personal funcionario». Es decir, se pide dejar de pagar dicho premio en adelante y erradicarlo de la normativa interna del consistorio. Sobre los abonados en 2022, considera el ente fiscalizador que incurrieron en un «vicio susceptible de provocar su anulación», por lo que urge a iniciar el procedimiento de revisión, que podría derivar en el reintegro de las cantidades abonadas.

En lo tocante al personal laboral, la cuestión aún admite controversia. Hay sentencias de tribunales a favor y en contra, por lo que la Sindicatura aconseja «prudente aplazar el abono» de esas primas a la espera de que el Tribunal Supremo termine de asentar doctrina sobre la materia.