El Ayuntamiento de Gijón teme una caída de ingresos «muy importante; la situación es mala para todos»

El 1 de enero, el equipo de gobierno local inició el año con la ilusión de quien estrena su primer presupuesto. Las cuentas autorizaban un gasto total de 223 millones, en la confianza de que los impuestos, tasas y demás ingresos acabarían compensando el desembolso al aportar un caudal de 610.958 euros diarios. Aquello fue antes de que la covid lo cambiara todo.

«La reducción de ingresos va a ser muy importante», asumió ayer la concejal de Hacienda, Marina Pineda. «No lo tenemos aún cerrado pero la situación es muy mala para todos, los ciudadanos y las empresas. Si la actividad económica se reduce hay caída de ingresos», argumentó. Pese a esa presión, el equipo de gobierno local sigue la línea del Ejecutivo de Pedro Sánchez y prefiere lidiar con el déficit a equilibrar las cuentas incrementando la carga fiscal.

Para ello, ayer aprobó una propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales «de mínimos», según presentó Pineda. Si las del curso pasado se detallan en 405 páginas, estas necesitan apenas 48 para introducir cambios «como consecuencia, en unos casos, de la simplificación de trámites, interpretaciones derivadas de su aplicación y en otros, de la adaptación a modificaciones legislativas durante el presente ejercicio», según recoge el texto.

El borrador que se propone a la oposición mantiene el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como está, esto es, con un gravamen del 0,45% tanto en zona urbana como rústica, y del 0,79% a los inmuebles de «características especiales», epígrafe para autopistas, puertos y centrales. Gracias a esta carga, el Consistorio contaba este año con asegurarse 67,2 millones, lo que cubría el 30% de sus necesidades. La novedad es que «se propone la supresión este año del recargo sobre el IBI diferenciado», indicó Pineda. Este concepto aplicaba un 0,79% a almacenes, comercios, oficinas, lugares de ocio y hostelería con un valor catastral que supere el millón de euros.

«El cálculo que teníamos hecho era el de ingresar por ese IBI unos 1,8 millones de 155 inmuebles, pero se deja en suspenso», indicó. La decisión se toma «en atención a la situación de las empresas por la pandemia; creemos que no es oportuno y lo posponemos al menos hasta 2022». Es un sacrificio, dentro de un contexto en el que «la reducción de ingresos va a ser muy superior» a esos 1,8 millones, avanzó.

Hay otras «modificaciones, pequeños retoques técnicos», en palabras de Pineda. El Patronato Municipal «incorpora algunas actividades nuevas y acota más las tasas por utilización de las instalaciones». Entre esas novedades están las clases de orientación, en las que se facilita un mapa y una brújula y se insta a los participantes a localizar determinados elementos; su precio será de 7,5 euros por sesión. Ocurre lo mismo con el bautismo de buceo, que se organiza en turnos de tres horas y por los que se cobrará 36 euros.

Otro cambio pasa por incorporar la apertura de zanjas entre los supuestos vinculados a la presentación de declaración responsable. Las líneas eléctricas subterráneas se añaden a las tasas por utilización del dominio público, lo que harán abonando tarifas anuales de entre 2,3 y 2,46 euros por metro lineal.

También se modifican las ordenanzas que regulan las prestacones de la empresa de aguas y limpiezas (EMA y Emulsa) para que cuando tengan una deuda puedan acudir a la vía de apremio para exigirla. Estar fuera de ella «dificultaba mucho el cobro de impagos».