El Ayuntamiento de Gijón iniciará los estudios para poner más cámaras en la zona rural e insta a los vecinos a denunciar todos los robos
La concejala de Seguridad Ciudadana recuerda que la obtención de los permisos va vinculada a los datos sobre criminalidad y anuncia que, mientras tanto, la Policía Local patrullará junto a la Guardia Civil, también con el dron
"Si no hay denuncia, no hay delito. Y sin delitos no se reúnirían las condiciones para que nos autoricen la instalación de nuevas cámaras». ... Fue uno de los mensajes que trasladó el Ayuntamiento a los vecinos de la zona rural en el marco de una reunión con el presidente de la federación Les Caseríes y los líderes vecinales de Serín, Monteana, Poago, Cenero y San Andrés de los Tacones ante la preocupación de las parroquias del oeste del concejo por el aumento de robos y entradas a viviendas registrado en los últimos dos meses. Los concejales de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, e Infraestructuras, Gilberto Villoria, se comprometieron a iniciar los trámites necesarios para solicitar la ampliación a esta parte de Gijón de la red de videovigilancia que ya funciona desde hace semanas en diez parroquias, aunque recordaron que la concesión de los oportunos permisos por parte de la Delegación del Gobierno va vinculada a la existencia de estadísticas oficiales que lo justifiquen. Y es que, aunque el coste de instalación correría a cargo del Ayuntamiento, el uso de este tipo de dispositivos entra en colisión con derechos fundamentales protegidos por el Estado, que tiene la última palabra para permitirlo o denegarlo, una decisión que basa en los datos que existan sobre criminalidad en ese determinado lugar.
El primer paso será solicitar a la Guardia Civil, como cuerpo competente en materia de seguridad en la zona rural, un informe sobre el número de robos registrados en los últimos tres años. En base al mismo, correspondería a continuación a la Policía Local elaborar un estudio de idoneidad al que debería seguir un informe técnico externo que precise el número de cámaras que se consideran necesarias y su ubicación precisa. Sería con él en la mano cuando se podría solicitar finalmente la oportuna autorización de la Delegación del Gobierno para la instalación de los dispositivos. El Ayuntamiento remarcó no obstante que todo este proceso dependerá de que los datos del histórico que aporte la Guardia Civil alcancen un mínimo que justifique legalmente esta medida.
El promedio de tres años
La concejala Nuria Bravo incidió en que «todo lo que no haya sido denunciado, no existe para esas estadísticas» y recordó que «esta ha sido históricamente una zona tranquila en lo que respecta a este tipo de delitos», por lo que al tenerse en cuenta el acumulado de los últimos tres años «cabe la posibilidad de que las cámaras no sean autorizadas». En este sentido, indicó que «necesitamos que los vecinos denuncien todos los casos que haya», lo que permitiría alcanzar índices que sí garanticen la concesión de la pretendida autorización para instalar nuevas cámaras en las parroquias afectadas. Ante la incomodidad que pueda suponer tener que desplazarse hasta las dependencias de la Guardia Civil, el concejal Gilberto Villoria añadió que el Instituto Armado prevé organizar una charla en la zona para explicar cómo pueden presentarse también denuncias por vía telemática a través de certificado digital.
Mientras se dilucida la viabilidad de instalar esas cámaras, «que llevará su tiempo», el Ayuntamiento reforzará de manera inmediata la seguridad en la zona con una patrulla de la Policía Local que sirva de apoyo al trabajo que realiza en la zona la Guardia Civil. Y a ello se sumará la realización de vuelos de vigilancia con el dron municipal, «que a fin de cuentas es una cámara móvil». «Estamos plenamente comprometidos con los vecinos de la zona rural y no vamos a escatimar esfuerzos a la hora de garantizar su tranquilidad y seguridad», remarcó Bravo. Y añadió que desde el refuerzo del control realizado ya por la Benemérita –presente también en el encuentro con los vecinos a través del teniente adjunto de Gijón, Javier Méndez– «este problema en principio se ha estabilizado y esperemos que en breve desaparezca».
El presidente de la federación rural Les Caseríes, Miguel Llanos, coincidió en que el fenómeno «ya ha disminuido algo» y destacó que «la Guardia Civil ya tiene más o menos identificado a un grupo de los que están actuando». Destacó la importancia del refuerzo de efectivos y se sumó a la petición municipal de «denunciar» para tener una estadística oficial más ajustada al número real de casos, así como «avisar a cualquier cuerpo policial cuando detecten algo raro». Y si bien asumió que la instalación de las cámaras podría demorarse en el tiempo, remarcó que «cuando antes se inicie el proceso, antes las podrán tener».
Destrozos en las viviendas
El presidente vecinal de Poago, José Berdayes, destacó la importancia de la presencia policial «como elemento disuasorio» y consideró que un problema que podrían tener las cámaras es que «con tantas entradas y salidas que hay en la parroquia, puede ser incontrolable». Añadió que, además de los robos en sí, «el problema son los destrozos que hacen en las viviendas».
Consuelo González, presidenta vecinal de Cenero, señala que en su parroquia constan dos robos «que no se denunciaron» y aboga por «recuperar una patrulla permanente de la Guardia Civil como había antes y que veíamos pasar todas las semanas». La vicepresidenta vecinal de San Andrés de los Tacones, María Luisa Muñiz, apunta que en su parroquia aún no constan asaltos a viviendas, «pero sí están en las del lado, y cuando veas las barbas de tu vecino pelar...». Y ve necesario «tomar cartas en el asunto, porque aunque igual en nuestras casas no hay collares de diamantes, sí hay cosas que a nosotros nos cuestan tanto como eso».
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